Indagatoria del caso por desfalco en el IGSS se torna accidentada

La audiencia de primera declaración del caso de lavado de dinero con fondos del IGSS fue dificultosa debido a atrasos, discusiones por quebrantos de salud de un sindicado y un intento por apartar a la Cicig.

Acciones de la defensa de los implicados entorpecieron la  audiencia. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Acciones de la defensa de los implicados entorpecieron la audiencia. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, citó a los detenidos y citados a la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) lo ha llamado caso Fénix, relacionado con supuesto lavado de dinero de fondos del IGSS.

La audiencia comenzó con más de una hora de retraso y la juzgadora se tardó otra hora para verificar que habían comparecido todas las partes. Cada abogado mencionó a quién defendía.

Herbert Oliva, quien defiende a Mario Rolando López Sarceño, pidió la palabra para interponer un incidente.

“Mi cliente sufre de parálisis del lado izquierdo. Los términos médicos están en una evaluación y se le solicitó que fuera trasladado de la prisión donde se encuentra a un hospital, y no se ha cumplido”, dijo el abogado.

Su argumentación se centró a los supuestos quebrantos de salud de López Sarceño. La juzgadora revisó el expediente y explicó que la petición para que fuera evaluado fue recibida en la judicatura el 15 de abril pasado y un día después los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) recibieron la orden para evaluarlo.

“En el diagnóstico que remitió el Inacif a la judicatura se lee que el paciente se encuentra clínicamente estable y las resoluciones se basan en una evaluación médica científica”, explicó la juzgadora.

La discusión entre el abogado Oliva y la juzgadora Aifán se extendió por más de 40 minutos debido a que, a criterio del penalista, se debía escuchar a todas las partes procesales para que se expresaran al respecto.

Piden que la Cicig sea excluida

La defensa de Irma Johana Pinto interpuso una acción centrada a que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que investigó el caso, fuera separada con el argumento de que el presidente Jimmy Morales había finalizado el mandato en enero pasado de forma unilateral. También expuso que quedara fuera la Procuraduría General la Nación (PGN), el IGSS y hasta el MP.

La abogada Mirla Caballeros fue quien interpuso el recurso de actividad procesal defectuosa.

La jueza le otorgó la palabra a cada uno de los abogados y la discusión se extendió durante más de tres horas, hasta que Aifán suspendió la audiencia.

La audiencia seguirá la próxima semana cuando exponga la fiscal Cinthia Monterroso y las demás partes previo a resolver.

Señalamiento

El 12 de abril pasado resurgió el caso con un operativo que dejó a diez detenidos.

En 2008, cuando Gustavo Herrera Castillo -con orden de captura por este caso- llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución en su contra por su supuesta responsabilidad en el desfalco de Q350 millones al IGSS, no imaginó que años más tarde la justicia lo buscaría otra vez por ese caso, pero no por peculado como en aquella ocasión, ahora, junto a otras 31 personas, lo sindica de lavado.

La investigación concluyó en la solicitud de captura de 19 personas y la citación de 33 más, entre personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) que estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes judiciales, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Gustavo Herrera se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecución política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

Fénix

Según el MP,  este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.

Los fondos sustraídos corresponden a un caso por el cual ya se juzgó y condenó a varias personas en el 2004, pero que en dichas sentencias se ordena mantener los procesos abiertos para que se iniciaran otras investigaciones por posibles ilícitos derivados del desfalco al IGSS.

En ese año, por el desfalco de Q350 millones, fueron condenados los exdirectivos del Seguro Social, Carlos Wohlers y Jorge Mario Nufio Vela, expresidente y exvicepresidente; César Sandoval Morales, exgerente, y Edwin Saúl Natareno Sayes, exintegrante de la directiva.

Por el desfalco, el Ministerio Público sindicó a Herrera de ser el propietario de las financieras offshore —fuera de plaza— Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social por un monto que se calculó en Q350 millones y que serviría para la edificación de viviendas para jubilados de esa institución.

De acuerdo con la investigación, estas financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil.

Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el Seguro Social en el fideicomiso solo se habían recuperado Q228.5 millones. Herrera habría armado una red de empresas que fueron registradas a nombre de sus empleados, por lo cual pasó inadvertido, por lo que siempre negó su relación con el desfalco.

Capturados por el delito de lavado de dinero u otros activos

  • César Augusto Sandoval Morales
  • Juan Ramos Felipe
  • Leonardo Ezequiel López Sarceño
  • Mario Arriola Cuc
  • Mario Rolando López Sarceño
  • Rodolfo Isaías Samayoa Escobar
  • Rubén Reyna Soto
  • Sergio Alfredo Herrera Acevedo
  • Walter Silvino Herrera Orozco
  • Walter Antonio Vargas Soto

Pendientes de captura por lavado de dinero u otros activos

  • Agustín Leonidas Castro
  • Claudia María Meléndez Vargas
  • Edna Roxana Martínez Marroquín
  • Enma Alcira Felipe Orellana, orden de captura internacional
  • Francisco Castellanos Hernández
  • Gustavo Adolfo Herrera Acevedo
  • Gustavo Adolfo Herrera Castillo, orden de captura internacional
  • Juan Carlos Herrera Cardona
  • Juan Carlos Pinzón Salazar

Personas citadas por la justicia

  • Claudia Lili Guerra Lucero
  • Francis Estuardo Cux
  • Hugo Leonel Marroquín Carrera
  • Irma Johanna Pinto Cifuentes
  • Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes
  • Marco Antonio Mendoza Gramajo
  • Martha Eugenia Reyes Archila De Cortes
  • Lesly Patricia Velásquez Castillo
  • Oscar Rafael Perdomo Castañeda
  • Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
  • Cintya Magaly Cabrera Álvarez
  • Luis René Morales Bolaños
  • Jorge Mario Álvarez

Empresas señaladas

  • Grupo Empresarial Uniserv S.A.
  • Escabel Management Group Ltd
  • Helensburg Inc.
  • Arriola Ingenieros Contratistas S.A.
  • Agropecuaria La Cresta S.A.
  • Fabricación De Químicos S.A.
  • Galente Trading Limited
  • Gateville Holdings Corporation
  • Jekyll Properties S.A.
  • Miros Holding S.A.
  • Represa Internacional S.A.
  • Macoris Holdings Corp.
  • American Trading Corporation
  • Innovaciones Inmobiliarias. S.A.
  • Inmobiliaria, Constructora Y Proyectos S.A.
  • Pericles S.A.
  • Afrodita S.A.
  • Asesoría Y Consultoría Atenea S.A.
  • Consejeros Médicos S.A.
  • Chajbabuch S.A.

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Abel Ramírez Hace 8 meses

Son unos criminales hacia la gente de la tercera edad, si se enferman es el beneficio por el pecado de criminalidad cometido, las consecuencias del mal actuar es lo que se paga, aquí no hay castigo de Dios, Dios perdona, pero esas consecuencias del pecado son las que se sufren. Los defensores tienen que ser muy leales al compromiso de su profesión, sin trampas, por que tambien eso tiene su consecuencia ante Dios.