Pandillas se han sofisticado en el Triángulo Norte de Centroamérica

Las pandillas están experimentado un proceso de sofisticación, con variantes entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Pandilleros guatemaltecos fueron trasladados a Torre de Tribunales luego de ser capturados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Pandilleros guatemaltecos fueron trasladados a Torre de Tribunales luego de ser capturados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para el investigador salvadoreño, Héctor Silva Ávalos, del portal sobre crimen organizado InSight Crime, las pandillas en la región están experimentado un proceso de sofisticación y los vínculos con integrantes del Ejército y la Policía son parte de esa evolución.

Silva Ávalos es investigador  especializado en crimen organizado en América Latina y fundador de la revista de investigación Factum. Además, es autor del libro Infiltrados: crónica de la corrupción en la Policía Nacional Civil de El Salvador. En esta entrevista analiza el fenómeno de las pandillas y su relación con los actores políticos y fuerzas de seguridad en la región.

Vemos que, al menos en el caso de Guatemala, la extorsión es un fenómeno criminal que involucra no solo a pandillas, sino también a grupos que simulan ser pandilleros. ¿Por qué la extorsión es un delito tan importante para las pandillas?

Hay mucho mito en el Triángulo Norte, pero también en EE. UU., acerca de que las pandillas se están transformando a ser un cartel de droga o un grupo de trata de personas. Eso no es cierto hasta donde he visto y estudiado. Sí hay casos de clicas relacionadas con ese delito, pero son pocos. Ni la MS ni el Barrio 18 son carteles de la droga, son carteles de extorsionistas.

Así nace la pandilla, cuando deja de ser un grupo social de jóvenes, como fue concebido en sus primeros años en Estados Unidos y Centroamérica, y pasa a ser una estructura criminal más organizada que se dedica a la extorsión. La extorsión es la savia de las pandillas, de allí sacan su dinero.

Al principio se trata de una extorsión menor, de esquina, a negocios pequeños, a empresas más grandes y luego se vuelve un  modelo sofisticado. 

La plata de las pandillas viene en gran medida de la extorsión, y no otra actividad criminal. Tal vez en EE. UU. se puede hacer alguna salvedad, en el caso de clicas que controlan narcomenudeo o microtráfico en algunas ciudades o barrios.

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Pero ahora lo que se está viendo es que la extorsión es muy importante en la misma comunidad centroamericana. Sobre todo, a negocios que no son legales: ventas clandestinas de alcohol, casas de apuestas, hasta prostíbulos. Pero siempre ha sido el corazón financiero de la pandilla. Incluso en la tregua de El Salvador, entre las pandillas, nunca estuvo en la mesa el alto a las extorsiones, y cuando investigamos eso, los mismos pandilleros nos decían: “Eso no se puede tocar, de eso vivimos”.

Las políticas de mano dura y super mano dura en El Salvador y Honduras, ¿qué lecciones dejan para Guatemala?

En el tema de mano dura, la lección más importante es que no funciona, no funciona en ninguna medida. Para empezar, ¿qué es? Como política de seguridad pública nace en El Salvador a finales de la década de los 90, en la administración del presidente Francisco Flores —fallecido durante un proceso por corrupción—, y consiste básicamente en arrestos masivos de jóvenes sospechosos de ser pandilleros y meterlos en las cárceles.

Cuando Flores hace esto agrava el problema de hacinamiento y toma de las pandillas del Sistema Penitenciario, de tal forma que a la fecha, durante cuatro administraciones ya, mantienen separadas a las pandillas en los penales, y eso lo que hace es que genera nichos de control de las pandillas desde los penales. La mano dura en todas sus versiones eso es lo que ha creado.

La mayor parte de los pandilleros en estas redadas policiales terminan quedando libres, algunos quedan en las cárceles, donde sofistican a la pandilla, y luego vuelven a la calle.

En la experiencia de Honduras y El Salvador, ¿por qué las pandillas están utilizando a personas fuera de su estructura para el lavado de dinero?

De nuevo es interesante hacer la comparación de cómo esto se ha aplicado en EE. UU., en general, ahora con la retórica de la administración Trump se apuesta mucho por eso, pero también hubo versiones de la mano dura desde inicios de la década de los 90 en Los Ángeles, y luego en los 2000, en la costa Este, sobre todo en la zona de Long Island y la región metropolitana de Washington.

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Lo que pasa es que no era solo mano dura, una política de persecución penal contra las pandillas, sino también iba acompañada en los casos donde los programas fueron exitosos, por una política de prevención muy fuerte, y muy bien financiada, sobre todo en Los Ángeles y condados de Maryland y Virginia, donde al fortalecimiento de unidades de inteligencia antipandillas en las policías locales se sumó además un financiamiento muy fuerte en los sistema educativos, y la  detección temprana de jóvenes en riesgo y otras medidas.

En esos casos, que no se llamaron mano dura pero que tenían un componente fuerte de persecución a pandilleros, pero además de prevención, sí hubo funcionamiento.

Eso en Centroamérica no ha ocurrido nunca, y en todos lados ha sido un fracaso, tanto así que en El Salvador siguen siendo el principal tema de conversación en seguridad pública. En Honduras lo han sido y creo que en Guatemala también, donde ha habido hasta presidentes que han apostado a eso y lo que han conseguido es sofisticar más a las pandillas.

¿Hay cifras preliminares sobre el costo de la extorsión?

Son cifras muy preliminares, ya que desde la misma autoridad se han hecho pocos estudios. Hay cifras en el caso de El Salvador, pero no habla de lo recaudado por las pandillas ni de lo que le cuesta a la economía salvadoreña en general, como impacto económico, por ejemplo, no solo lo que los empresarios pagan, sino también lo que gastan en seguridad, los recursos que invierten en tratar de prevenir la extorsión.

Ese número, según el Banco Nacional de Reserva, para el 2014 fue de US$746 millones, que es el 16 por ciento  del producto interno bruto  de ese año, ese es el número con que se cuenta.

Esta no es la cantidad recaudada por las pandillas, es un cálculo del Banco Central de Reserva sobre el impacto económico a la economía nacional.

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En la Operación Jaque, la más grande hasta ahora en El Salvador, se habla de cifras en millones de dólares. Por otra parte, en los requerimientos tampoco está muy claro cómo los fiscales llegan a esta cifra. Hay pandilleros que son testigos, que son entrevistados, y la Fiscalía hace algunas extrapolaciones.

¿Qué enseñanza deja el caso salvadoreño sobre los efectos de que grandes empresas recurran al pago de extorsiones?

En el caso salvadoreño es que las empresas pueden mostrar el gran fallo del Estado para lidiar con el problema. En general, lo que las empresas han hecho es pagar, establecer negociaciones propias con las pandillas. 

Las empresas pueden decir cómo han hecho para pagar o negociar directamente. Hay casos judicializados en El Salvador, donde empresarios  han tenido que incluir el pago de la extorsión como presupuesto de operación, precisamente por el fallo del Estado para lidiar con este problema.

En el caso de Guatemala observamos el contacto de integrantes de las fuerzas de seguridad con   agrupaciones dedicadas a la extorsión, como funcionarios de alto nivel de la PNC y el Ejército. ¿Por qué son importantes para las pandillas estos contactos?

Sí hay una relación, un nexo. En el caso de El Salvador se ha hablado de un nexo institucional, pero todavía no hay pruebas de eso, pero lo que está claro es que ha habido oficiales de mediano y alto rango que han tenido tratos criminales y económicos con las pandillas.

Se habla mucho en El Salvador de la obligación de las telefónicas para bloquear la señal en los penales. Hay una discusión política. Una de las cosas que dicen las telefónica es: bueno, “nosotros no tendríamos que bloquear la señal si no hubiera celular en los penales”, y el Ejército controló el acceso a los penales. Esos nexos son los que permiten la sofisticación de la organización criminal. Además, se suma a eso la venta de armas desde integrantes del Ejército hasta las pandillas, que es de nuevo lo que está pasando en Guatemala también.

¿Desde cuándo hay indicios de que los grupos criminales utilizan a empresas locales y el sistema bancario para el lavado de dinero?

Pues esto se da a través de estos negocios pequeños, que van desde car wash, talleres automotrices, restaurantes, bares, prostíbulos, barras show.

La gran mayoría de estos negocios son legítimos, los manejan empresarios pequeños o medianos que utilizan el sistema financiero, y es precisamente porque al sofisticarse la organización criminal se emplean estas etapas.

El Gobierno de Guatemala ha reactivado la discusión de clasificar a las pandillas como terroristas. ¿Cambia algo realmente esta clasificación?

En El Salvador es un hecho aprobado y avalado por la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años. En el ámbito jurídico sí cambia cosas, pues hace a los pandilleros susceptibles de mayores penas, le da a la Policía y fuerza pública mayor libertad a la hora de restringir algunos derechos en investigaciones. Desde mi punto de vista, es una medida extraordinaria más.

En la práctica, en el caso de El Salvador no cambia mucho, intensifica, sí, la conversación; polariza más la conversación; significa que hay una herramienta más de mano dura para poner a más pandilleros en las cárceles, pero esto no ha tenido un efecto en reducción de índice de criminalidad, no hay descensos drásticos, por ejemplo, en homicidios ni en casos de extorsión. En la práctica es otra medida política que no tiene un efecto real.

¿Qué lectura política le da a volver sobre estos temas en medio de crisis políticas?

Mi experiencia es que los mandatarios y gobiernos que han lidiado con las pandillas las han utilizado en gran medida con fines políticos. A mediados de la década pasada recuerdo escuchar al presidente —Manuel— Zelaya, de Honduras, decir en una conferencia regional en Miami que él había sido electo presidente gracias a su discurso de mano dura.

Al final no son medidas que hayan tenido efectos prácticos, pero se le sigue utilizando, incluyendo denominarlas como terroristas. Si te preguntas por qué se sigue utilizando una medida fallida, la única respuesta es por razones políticas.

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Hay casos de casos. En El Salvador, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, del partido Gana, señalado por actos de corrupción por posible enriquecimiento ilícito, con una investigación pendiente en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, acude cada vez que puede, cada vez que hay señalamientos, al tema de “mano dura”, pandillas, legislar con fuerza, pena de muerte.

Son todas medidas políticas para tener un chivo expiatorio y que la conversación política no vaya a temas como la corrupción. Me parece que en el caso de Guatemala esa es la respuesta también. Me parece demasiada casualidad que el ministro —Enrique— Degenhart salga desde que es nombrado con este discurso en el medio de todas las acusaciones de corrupción del presidente Jimmy Morales y todas las sospechas que pesan sobre el mismo ministro y sus viceministros, como Kamilo Rivera. En medio de todo eso salta otra vez el tema pandillas, cuando está claro que los problemas también están por otro lado, como las acusaciones de corrupción y la elección del próximo fiscal general.

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