Estados Unidos prohíbe ingreso de Gustavo Alejos y su familia por señalamientos de corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió el ingreso al empresario y exfuncionario guatemalteco, Gustavo Alejos, y su familia, por señalamientos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom.

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Gustavo Alejos durante una audencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).
Gustavo Alejos durante una audencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

“En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del expresidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”, señala Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en un comunicado.

“Además del Sr. Alejos, el Departamento designa públicamente a su esposa, Beatriz Jansa Bianchi; su hijo, José Javier Alejos Jansa; su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa; y su hija menor”, añade.

Pompeo afirma que “esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala”.

Alejos Cámbara permanece en prisión preventiva por el caso de financiamiento electoral no registrado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y es investigado en el caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual supuestamente manipuló el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones.

“No afecta la situación al señor Alejos”

Ranferi Díaz Menchú, abogado defensor de Gustavo Alejos, explicó que hasta el momento no han recibido alguna notificación de las autoridades de Estados Unidos por prohibición de ingreso o sobre sus relaciones financieras con ese país.

“El señor Alejos tiene ocho años de no salir del país y su familia se ha militado a abandonar la República de Guatemala, y esa es la razón por la que en los procesos en los que se encuentra ligado ha obtenido medidas sustitutivas, porque ha demostrado el arraigo en el país”, argumentó Díaz Menchú.

El abogado expuso que “la decisión que toma el gobierno de Estados Unidos está dentro de las facultades que a ellos les asisten y consideramos que no afectan la situación actual, porque -Alejos- no ha salido durante ocho años del país”.

Recordó además que ha habido momentos en los que Alejos “estuvo libre y no salió del país”.

Díaz Menchú dijo que tendrán una reunión con la familia Alejos para analizar la decisión del gobierno estadounidense.

En la actualidad Alejos mantiene medida sustitutiva en el caso Negociantes de la Salud, mientras que en el de Cooptación del Estado, donde quedó ligado a proceso judicial, también mantiene medida.

En el caso Transurbano de igual manera tiene una medida sustitutiva, en Financiamiento Electoral UNE goza de otra sustitutiva, y en el caso Red de Poder y Corrupción mantiene prisión preventiva al quedar ligado a proceso penal, acción que impugnó.

“Es un mensaje”

La decisión de Estados Unidos, dada a conocer este lunes, de prohibir el ingreso a su territorio a Alejos Cámbara significa el “veto comercial y financiero” de uno de los operadores políticos más controvertidos de la última década.

Así lo expuso Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien considera que el mensaje es muy claro al señalar que “está involucrado en procesos de tan alta gravedad que son de trascendencia transnacional, lo que obliga a las autoridades de Estados Unidos ha imponer esas medidas”.

El Departamento de Estado del referido país prohibió el ingreso al empresario y exfuncionario guatemalteco por señalamientos de corrupción en el Gobierno de Álvaro Colom.

La decisión se da en un momento en el que Alejos es sospechoso, según un informe circunstanciado con base en investigaciones efectuadas por el Ministerio Público (MP), de buscar influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

El mensaje del Departamento de Estado, según Sandoval, es que “el fenómeno de la corrupción, pese a la crisis sanitaria -por coronavirus-, es un tema que no debe desaparecer del mapa; por el contrario, las personas que se dedican a la corrupción aprovechan los estados de Calamidad para enriquecerse”.

El jefe de la Feci define a Alejos como “una persona vinculada en muchos de los casos de corrupción, y muchos de los ataques que recibe la Feci se acentúan cuando se hacen diligencias relacionadas con él”.

Los ataques son por medio de redes sociales y campañas de desprestigio, agregó.

Historial de corrupción

Negociantes de la Salud

El caso Negociantes de la Salud fue expuesto el 27 de octubre de 2015 justo cuando el gobierno del cancelado Partido Patriota gobernaba el país.

En este caso Gustavo Alejos es señalado por el MP y la Cicig de haber dirigido una red de corrupción de proveedores de medicinas que junto a funcionarios y particulares ajustaban compras en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Según el MP y la Cicig, Alejos, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos, quien fungió como secretario de la Presidencia de Álvaro Colom, es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura, por lo que fue sindicado de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

Cooptación del Estado

En el caso Cooptación del Estado Gutavo Alejos está ligado a proceso penal por ser señalado entre empresarios que según las pesquisas del MP fueron financistas del cancelado Partido Patriota y luego se beneficiaron con contratos durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

La Feci presentó el caso el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivan de la información incautada en el caso La Línea, un año antes, por el que ya esperan debate el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La investigación adelantada, derivado del trabajo de investigadores financieros, develó un complejo esquema que detallaba una maquinaria de lavado de activos, meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota (PP) del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.

Transurbano

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) plantearon la investigación en la judicatura explicando que durante 2008 y 2009 integrantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la administración del presidente Álvaro Colom. Alejos era el secretario privado del exmandatario.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009, inclusive.

Las pesquisas se remontan a 2008 cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de Q270 millones.

Financiamiento Electoral UNE

En este caso Gustavo Alejos Alejos es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de haber aportado Q500 mil por medio de un cheque en mayo de 2015 a la campaña electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza cuando Sandra Torres fue la presidenciable.

La investigación del MP y la Cicig señala que la campaña presidencial de la UNE en el 2015 habría recibido fondos de los cobros ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal realizados por Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en ese año y ahora es prófugo por este caso y por el de Traficantes de Influencias.

En el caso la Feci presentó una escucha telefónica donde Torres habla con Alejos sobre el dinero que financistas podrían aportar para su campaña.

La detección de estas pláticas entre Alejos y Torres fue posible porque las intercepciones telefónicas estaban autorizadas para el seguimiento de Alejos y Leal Castillo por los casos Negociantes de la Salud y Traficantes de Influencias.

Según el expediente Torres conocía las labores de recaudación de fondos realizadas por Alejos y Leal, tanto del dinero captado como del aporte en especie para la campaña, además coordinó con Alejos el uso de helicópteros prestados por el empresario para los traslados de la candidata.

Red de Poder y Corrupción

En este caso denominado Red de poder, Corrupción y Lavado de dinero, el empresario José Mynor Palacios Guerra, cofundador de la empresa Sigma Constructores S.A., declaró como testigo protegido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

El relato de Palacios Guerra revela cómo Gustavo Alejos, uno de los sindicados del caso, le pidió soborno para agilizar los pagos que tenía pendientes por las obras adjudicadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El MP informó que exfuncionarios, constructores y abogados habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para hacerse de contratos millonarios u obtener el pago de deuda.

De acuerdo con la investigación, en esta red habrían participado Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía.

Comisiones Paralelas 2020

Jueces, aspirantes a magistrados judiciales, dos diputadas, una exdiputada, exfuncionarios, entre otras personas, se reunieron con Gustavo Alejos en el marco de la elección de magistrados a cortes de Apelaciones y CSJ, en el nuevo caso denominado Comisiones paralelas 2020: control político y judicial en manos de un privado de libertad.

La Feci expuso que las reuniones fueron entre el 12 y el 16 de febrero, en una casa -11 avenida 7-04, colonia Ciudad Nueva, zona 2 capitalina- que debe funcionar como anexo del sanatorio privado Ciudad Nueva -11 avenida 7-21 zona 2- donde Alejos debía estar internado.

Para eso Alejos evadió la medida que le permitía estar en un hospital cercano a esa casa y por lo cual fue capturado este 18 de febrero. En videos se le puede ver entrando y saliendo de la casa sin custodia del Sistema Penitenciario, como ameritaba para el tipo de condición judicial que entonces tenía.

El MP cuenta con videos y fotos que muestra cómo cada una de esas personas se estacionaban cerca y entraban a la casa.