Fiscalía plantea beneficios a cuatro colaboradores en el caso Construcción y Corrupción

Ante la jueza Erika Aifán comparecieron Jaime Ramón Aparicio Mejía, Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso -exsecretaria del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi-, Juan Arturo Jegerlehner Morales y Carlos Francisco Goyzueta Valladares. Después de cuatro horas de alegatos fue rechazado el beneficio para uno de ellos por un error en el año de los hechos.

Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso -exsecretaria del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi-, Juan Arturo Jegerlehner Morales y Carlos Francisco Goyzueta Valladares. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)
Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso -exsecretaria del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi-, Juan Arturo Jegerlehner Morales y Carlos Francisco Goyzueta Valladares. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

En el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, inició la audiencia de aplicación de beneficios por colaboración eficaz y juicios abreviados. Los casos fueron aceptados para tres procesados y solo para Aparicio fue rechazado debido a un error en el año del hecho.

La audiencia fue solicitada a comienzos de este año, pero por la agenda de Aifán se había atrasado.

El fiscal Carlos Videz explicó las penas mínimas y los beneficios para los procesados que aportaron detalles acerca de la forma en que Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cobraba sobornos a los empresarios constructores para agilizar el pago de las obras realizadas.

La petición a favor de Herrera Monterroso es la aplicación de criterio de oportunidad por asociación ilícita y el pago de Q25 mil a dos entidades de beneficiencia. Por lavado de dinero u otros activos la pena de tres años de prisión y Q200 mil de multa.

Jegerlehner Morales, el concuño de Sinibaldi, escuchó el beneficio que plantea el Ministerio Público (MP) por asociación ilícita: criterio de oportunidad por asociación ilícita y el pago de Q50 mil a dos entidades de beneficiencia. Además, la suspensión condicional de la persecución penal por el delito de obstaculización a la acción penal.

El fiscal Videz recordó que Jegerlehner ya aceptó la culpa por el delito de lavado de dinero u otros activos y fue condenado a tres años de prisión con la suspensión de la pena.

A favor de Goyzueta Valladares solicitó la suspensión condicional de la pena por tenencia ilegal de armas de fuego y criterio de oportunidad por tenencia ilegal y uso de armas bélicas o de uso del Ejército. Además, el pago de Q10 mil a cuatro instituciones de beneficiencia. Por lavado de dinero u otros activos fue planteado tres años de prisión en juicio abreviado y el pago de Q340 mil de multa.

Los acusados comparecieron a la sala de audiencias junto con sus abogados y aceptaron los hechos relacionados con blanqueo de capitales de Sinibaldi.

Jueza nota equivocación

Cuando el fiscal se pronunció por los beneficios para Aparicio Mejía en relación a ser condenado en juicio abreviado a cinco años de prisión por cohecho activo y el pago de Q500 mil de multa, Aifán notó un error en el año.

Los hechos que explicó Videz se relacionan con 2013, aunque Aifán recordó que la conducta que se le reprocha al procesado Aparicio Mejía es de 2012.

Emplaza al MP

Al notar la equivocación en el año por los hechos en que estuvo involucrado Aparicio Mejía, Aifán emplazó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para en en tres días presente acusación que incluya los indicios para que se discuta si debe enfrentar un debate.

El abogado Juan Guevara se le notó molesto por la decisión de Aifán, aunque en un evento procesal no se puede retrotraer alguna etapa, entonces, el Ministerio Público (MP) debe presentar acusación contra Aparicio Mejía y el plazo vence el próximo viernes a las 14 horas.

La decisión de los otros tres procesados se discutirá el próximo mes, indicó Aifán.

El caso

Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

La investigación

Videz indicó a que la investigación señala a Sinibaldi como cabecilla de la estructura. “La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: Negocios del Micivi, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia”, dijo.

Las empresas Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.

Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.

 

 

 

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