Las cárceles del país continúan sin control

El exdiputado Manuel de Jesús Castillo Medrano fue asesinado en la Granja de Rehabilitación Pavón y se convierte en el décimo reo muerto de forma violenta en ese recinto en el 2019. El ataque demuestra, una vez más, el débil control de un sistema que está rebasado en su capacidad casi un 400 por ciento.

Personal de las fuerzas de seguridad, del Ministerio Público y de cuerpos de socorro acudieron a la granja Pavón, la noche del 15 de diciembre 2019, luego de que se confirmó la muerte del exdiputado "Manolito" Castillo. (Foto, Prensa Libre: Carlos Hernández).
Personal de las fuerzas de seguridad, del Ministerio Público y de cuerpos de socorro acudieron a la granja Pavón, la noche del 15 de diciembre 2019, luego de que se confirmó la muerte del exdiputado "Manolito" Castillo. (Foto, Prensa Libre: Carlos Hernández).

El descontrol, la corrupción, las fugas y las muertes de los reclusos son situaciones que se ven hasta cierto punto normales en las cárceles, ya que ocurren frecuentemente. Las prisiones del país parecieran ser “el patito feo” del sector justicia.

 

La muerte de Castillo, demuestra otra vez que para recuperar el control del sistema carcelario se necesita, además de recursos económicos, voluntad política para impulsar cambios que puedan reducir el hacinamiento. Entre estos está la implementación del sistema telemático y reformas a la prisión preventiva.

Según el resumen de políticas “Las cárceles: propuestas de reforma en el Triángulo Norte de Centro América” de la organización Diálogos, las prisiones de El Salvador, Honduras y Guatemala comparten el hacinamiento, la escasa inversión, la infraestructura deteriorada que favorece que los reos realicen delitos en los centros. Este estudio fue presentado por la organización durante una agenda de seguridad ciudadana para los candidatos a la Presidencia durante las pasadas Elecciones Generales.

Evelyn Espinoza, coordinadora del Observatorio de la Violencia de Diálogos, explicó que el hacinamiento y la corrupción en las cárceles viene desde hace varios gobiernos atrás, porque ninguno tomó cartas en el asunto para cambiar la situación.

Según Espinoza, existe mayor probabilidad de morir en las prisiones que estando libre, debido a las condiciones de hacinamiento, la preocupación para alimentarse, lograr dormir en un espacio o pagar las extorsiones.

El informe de Diálogos indica que en el país existen 22 cárceles que están bajo la administración del SP; 12 son prisión preventiva y 10 de cumplimiento de condena. Guatemala cuenta con 6 mil 812 espacios de reclusión para más de 25 mil reos, lo que significa que sobrepasa en un 367 por ciento su capacidad.

El pasado domingo, en horas de visita, el exdiputado Manuel de Jesús Castillo Medrano, conocido como “Manolito”, murió en la cárcel Pavón. Según el informe policial, su cadáver fue encontrado en el patio principal de la prisión a las 16:20 horas. El ataque ocurrió en su contra cuando se supone que iba saliendo de la oficina del director de la cárcel.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de la muerte de Castillo fue por causada por heridas de bala. La necropsia concluyó el pasado lunes 16 de diciembre, efectuada a los procedimientos del Manual de Necroidentificación y el Protocolo de Minnesota, aplicado en investigaciones en donde se sospecha de muertes sumarias y arbitrarias.

Espinoza explicó que en los centros carcelarios ocurren desde extorsiones, hasta muertes violentas contra los reclusos. La experta propone que, para evitar estos abusos, en cada cárcel podría existir la representación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Más muertes

Carlos Morales, portavoz del Sistema Penitenciario, confirmó que tienen una población de 25 mil 382 reos en las 22 cárceles del país. De enero a la fecha han muerto de forma violenta 33 hombres. Mientras que por enfermedad 73 hombres y cinco mujeres.

Para Espinoza, Pavón es una de las cárceles donde más muertes de reclusos se registran. La primer muerte de 2019 confirmada por las autoridades a los medios de comunicación fue en enero pasado, cuando se supo que Jorge Mario Moreira Reyes, de 45 años, conocido como “el Marino” fue asesinado cuando cumplía una condena por secuestro desde hace 23 años.

Casi cinco meses después siete reclusos murieron y 19 más quedaron heridos durante un motín en Pavón. Durante las requisas ejecutadas en la cárcel, meses después de la revuelta, las autoridades ubicaron al menos 27 pistolas y dos granadas de fragmentación, tolvas y municiones.

Mientras que el 5 de julio, un camión que trasladaba a reos a los Juzgados fue incendiado. Durante el incidente, murió un recluso y tres más quedaron heridos por heridas de bala.

La décima persona muerta en la cárcel sería “Manolito Castillo”, mientras estaba en un área de asilamiento desde junio de 2017. En el lugar estaban también nueve reos en la misma situación, según confirmó Morales.

El vocero añadió que los reclusos que están en este sector están aislados porque tienen algún peligro en el centro o existen amenazas fuertes de muerte.

Sin cambios

Lizandro Acuña, analista de justicia y seguridad ciudadana, señaló que no existen cambios en la administración del SP, porque la muerte de Castillo refleja que su sistema está colapsado. “Está bajo el control de las organizaciones que operan en las cárceles en todo el país”, añadió.

Además, afirmó que el Estado no garantiza la vida de los reos y espera que con el futuro gobierno de Alejandro Giammattei apoye a resolver la situación, porque fue director de las cárceles y conoce el sistema.

Acuña indicó que el SP necesita una clasificación de los perfiles de los reclusos, porque se deben de apartar a las personas que no se van a rehabilitar de los demás reos.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), coincidió que el gobierno de Giammattei podría tomar cartas en el asunto, por su experiencia como director del SP. Agregó que se deben de atender los problemas porque después se vuelven más grandes, como el hacinamiento.

“Se deberían de adoptar políticas criminales en conjunto con el sector justicia porque las fugas están también a cargo de los jueces de ejecución. Estamos hablando también de una mejor comunicación entre las instituciones para el traslado de reos según su peligrosidad y clasificación”, indicó Escobar.

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