A poco más de un año de haber terminado el último mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), después de 12 años en el país, las opiniones sobre su labor siguen siendo divididas.

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Los aportes que la Cicig hizo a la investigación de la Feci sostienen una supuesta participación del entonces binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en una serie de actos de corrupción que, a la fecha, se continúan ventilando en los tribunales.

El caso La Línea fue el primero de más de una treintena de procesos penales de alto impacto que han visto la luz en los últimos cinco años, pesquisas que alcanzaron a funcionarios, exfuncionarios, políticos y empresarios.

Pero la popularidad que un día envolvió a la Cicig se convirtió, en buena parte, en rechazo. Algunos sectores en materia legal y varios políticos levantaron la voz explicando que la instancia internacional había perdido el rumbo con investigaciones sesgadas, persecución política y hasta con abusos e intimidaciones a familiares de personas procesadas.

Quieren publicar informe

A finales de 2019 funcionó la Comisión de la Verdad, una terna de diputados que emprendió acciones de fiscalización para determinar si la Cicig, durante sus 12 años en el país, cometió abusos.

El informe de esta comisión especial, creada por la junta directiva del Congreso, concluyó que la entidad de Naciones Unidas abusó del cargo, presionó a familiares de procesados para doblegarlos, a cambio de testimonios, incluso hubo algunos casos en que personas procesadas perdieron la vida por la prolongada prisión preventiva que propició la Cicig en cada uno de sus procesos.

“El caso del doctor —Jesús— Oliva, él pidió 13 veces que lo mandaran a reconocimiento médico y la última vez lo hizo como facultativo de la Medicina y dice, “yo me estoy muriendo”. La jueza lo mandó al hospital Federico Mora, saliendo de ahí se suicidó; Manuel Barquín, enfermo cardiaco que pidió más de 10 veces un chequeo médico que no permitieron; uno de los hermanos Valdés Paiz, de la misma manera. A estos guatemaltecos ni siquiera el derecho humano a la vida se les respetó”, señaló el diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de la Verdad.

El diputado añadió que solicitaron al presidente del Congreso continuar el proceso de fiscalización a la Cicig, esperando que el Legislativo publique el informe y lo comparta con los organismos de Estado y las universidades nacionales, con el objetivo de evitar que se repita una historia de abusos en el sistema judicial.

“Ya el presidente del Congreso recibió nuestra inquietud de que esto se divulgue para conocimiento de las partes, de la misma Asamblea General de las Naciones Unidas y, quizás lo más importante, que el mismo sistema judicial de nuestro país pueda tomar en cuenta estos testimonios para que vean las presiones mediáticas y acusaciones. ¿Cuántos han culminado con sentencias sustentadas en pruebas? Dos o tres, de 50 que empezaron con puras acciones mediáticas”, indicó el diputado.

Retroceso judicial

Algunos políticos aseguran que con la salida de la Cicig se revirtieron todos los avances en la lucha contra la corrupción, considerando que no renovar el mandato fue un error para el fortalecimiento del sistema judicial.

“El sistema judicial está dando un retroceso importante, pero la Cicig deja un legado importantísimo, hay un antes y un después porque se puso más atención a los procesos judiciales y se establecieron rutas para mejorar la justicia en Guatemala. Aunque los principales actores no lo quieran hacer, deja ya una hoja de ruta para un mejor sistema judicial”, señaló Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla.

Una opinión similar expuso Carlos Chavarría, exdiputado del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo). “La Cicig tocó estructuras en Guatemala que nunca se habían tocado, hubo una reacción en su contra y de manipulación en medios. Ahora estamos de nuevo con un gran retroceso, un ejemplo clarísimo que se puede ver en el Congreso es que no se han elegido Cortes”, afirmó.

Jueces con independencia

Ante la salida de la Cicig las cosas han ido cambiando en los tribunales nacionales. Según abogados penalistas, se percibe mayor libertad en los jueces para resolver, lo que, aseguran, fue imposible percibir cuando operaba la Comisión.

“Lo que yo sí veo desde que ya no está la Cicig es que los jueces son más neutros al momento de definir su independencia judicial. Hablo de cuando se deben otorgar medidas sustitutivas, ya están tomando en cuenta, dejan la prisión preventiva como la última opción”, argumentó Arturo Miranda, penalista.

Azucena Paredes, también penalista, ha observado el mismo cambio en los jueces. “Se ha respetado más la presunción de inocencia, un principio tan básico que es la base del sistema acusatorio que manejamos en Guatemala; se ha respetado mucho más este principio, se han ido aplicando también las medidas sustitutivas, que también son garantías al principio de inocencia; se han puesto más en práctica los remedios procesales, sin presiones”, indicó.

“Muchas dificultades”

Con la salida de la Cicig, los sectores que aún respaldaban a esta institución depositaron su confianza en la Feci, que está liderada por el fiscal Juan Francisco Sandoval, profesional que asegura que a poco más de un año de la salida de la oficina anticorrupción las cosas no han sido fáciles.

“Con muchas dificultades, tomando en consideración la rearticulación de muchos actores que en su momento fueron objeto de persecución penal.

Las dificultades que se han visto incrementadas también con la situación sanitaria, que es algo que no estaba previsto; sin embargo, por parte del personal de la Fiscalía se ha hecho el mayor esfuerzo por mantener la calidad en las investigaciones, en el manejo de los casos y las audiencias”, explicó.

Sandoval agregó que todo el trabajo en conjunto les permitió hacer investigaciones de profundidad que les han llevado a tener sobre los hombros los procesos judiciales más emblemáticos del país.

“La convicción de los fiscales de Feci de que luchar en contra de las grandes estructuras del Estado es posible aun con todas las dificultades que hemos tenido, porque la presencia del organismo internacional permitía realizar investigaciones, que además de objetivas, eran independientes de cualquier organismo Estatal”, precisó.