Cinco fiscales quedan ligados por cerrar casos a cambio de dinero

Cinco fiscales y un policía de Chiquimula fueron procesados por su vinculación en un caso centrado en desestimaciones judiciales y cobro de sobornos. Tres fiscales obtuvieron su libertad.

En la lectura de la resolución, Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, recordó una anécdota de cuando fue juez en Chiquimula hace 20 años para ejemplificar los sobornos que enfrentan los empleados judiciales.


“Recuerdo que a los dos días de estar en Chiquimula como juez llevaron una caja de whisky. Le pregunté a los empleados y dijeron que me la habían regalado. Entonces, averiguamos quién la había mandado y se la devolvimos. Les dije que tenía un trabajo con salario y no acepté el regalo”, dijo.

Con este ejemplo el juzgador inició la descripción de los hechos y el análisis de la acusación en contra de ocho fiscales de Chiquimula y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) por una investigación interna donde los señala por haber cobrado por desestimar casos penales.

Gálvez utilizó cinco horas para hacer relación con los indicios que le presentaron Mario Pacheco y José Cardona, representantes de la Fiscalía de Asuntos Internos. También hizo énfasis en las conversaciones telefónicas de los señalados.

“Ustedes, fiscales, actuaron como una estructura criminal, hablaban en clave”, les recriminó Gálvez.

Dijo que una de las escuchas donde los fiscales conversaron y con palabras clave mencionaron las frases “mi regalito” y “mi pollito frito”, así como “columna” para hacer relación con los sobornos desde Q3 mil hasta Q50 mil que cobraron por la desestimación de los casos.

Sindicados

Fueron procesados Osmal Wilfredo Morales Marroquín, agente de la Policía Nacional Civil (PNC); Juan Carlos Hun Ical,  jefe de la Fiscalía de Distrito de Chiquimula; Jerson Alexander Franco Carrillo, Eddy Enrique Franco Carrillo, Abelino Mateo Nájera y Elser Conrado Mansilla Arrollo, fiscales.

Los delitos fueron cohecho activo en forma continuada, asociación ilícita, simulación de delito, denegación a la justicia, uso público de nombre supuesto y cohecho pasivo en forma continuada.

La resolución también incluyó la falta de mérito a favor de las fiscales Suleisy Magdalena Gutiérrez, Saidi Leticia Guerra Samayoa y Katy Maritza Hernández. A las tres las suspendió de sus labores, sin goce de salario, durante tres meses hasta que avance y finalice la investigación donde se determinará si tienen alguna participación.

Gálvez también recordó la conversación entre Hun Ical y Morales Marroquín del 27 de junio del 2018, donde citan a Samuel Villagrán Ramírez para que declare por un caso que ya había sido desestimado.

“Tengo 20 años de ser juez y cuando el Ministerio Público desestima un caso nunca lo han abierto. La justicia es lo más sagrado ¿Cómo se sienten ustedes al estar esperanzados por una resolución contraria donde cobraron dinero?”, les recriminó.

El caso

El 7 de diciembre pasado más de 40 policías tomaron la Fiscalía de Distrito de Chiquimula y detuvieron a siete fiscales. Ese día también fue aprehendido el policía Osmal Wilfredo Morales Marroquín.

Entre los casos está el cobro de Q3 mil como soborno en mayo pasado, también “la salida fiscal” de un expediente a favor del sindicado Ronald Salvador Orellana Orellana. “Se le informó que el caso estaba bajo reserva, lo que fue falso y sirvió para solicitar Q500 mil a cambio de desviar una investigación por asesinato en grado de tentativa en Zacapa”, según la acusación.

El MP informó que el 14 de junio pasado fue formulada una denuncia por un proceso de homicidio culposo donde falleció Serbio Isaí Sance Gregorio y quedó herida de gravedad Ana María Leiva durante un accidente en Chiquimula.
También Marco Antonio de Jesús Guerra que presentó trauma de cráneo. Los fiscales detenidos omitieron las diligencias en relación a las víctimas y desviaron la investigación para favorecer al responsable y se desestimó el caso el 18 de junio último.

Además, devolvieron un cabezal y un camión con matrículas hondureñas sin cumplir con los requisitos legales y los protocolos debido a que se omitieron los peritajes.

Un caso por el que fueron acusasos los fiscales de Chiquimula es el asesinato Darwin Armando Martínez que fue atribuido a Luis Cerezo Guerra, apodado “Loroco”. Según el fiscal Cerezo, integra una estructura de sicarios de la cabecera de Chiquimula.

Los fiscales encarcelados “le proporcionaron información del expediente” para que se enterara si había orden de captura en su contra y se dejó de realizar el peritaje balístico a pesar de haber contado con la autorización judicial. El crimen sucedió el 9 de abril pasado. Los fiscales acordaron recibir Q3 mil para favorecer al “Loroco”.

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