Mingob impulsa construcción de nueva cárcel de máxima seguridad en Escuintla

El Ministerio de Gobernación presupuesta una erogación de US$88 millones en una prisión de máxima seguridad para tres mil condenados.

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En este terreno ubicado en el municipio de Masagua, Escuintla, planea el Ministerio de Gobernación, construir una cárcel de máxima seguridad usando los fondos de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Foto cortesía Mingob.
En este terreno ubicado en el municipio de Masagua, Escuintla, planea el Ministerio de Gobernación, construir una cárcel de máxima seguridad usando los fondos de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Foto cortesía Mingob.

En el 2020, recién llegado a la presidencia, Alejandro Giammattei, ofreció que construiría una cárcel de máxima seguridad para ubicar a privados de libertad de alta peligrosidad y aislarlos de otras prisiones donde suelen provocar problemas.

Napoleón Barrientos, cuarto jefe del Ministerio de Gobernación (Mingob) en la administración de Giammattei, reavivó el proyecto, y dijo que por ahora trabajan en la adjudicación de la obra. El lugar donde la edificarán será en el sureño municipio de Masagua, Escuintla.

La prisión, según los registros oficiales, consta de cuatro módulos, y albergaría a por lo menos tres mil privados de libertad condenados por delitos graves, según explicó Barrientos vía telefónica.

“El objetivo”, agregó el funcionario, “es liberar el resto de las prisiones del país, porque actualmente tenemos un 400 por ciento de hacinamiento”.

La última cárcel que se construyó en el país fue la de Fraijanes, en el 2009, pero esta obra dio mucho de qué hablar y llevó a los exministros de Gobernación Salvador Gándara y Raúl Velásquez ante la justicia por los malos manejos que se hicieron de los Q17 millones que se usaron para el remozamiento.

 

Préstamo millonario

Los fondos para ese proyecto, y otros más dentro de las ocupaciones del Mingob, vienen de un préstamo internacional que se aprobó en abril del 2020.

El oficialismo en el Congreso, y algunos aliados, con 111 votos, aprobaron un préstamo de US$300 millones —unos Q2 mil 280 millones— para financiar un contrato denominado “programa de inversión y modernización para el sector justicia”.

En abril del 2020, un mes después de iniciada la emergencia por la pandemia de covid-19, nació a la vida jurídica el decreto 16-2020. Las instituciones que usarán estos fondos son el Mingob —US$177 millones—, el Organismo Judicial (OJ) y los institutos de la Defensa Pública Penal (IDPP) y de Ciencias Forenses (Inacif).

El decreto habilitó la posibilidad de “ejecutar programas de infraestructura y equipamiento para las instituciones del sector justicia, ampliar la cobertura de las entidades para impartir justicia, permitir la construcción de nuevos juzgados y dignificar la labor de las fuerzas de seguridad”.

“El tema de la pandemia de covid-19 hizo que el Gobierno se enfocara en otras prioridades, pero ahora hemos visto que se hace necesario retomar el tema”, manifestó Barrientos.

La cárcel de máxima seguridad, con una capacidad para tres mil privados de libertad de alta peligrosidad, la construirán en un área desolada del municipio de Masagua, Escuintla.

El costo de la prisión será de US$88 millones, según confirmó el titular del Mingob. Su antecesor, Gendry Reyes, había adelantado que ese sería el costo de la obra.

El resto de los fondos se destinaría a mejorar otras prisiones en el país y también fortalecer a algunas direcciones de la Policía Nacional Civil, además de comprar vehículos para las instituciones de seguridad.

De acuerdo con Barrientos, el proceso avanza y están en fase de dar a conocer las bases para licitar la obra.

 

Inversión de calidad

“Es una buena oportunidad, y es importante que se pueda ejecutar este préstamo de la manera más eficiente y productiva para el país, con infraestructura carcelaria que reúna todos los requisitos de calidad”, expresó Corinne Dedik, experta en Derecho Penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Dedik aseveró: “Definitivamente hay que invertir en nueva infraestructura. Ese préstamo es para eso, para la edificación de infraestructura carcelaria que incorpore estándares internacionales y que más adelante no tengamos obras caducas muy rápido”.

De acuerdo con la experta, la prisión de máxima seguridad debería ser construida con los más altos estándares, siguiendo diseños de arquitectura penitenciaria, utilizando materiales adecuados y que se incorpore tecnología de punta para evitar que se siga extorsionando.

“Lo más importante, claro, y va de la mano con la infraestructura, es que el personal que lo maneje sea nuevo, profesional y mejor capacitado. Que esté entrenado con un régimen interno para este tipo de prisiones”, indicó Dedik.

Aclaró que junto con esta obra se debería de modernizar el resto de los centros de privación de libertad, porque algunos ya rebasaron su vida útil y requieren adecuarlos a la realidad actual, porque son lugares del siglo pasado y con deficiente tecnología.

Urgente y necesario

Carlos Menocal, experto en tema de seguridad y exministro de Gobernación, explicó que la construcción de una cárcel de máxima seguridad se hace necesaria y urgente en el contexto que vive el Sistema Penitenciario en el país.

Pone como ejemplo el hacinamiento, que casi alcanza el 400%, y también la dinámica criminal y que propicia problemas en los centros carcelarios actuales.

Menocal recordó que en la carpeta de ese préstamo del BCIE se preveía edificar dos centros de privación de libertad, además de comprar vehículos y tener más recurso humano para fortalecer al Sistema Penitenciario.

El préstamo, según Menocal, está diseñado para desembolsar los fondos en seis años. Es decir, explicó, el Gobierno puede dejar las bases para mejora en una medida las condiciones de las prisiones en el país.

“Es urgente que se construya la prisión, pero también se deben considerar otras cosas como la alta tecnología que se usará, la capacitación de nuevo personal, y asegurar que este centro carcelario reunirá estándares internacionales para cumplir su función real”, explicó Menocal.