La orden está fechada el pasado 17 de mayo y dirigida al jefe de la División de Policía Internacional (Interpol). Se solicita “dar trámite al contenido de la Notificación Roja” para poder capturar y extraditar a la exjefa del Ministerio Público.

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El Juzgado Décimo, además, declaró en rebeldía a Aldana, en un proceso donde se le sindica de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y caso especial de defraudación tributaria.

Algunos estudiosos del Derecho ya han manifestado sus dudas en relación a la solicitud del juez, ya que los delitos que enfrenta Aldana no estarían incluidos en el convenio de trabajo que se tiene con la Interpol, por lo que todavía hay que esperar a que esta entidad admita la solicitud y active la orden de captura internacional.

Desde la Fiscalía no se hizo ningún comentario porque el caso está bajo reserva judicial. Por el mismo motivo, tampoco la Dirección de Comunicación del Organismo Judicial quiso pronunciarse al respecto.

Aldana salió del país desde marzo y en las últimas horas, Noticieros Univisión publicó una entrevista con la exfiscal, donde ella asegura que no regresará al país porque las condiciones de seguridad no están garantizadas.

“Estoy amenazada de muerte. Tengo documentadas esas situaciones, tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo una investigación previa (…) no voy a llegar a entregarme y que me asesinen”, dice Aldana al periodista de Univisión.

La exjefa del MP publicó en su cuenta de twitter que todo se trata de una venganza por el trabajo que desempeñó.

“Siguen los ataques en mi contra. Las instituciones secuestradas del Estado al servicio de los corruptos y un juez oscuro quieren vengarse por haberlos enfrentado. No me derrotarán”, indicó.

El proceso

El caso judicial que se conoce en el juzgado que giró la orden de captura es la contratación supuestamente irregular de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en noviembre de 2014, como capacitador en el Ministerio Público (MP) sin que llegara a trabajar.

El MP señala a Aldana por la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Según el contrato, el decano tenía la obligación de elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.

Además, se comprometió a “ejecutar actividades docentes de capacitación, presenciales y virtuales, para el personal del Ministerio Público, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos metodológicos y administrativos estipulados en la Unidad de Capacitación de la Institución”, entre otros.

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