Los fiscales federales de EE. UU. alegan que Sosa ayudó en la masacre y mintió al respecto en su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si lo declaran culpable, enfrentará un máximo de 15 años de prisión y la pérdida de ese beneficio.
En español, con la ayuda de un intérprete, Jordán lloró cuando relató al tribunal que mientras llevaba a un niño pequeño al pozo, para que lo mataran, Sosa le dijo que esa era “una labor para un hombre”.
Sosa, que era superior de Jordán pero no era el militar de mayor graduación en el lugar, disparó dentro del pozo y lanzó una granada mientras las víctimas gritaban, según el testigo, quien agregó que la matanza se prolongó durante todo el día.
El proceso
En las primeras declaraciones oficiales, el martes último, la fiscal federal adjunta, Jeannie Joseph, dijo a los miembros del jurado que Sosa iba en una patrulla que descendió en el poblado de Dos Erres, en busca de armas robadas, y decidieron matar a todos los vecinos después de que soldados violaron a mujeres y niños.
Sosa solicitó asilo en EE. UU. en 1985, alegando que la guerrilla guatemalteca lo perseguía. El beneficio le fue negado, por lo que se mudó a Canadá. Después regresó a EE. UU., donde se casó con una ciudadana de ese país, con lo que recibió la residencia permanente y la ciudadanía, luego de haber llenado la solicitud, en el 2007.
Los fiscales alegan que Sosa, que en un momento residió en el condado de Riverside, ocultó que tuvo participación en las fuerzas armadas de Guatemala y en la masacre cuando le preguntaron durante la solicitud de ciudadanía sobre sus afiliaciones anteriores y si había cometido algún delito.
El exmilitar es acusado de haber proporcionado una declaración falsa y obtenido la ciudadanía en forma ilegal.
El abogado defensor de Sosa, Shashi Kewalramani, aseguró que su cliente sí informó sobre su participación en las fuerzas armadas cuando solicitó asilo en 1985, y aunque algunas de las pruebas del caso son horribles, no se trata de eso, pues ese no es un tribunal de crímenes de guerra.
