Vera Guzmán, abogada de los fiscales Sandoval y González, explicó vía telefónica que prepara sus alegatos y argumentos para la audiencia de oposición ante Susan Sabrina Salazar Escobar, titular del Juzgado de Turno de Femicidio, quien dictó medidas cautelares a favor de la presidenciable de la UNE, y les prohibió a los fiscales “acercarse, perturbar o ser intimidada”.

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“Nos llama la atención que la jueza Salazar Escobar pregunte a qué Fiscalía fue remitido el expediente”, explicó la abogada Guzmán.

El caso

La juzgadora dictó el 4 de abril último medidas de protección en favor Torres con las cuales prohibió que sea “perturbada” o “intimidada” por los fiscales Sandoval y González, quienes solicitaron el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial de la UNE para que sea investigada por financiamiento electoral no registrado, aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó sin entrar a conocer.

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La jueza Salazar Escobar le ordenó al director de la Policía Nacional Civil (PNC) que “por razón de turno y urgencia” en un plazo de 12 horas ejecute las medidas y que informe sobre su avance en 48 horas. Asimismo, el documento ordenó que Torres debe ser auxiliada por la PNC “cuando ella lo requiera”.

Tanto Sandoval como González accionaron en la judicatura con un recurso de oposición y le solicitaron una audiencia a Salazar Escobar el pasado 5 de abril. La audiencia de oposición fue fijada para el 5 de mayo próximo.

“Esperamos que avancen las pesquisas en la Fiscalía de Asuntos Internos y que este caso sea desestimado”, dijo Guzmán.

Como adelanto de sus argumentos a favor de los fiscales explicó la importancia de la competencia. “A la jueza de Femicidio no le compete conocer el abuso de autoridad, además, es muy importante que cualquier mujer a quien le dicten medidas cautelares debieron haber pasado por una evaluación en la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, donde un psicólogo redacta un informe, y eso no existe”, mencionó Guzmán.

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Fiscal General los apoya

El 7 de abril pasado en las redes sociales del Ministerio Público (MP) fue compartido un comunicado de la fiscal General, María Consuelo Porras, en relación a la decisión judicial que afecta al jefe de la Feci y al fiscal asignado al caso financiamiento electoral no registrado en la UNE durante la campaña 2015.

“Mi total apoyo a las y los Fiscales del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo establecido en la ley, y bajo los principios de objetividad e imparcialidad,ya que su labor y esfuerzo son parte fundamental y base de un Estado de Derecho”, especificó.

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de Guatemala compartió un comunicado con la preocupación debido a la situación a Sandoval y González.

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La entidad Acción Ciudadana (AC) planteó una acción por falta gravísima contra la juzgadora ante la Junta de Disciplina Judicial del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).

Medidas

Las medidas de protección prohíben tanto a Sandoval como González Arteaga, fiscal a cargo de la investigación por financiamiento electoral no registrado de la candidata de la UNE, “que perturben o intimiden a la presunta agraviada y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social”.

Audio de Torres

El pasado 15 de marzo, durante una audiencia relacionada con el caso de financiamiento electoral no registrado, el fiscal González Arteaga solicitó permiso para reproducir 50 audios en los que, aparentemente figuraban cuatro sindicados, pero la jueza de Mayor Riesgo D, Claudette Domínguez, no lo permitió ante la posibilidad de que ahí figurara Torres, puesto que para ese entonces ya gozaba de inmunidad y recién la CSJ había desestimado una solicitud de retiro de inmunidad en su contra.

Sin embargo, días después, en un audio al que Prensa Libre tuvo acceso, se reveló cómo el empresario Gustavo Alejos, uno de los procesados por el caso, era el recaudador de fondos para su campaña, e incluso, hablan de un aporte de Q40 millones para la campaña de 2015 que no habría sido registrado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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