La discusión de la audiencia de etapa intermedia, en la que al final se decide si hay indicios suficientes para abrir un juicio, de 15 procesados por financiamiento electoral ilícito en el Juzgado de Mayor Riesgo B deberá esperar hasta que todos los sindicados estén notificados. El juez Gálvez explicó que para avanzar en el denominado caso Cooptación del Estado de Guatemala solo citó a 15 empresarios.

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Como la investigación tiene a 75 implicados, la fiscal Leslie Rosales recordó que para evitar una impugnación del proceso se debía informar a los demás procesados, así como a sus abogados, que el acto conclusivo iba a iniciar para un grupo.

Gálvez informó en la sala de audiencias del piso 14 de la Torre de Tribunales que había decidido empezar con 15 procesados para avanzar en el caso que se conoció en junio de 2016.

“Veo que tienen cara que van a interponer alguna acción”, refirió Gálvez y suspendió la audiencia.

Mañana será el segundo intento de arrancar la audiencia con los 15 procesados.

Señalados

1. Alberto Rafael de León Escobar
2. Alvaro Mayorga Girón
3. Julio Alejandro Quinto Tobar
4. Ana Graciela López Gálvez
5. Marco Antonio Recinos Sandoval
6. Denis Leonel Linares Juárez
7. Boris Alberto Linares Juárez
8. Max Roberto Burgos Faillace
9. Juan Luis Ortiz Álvarez
10. Jack Irving Cohen Cohen
11. Denis Benjamín González Zepeda
12. Edna Maribel Berganza Colindres
13. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara
14. Boris Orlando Navas Aguilar
15. Adolfo Fernando Peña Pérez

El caso

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivan de la información incautada en el caso La Línea, un año antes, por el que ya esperan debate el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La investigación adelantada, derivado del trabajo de investigadores financieros, develó un complejo esquema que detallaba una maquinaria de lavado de activos, meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota (PP) del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del PP, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015), señala el expediente.

Esto llevó a las autoridades a la conclusión de que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.

En el caso del financiamiento electoral no registrado, a la estructura criminal del PP se Ie hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo, según el Ministerio Público y la Cicig.

Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del referido partido les indicaban, a sabiendas de que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón, indican las pesquisas.

Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear como el “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repitió constantemente, de acuerdo con la investigación.

La audiencia se suspende debido a que el @MPguatemala pide que se notifiquen a todos los implicados y abogados en este caso. pic.twitter.com/ynJFpCcuvx

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 7, 2019

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