Más de 500 menores de edad fueron rescatados en cuatro meses de la pandemia

Las condiciones de vida en general se han visto afectadas y alteradas debido a la pandemia, pero en especial para los niños y adolescentes.

Las clases presenciales requieren de un protocolo seguro para los niños y adolescentes.  (Foto Prensa Libre: Pixabay).
Las clases presenciales requieren de un protocolo seguro para los niños y adolescentes. (Foto Prensa Libre: Pixabay).

Por la pandemia de la covid-19 las escuelas y los centros educativos fueron cerrados para evitar ser un foco de propagación del virus, por lo que los niños, niñas y adolescentes quedaron más vulnerables a ser víctimas de abusos y violencia en sus hogares.  De marzo a julio, las denuncias para conocer estos casos no pararon, mientras hay mayores dificultades para presentarlas y que los jueces las conozcan.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que 529 menores fueron rescatados desde el 16 de marzo al 15 de julio. Harold Flores, procurador de la Niñez y Adolescencia, afirmó también que en dicho lapso han recibido y atendido 4 mil 703 denuncias por vulnerar sus derechos y también cometer delitos en su contra.

Flores dio a conocer estas cifras durante el foro “Desafíos del cuidado infantil durante la pandemia del coronavirus”, en donde los jefes de las instituciones vinculadas con el resguardo y protección de menores de edad también compartieron los retos que han enfrentado en la emergencia sanitaria.

Resaltó que comparado con el mismo lapso de 2019 no existe ningún incremento de menores rescatados. “Desde que inició la pandemia tenemos registrados 529 casos, esto a diferencia del año pasado, donde se dieron 1 mil 258 casos con relación a misma fecha”, puntualizó.

Además, participó Leonel Dubón, director ejecutivo de El Refugio de la Niñez, y opinó que en la pandemia las personas tienen muchas dificultades para presentar su denuncia como, por ejemplo: la suspensión del transporte público y sobre que todo que ahora la Policía Nacional Civil (PNC) tiene otras asignaciones por lo que no toman las denuncias con rapidez.

“Las familias no has dicho que llegan a una subestación y los policías les dicen que están ocupados con el tema de la pandemia. Entonces, las relaciones han cambiado, la gente no tiene el mismo a denunciar”, señaló.  Dubón afirmó que de enero al 31 de julio de este año, se registran 13 violaciones diarias y el 90 por ciento se dan en una relación de poder que tienen los niños y niñas con algún familiar.

Dubón también advirtió que, aunque las condiciones de vida cambiaron, las denuncias no y siguen siendo presentadas por violencia, abusos y delitos que sufren los niños. Además, resaltó que de marzo a la fecha a la fecha han recibido más de 750 niños migrantes que retornan de Estados Unidos, de los cuales más 600 han sido reintegrados, bajo un convenio interinstitucional.

“El temor más grande que teníamos al inicio era que no los íbamos a poder reintegrar, porque las comunidades no nos querían recibir a los niños y las familias tampoco. Sin embargo, hay que recordar que ahora un niño migrante que regresa al país está en promedio 10 días en proceso de abrigo en protección en cuatro centros, tres de la secretaria (SBSI) y uno nuestro, y constantemente los equipos de PGN y SBS están viajando al interior para reintegrarlos”, destacó.

Niños institucionalizados

Las condiciones de vida en general se han visto afectadas y alteradas debido a la pandemia, pero en especial para los niños y adolescentes y sobre todo los que están institucionalizados, porque podría agravar aún más su situación.

Amalia Mazariegos, secretaria de niñez y adolescencia del Organismo Judicial (OJ), reconoció con tristeza que, uno de los grandes desafíos que enfrenta el país es la falta de atención a los niños y niñas y la institución debe conocer los casos que necesitan ser judicializados porque no existen suficientes programas o políticos dirigidos a estos grupos.

“Retomo las palabras de uno de los jueces más importantes que tenemos y es que judicializamos los derechos de los niños y niñas porque se necesita. Durante los años 2016 a 2019, podemos hablar de que ingresan al sistema judicial entre 20 y 25 mil niños, niñas y adolescentes de manera anual que requieren de atención y protección especial de los órganos jurisdiccionales”, puntualizó.

Según Mazariegos, el OJ durante la pandemia ha continuado con las audiencias, porque se adecuaron a realizarlas en línea. “Guatemala es un país que, tiene enormes distancias, los traslados no son fáciles y el transporte público no está autorizado para circular y en algunos lugares el costo para trasladarse es muy alto y eso motivó para que los Juzgados de Instancia se coordinaran con los de Paz para que habilitaran espacios y ahí las personas pudieran conectarse a Zoom y atendieran el llamado que realizan los jueces de Niñez y Adolescencia”, destacó.

También resaltó que hay 30 órganos jurisdiccionales especializados para conocer casos de niñez y adolescencia mediante los Juzgados de Paz en todo el país. No obstante, aunque existe un censo de 2019, que reveló que 3 mil 863 menores estaban institucionalizados, Mazariegos indicó que la cifra ha disminuido y es de 3 mil 142.

No obstante, Érick Cárdenas, director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), señaló que hasta julio pasado había 4 mil 066 menores institucionalizados, de cuales 2 mil 322 eran niñas y 1 mil 744 niños en los 147 hogares de protección en todo el país.

Además, resaltó que coordinó ayuda humanitaria para algunos hogares, ya que, durante la pandemia han sido afectados porque sus benefactores ya no pudieron ayudarlos. También señaló 70 niños fueron integrados con familias y más de 200 niños han sido declarados adoptables.