Exministro de Salud Carlos Soto será procesado por tráfico de influencias

Juez descarta la sindicación por el delito de abuso de autoridad.

Carlos Soto Menegazzo, exministro de Salud. (Foto Prensa Libre: Byron García)
Carlos Soto Menegazzo, exministro de Salud. (Foto Prensa Libre: Byron García)

El exministro de Salud, Carlos Soto Menegazzo, quien se entregó este 26 de febrero, fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias.

Así lo resolvió este 26 de febrero Mynor Moto, juez Tercero Penal, quien declaró la falta de mérito por abuso de autoridad. Asimismo, Soto quedó en arresto domiciliario, arraigo y debe presentarse cada 15 días al Ministerio Público (MP) para un registro biométrico.

El caso está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, la cual, el 15 de febrero, allanó la vivienda del exministro para capturarlo, pero sin éxito.

Soto Menegazzo fue ministro de Salud del gobierno de Jimmy Morales y durante su gestión enfrentó un proceso de antejuicio por este caso, el cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).

Antecedentes

El 8 de febrero del 2019, la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del exministro de Salud Carlos Soto por dos delitos: abuso de autoridad y tráfico de influencias, en un caso en el que intentó imponer a un médico en el Hospital Regional de Nebaj, en Quiché, y al no lograrlo destituyó a la directora del centro, Miriam Segura.

El Ministerio Público (MP) indicó que el caso surgió a partir de la denuncia de la doctora Segura contra Soto, el 16 de enero de 2018. Ella señaló que el ministro le habló y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, quien es hermano de Pedro Raymundo, exalcalde de Nebaj.

La denuncia también señala que Pedro Raymundo tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

El 20 de febrero del 2019, una CSJ, dividida, rechazó el retiro de antejuicio; sin embargo, a principios de junio del 2019, la Corte de Constitucional amparó al MP y dejó en suspenso la decisión de la CSJ.