“El Ministerio Público informa que INTERPOL Guatemala acaba de enviar aclaración a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, indicando que Mario Roberto Leal Castillo se encuentra localizado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”, aclaró el ente investigador dos horas después de conocerse la noticia.
Agregó: Interpol indica “en nuestro oficio anterior se manifestó que la persona en referencia se encontraba detenida, por lo que se corroboró la información recibida por dicho país y únicamente informan que se encuentra localizada en el referido país”.
Desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron el caso Traficantes de influencias, en enero de 2018, se sabía que el empresario estaba fuera de Guatemala desde 2016.
En ese caso, Leal Castillo es señalado de ser un intermediario entre empresas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para ofrecer servicios de agilización de la devolución del crédito fiscal a cambio de una comisión ilícita.
En su paso por la política, Leal Castillo acompañó en el binomio presidencial de las elecciones de 2015, pero en 2011 había sido financista del Partido Patriota (PP), cuando ganaron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
“Más allá de una ideología, buscamos el bienestar del país. Seguimos en la misma línea socialdemócrata”, defendió en 2015 Torres sobre los señalamientos contra Leal Castillo que provenían del expresidente Álvaro Colom.
Pero de aquel caso se desprende el más reciente contra Torres y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sobre financiamiento no reportado en 2015, por lo cual era reclamado por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con el MP y la Cicig, la UE utilizó tres empresas, MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y Grupo Empresarial San Felipe S.A., como “centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña”.
De esta forma, sostiene la investigación, el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Desde esas empresas llegaba el dinero de las comisiones ilícitas por las gestiones para devolución del crédito fiscal.
Desde la empresa Ingeniería Integral, S.A. llegaron Q3 millones 458 mil 407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., “los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE”.
La investigación señala que el retiro del dinero se hacía a través de mensajeros de empresas de Leal Castillo, así como personas afiliadas al partido, para cambiar cheques de MAARIV, S.A. y trasladar el dinero en efectivo.
Otras dos empresas involucradas en la canalización del dinero que las empresas recaudaban y administraban figuran el Grupo Empresarial San Felipe, S.A., cuyo representante legal es el diputado Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el retiro de inmunidad, y Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A., vinculada a la familia de Leal Castillo.
En total, las autoridades registran un financiamiento no reportado por Q19 millones 351 mil 753.
A pesar del señalamiento, la Corte Suprema dijo no al retiro de inmunidad de Torres y, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un amparo al MP para que la CSJ vuelva a conocer la solicitud de retiro de antejuicio, esta debe esperar la resolución del amparo en definitiva, para lo cual no hay tiempo, y que en la práctica deja la vía libre a Torres para que pueda participar en las elecciones del 16 de junio.
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