El viernes pasado el viceministro de Gobernación, Remberto Leonel Ruiz Barrientos, fue detenido por estar aparentemente vinculado al crimen de un sindicalista, pero luego de su captura presentó crisis nerviosa y fue trasladado a un hospital privado en Mixco, permanece con custodia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) examinó al viceministro en el centro médico en el que está recluido a petición de Eva Recinos jueza del Juzgado de Mayor Riesgo E.

El informe del Inacif fue enviado al juzgado, mientras que la audiencia de primera declaración para otros dos detenidos e implicados en el caso se programó el 16 de julio próximo.

Los otros señalados y detenidos del caso son el abogado Marvin René Donis Orellana y Fermín Iván Ortíz Maquín.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) señala a los detenidos de conspirar por la muerte del sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) Manuel de Jesús Ramírez, de 40 años, ocurrida en junio del 2012.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco condenó el crimen contra Ramírez y en un comunicado de junio del 2012 señaló que el sindicalista fue ultimado “por hombres fuertemente armados” mientras salía de su casa de habitación.

Ramírez fue baleado en la 4a. avenida 20-51, zona 3 capitalina. Herido fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, pese a la asistencia de los médicos falleció.

El MP no dio más detalles de la investigación porque el caso por está en reserva.

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Donis Orellana al ser trasladado a prisión preventiva de Matamoros dijo que no comprendía por qué lo capturaron debido a que él apoyó en varias causas a Ramírez ya que procuraba su reinstalación laboral, y que en ese momento el IDPP atravesaba por problemas presupuestarios.

“Presunción de inocencia”

El viernes pasado Fernando Lucero vocero del ministerio de Gobernación dijo que la institución respetuosa de las leyes declara que en relación a la detención del licenciado Remberto Ruiz -viceministro administrativo- que este es parte de un proceso penal por lo tanto es personal.

“El sindicado se encuentra bajo la garantía del principio constitucional de presunción de inocencia. Entendemos que se refiere a un hecho acontecido en el Instituto de la Defesa Pública Penal por lo que con su función actual no tiene relación alguna”, argumentó Lucero.

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