Impunidad y redes ilícitas, informe de Cicig advierte influencia sobre la justicia

Reporte advierte sobre la influencia de actores políticos en la elección de las autoridades de justicia y ejemplifica alianzas entre actores políticos y grupos ilícitos con casos paradigmáticos de impunidad en el país.

El ensayo Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala detalla, entre otros casos, la estructura criminal del Partido Patriota con casos judicializados (Foto Prensa Libre: Cicig)
El ensayo Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala detalla, entre otros casos, la estructura criminal del Partido Patriota con casos judicializados (Foto Prensa Libre: Cicig)

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó hoy, 6 de agosto, en alianza con la Fundación Myrna Mack y el Hernich Böll Stiftung, el informe Impunidad y redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala. El ensayo, a cargo del investigador Harald Waxenecker, resalta la continuidad histórica de las redes ilícitas y su influencia en la justicia a través de actores políticos.

“Una de las características de las redes ilícitas es la capacidad de producción de la impunidad”, señaló Waxenecker durante la presentación de su informe. Uno de los principales eslabones en la búsqueda de la impunidad es el control de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, refirió el experto.

Entre los casos analizados en el estudio se encuentra el nombramiento de la CSJ y Salas de Apelaciones, que en el caso de Guatemala parte de un proceso de comisiones de postulación, con representantes gremiales, y concluye con la elección por parte del Congreso de la República.

“Al menos 47 diputados y diputadas que han votado por el pacto en 2014 (la elección de las cortes por una alianza legislativa de las canceladas agrupaciones Partido Patriota y Líder, principalmente), siguen ocupando una curul en 2019. Es decir, aproximadamente la mitad de quienes habrían participado en el esquema de captura de la decisión legislativa en 2014, también emitirán ahora su voto en el proceso de integración de las nuevas cortes” refiere el estudio.

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El proceso para renovar el Poder Judicial está en marcha; sin embargo, algunos amparos podrían poner en riesgo la integración de las postuladoras, por lo que aún no hay fecha para que sean juramentadas y comiencen con sus labores. Además, según el plazo constitucional los nuevos funcionarios deberían tomar posesión de las magistraturas en octubre. Organizaciones de sociedad civil, así como fuentes políticas y del sector justicia han advertido sobre la influencia de grupos de interés que estarían cabildeando para tener funcionarios favorables a la impunidad en estas instancias.

Respecto al actual proceso de elección de autoridades en las cortes y la presencia de operadores políticos el estudio apunta: “Es muy complejo analizar las líneas de continuidad de los ‘operadores políticos’ en el actual proceso de postulación. Se puede identificar un ‘pacto oficialista’ de impunidad alrededor de Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Felipe Alejos, Fredy Cabrera y Estuardo Castellanos, entre otros. Y paralelamente se observan otros operadores políticos con capacidad de influencia en el proceso: Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez, Luis Fernando Ruiz Ramírez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, así como Ovidio Orellana y Erick Castillo, entre otros”.

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“Hay una lógica de Estado dual, un Estado profundo, de estructuras de poder al margen de la legalidad no para subvertir el Estado si no para perpetuar el status quo“, advierte Waxenecker sobre la continuidad histórica de las de redes ilícitas dentro el Estado que en algunos casos toman forma de partidos políticos como el desaparecido Partido Patriota, según el investigador.

El ensayo identifica tres enfoques para entender el fenómeno de las redes ilícitas en Guatemala: Un primer momento de transición y contrarreforma, alrededor de la Firma de la Paz, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y reformas en el Ministerio Público, para lograr mayor independencia, entre otras; y que tuvo una reacción por parte de la redes ilícitas.

El segundo enfoque advierte sobre el papel clave de “redes de abogacía” que se sirven de la permeabilidad del sistema judicial a través del “litigio y retardo malicioso”, al respecto reseña el estudio “el desmantelamiento de estas redes de abogacía es una estrategia indispensable para debilitar el alcance de la impunidad”.

Y el tercer enfoque que busca “el nombramiento de las cortes” como “una garantía de impunidad de cara al futuro”.

 

Macrocriminalidad y redes políticas

Uno de los ejemplos utilizados en el estudio para explicar la continuidad de las estructuras ilícitas fue la red del Partido Patriota. La judicialización de los casos: La Línea, Bufete de la impunidad, exdiputado Gudy Rivera, Coperacha, Cooptación del Estado, TCQ, Registro de Información Catastral y Subordinación del Poder Legislativo, entre otros, brindó insumos para este análisis.

El informe detalla que “Las investigaciones penales sostienen que “…no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti -ambos en prisión preventiva desde el 2015-. (…) Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”.

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Uno de los conceptos clave para entender esta forma de operar es el de macrocriminalidad, detalla el ensayo. Al respecto, los autores Eduardo Salcedo-Albarán y Luis Garay apuntan, según el estudio: “Las formas más complejas de crimen se caracterizan por (i) la variedad de agentes sociales involucrados, (ii) la diversidad de interacciones entre agentes y (iii) los efectos sobre las instituciones y la sociedad. Estas tres características básicas permiten identificar a la más compleja entre redes criminales comparadas.”

 

El ensayo Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala detalla, entre otros casos, la estructura criminal del Partido Patriota con casos judicializados (Foto Prensa Libre: Cicig)

 

En el caso de las redes macrocriminales, el ensayo resalta la importancia de operadores políticos para los fines ilícitos de estas estructuras: contratos irregulares, sobrevaloración de obras, plazas fantasma, pero también para la procuración de impunidad mediante la designación de juez o magistrados, y otros mecanismos de control político. El estudio detalla, con registro del Sistema Integrado de Justicia a noviembre de 2018, una impunidad del 98.75 por ciento en casos de corrupción; así como una impunidad total promedio de 94.2 por ciento.

Casos paradigmáticos del pasado

Entre los casos paradigmáticos de búsqueda de la impunidad que menciona el ensayo está el del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, en 1990, como parte de una operación de inteligencia militar; del investigador del caso de Mack, José Miguel Mérida Escobar, y de monseñor Juan Gerardi, en 1998.

Más cercanos en el tiempo, el ensayo también detalla el caso Caja de Pandora y control del Sistema Peniteciario, con el capitán Byron Lima como una de las figuras clave, y el proyecto político del Partido Patriota como una estructura criminal que cooptó el poder.

El estudio apunta a una transición de la búsqueda de impunidad en contexto de conflicto armado interno, y su secuelas, a actividades criminales más ligadas a la corrupción.

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Entre sus conclusiones el estudio también detalla que las redes ilícitas impulsan un proceso de contrarreforma frente los avances en la justicia: “estos mismos poderes persisten e impulsan un ciclo contrario, que busca perpetuar la impunidad en la evolución misma de su modus operandi: vigilancia y seguimiento, intimidación y eliminación de sujetos procesales (y sociales), desvío de hipótesis y líneas de investigación, criminalización de operadores de justicia, retardo malicioso y compra de decisiones judiciales, y campañas de desprestigio y ‘cortinas de humo’, entre otros”.

Lea el informe completo acá:

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