Justicia, bajo la amenaza de cooptación

Un estudio independiente por parte de instancias de justicia advierte del riesgo de retrocesos en la lucha contra la corrupción si no se logra garantizar independencia y autonomía judicial.

Impunity Watch, el Instituto de la Judicatura y la Plataforma Internacional contra la Impunidad integran el Observatorio de Independencia Judicial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Impunity Watch, el Instituto de la Judicatura y la Plataforma Internacional contra la Impunidad integran el Observatorio de Independencia Judicial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Aunque la independencia judicial se encuentra garantizada por la Constitución, esta también deja abierta la posibilidad para la injerencia del poder político en la justicia al establecer que el Congreso debe nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los de las cortes de Apelaciones cada cinco años.
Esta condición, sumada a la existencia de redes de corrupción que han aprovechado la Ley de Comisiones de Postulación para introducirse en los procesos de elección de operadores de justicia es percibida, según el estudio Justicia en riesgo: Obstáculos a la Independencia Judicial en Guatemala, como un potencial peligro para la aplicación de la justicia en el país. En muchas localidades operan redes de corrupción en donde participan jueces, auxiliares judiciales, abogados y fiscales que han llegado a controlar la justicia a nivel local”, detalla el estudio. La investigación, hecha a partir de entrevistas y talleres con jueces y operadores de justicia en siete regiones del país entre el 2015 y 2016, resalta que si bien se ha avanzado en garantizar la independencia judicial, con procesos históricos contra mandatarios, magistrados y diputados en marcha, estos avances pueden retroceder si se reactiva la cooptación del sistema judicial.

 

Impacto del 2015

Es paradójico, pero nunca habíamos tenido tanta independencia judicial”, dice Alejandro Rodríguez, coordinador del equipo de investigación de Impunity Watch, que hizo el estudio. Luego del pacto entre el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2014 para la conformación de la CSJ y cortes de apelaciones, comenta Rodríguez, la búsqueda por garantizar impunidad se hizo evidente, pero recibió un fuerte golpe cuando salió a luz la participación de los operadores de esta elección en casos de corrupción en el 2015.

Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social, sindicado por el caso Igss-Pisa; Gudy Rivera, condenado por tráfico de influencias y cohecho activo, al haber intentado presionar a la exjueza Claudia Escobar; Blanca Stalling, magistrada separada de la CSJ, en proceso por tráfico de influencias, fueron parte de esa dinámica, señala el investigador.

“Claudia Escobar al hacer su denuncia alentó todo un movimiento para luchar por la independencia y la transparencia judicial. Lo que uno tiene que reconocer es que hay una gran cantidad de jueces de primera instancia comprometidos, y estos están dando la nota de cambio dentro del organismo judicial”, explicó Rodríguez.

Consultada vía electrónica sobre el estudio, Escobar comentó: “Me parece que el 20 por ciento de jueces que indica que recibió presiones de autoridades es bajo, pues aún existe una cultura del silencio que no terminamos de romper. Seguramente son mayores las presiones, algunas veces son explícitas y otras son directas”.

Para la exjueza, muchos juzgadores no han asumido lo que implica su investidura, “se sienten dependientes de los jueces de las instancias superiores y no ven la interferencia o las amenazas a su independencia como un problema, porque se asumen empleados, sujetos a recibir órdenes”, argumentó.

Engranajes de la impunidad

La impunidad en el ámbito de la justicia opera en tres niveles, dice Rodríguez. En el primero se trata de las resoluciones tomadas por jueces de primera instancia, sobre los cuales ejercen influencia poderes locales o diputados distritales para tener resoluciones favorables.


Rodríguez cita como ejemplo el caso del exdiputado Baudilio Hichos —prófugo— con disposiciones a su favor en la anterior magistratura. En un segundo nivel las estructuras buscarían el control de los magistrados de las cortes de Apelaciones. Y en un tercero figurarían el contacto con magistrados de la CSJ.

“Si el juez no está alineado, lo cambian, buscan como echarlo, les interesa alinear jueces y salas de apelación, si alguien no responde piden el traslado por parte de la CSJ; si no, utilizan la junta de disciplina para propiciar el traslado. Necesitan alinear a jueces, fiscales y abogados para que las redes de corrupción puedan operar”, destacó Rodríguez.

En la encuesta de percepción del estudio, 35% de los jueces consultados indicaron que en su jurisdicción han sido objeto de presiones indebidas para que tomen una resolución concreta en un asunto.

Este tipo de presiones no solo provienen del ámbito político, recordó la experta en el ámbito judicial Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y quien no participó en el estudio.

“Cuando hay agentes de poder, no solo políticos sino cualquier tercero con grandes intereses en juego, se pueden producir presiones”, comentó la investigadora.

Dentro de este esquema también tienen un papel las entidades gremiales, explicó el coordinador del estudio.

“Las asociaciones gremiales de abogados también tienen un papel, primero participan a nivel local, luego a nivel intermedio y algunas tienen relación con los mayores operadores, como sucedía con Blanca Stalling”, señaló Rodríguez.

En el anterior proceso de elección de la CSJ los principales grupos de injerencia estaban aglutinados alrededor de Roberto López Villatoro, el grupo cercano al PP con Blanca Stalling y Juan de Dios Rodríguez; el grupo de abogados de Mixco, y los abogados del sector empresarial, detalló el investigador.

La salida de algunos de estos operadores del poder; sin embargo, no garantiza que ese vacío de poder no sea llenado.

Medidas por independencia

Entre las recomendaciones para garantizar la independencia judicial detalladas en el estudio, Rodríguez destaca tres.

Primero, crear una fiscalía de sección contra la corrupción judicial, atendiendo a que este fenómeno “es sistémico” y se produce a todo nivel en el aparato de justicia y en todo el territorio nacional, por lo que requiere una metodología específica.

Segundo, crear en la Contraloría General de Cuentas una unidad especial de investigación patrimonial, la cual tome las declaraciones juradas de los jueces y las analice para ver los incrementos del patrimonio de los jueces y magistrados que no correspondan con su nivel de ingresos.

Tercero, fortalecer la fiscalía de sección de ataques contra operadores de justicia. Según el estudio, entre 2014 y 2016 se registraron 53 denuncias de delitos contra jueces y magistrados en el país, mientras que solo en el 2016 el Ministerio de Gobernación registró que 48 jueces y magistrados habían sido víctimas de amenazas.

Todos estos cambios, sin embargo, tendrán poco impacto en el monstruo de mil cabezas que es la corrupción, explica Rodríguez, si no se atiende a la elección del próximo fiscal general.

“Lo que un fiscal general corrupto haría es volver a poner a funcionar todo el aparato de impunidad y se caerían los casos”, concluye el experto.