Justicia

MP pide retiro de antejuicio contra jueza que dictó libertad para exministro Napoleón Barrientos

MP solicita el retiro de antejuicio contra la jueza Wendy Yaneth Coloma Alburez y la señala de emitir resoluciones violatorias a la Constitución, tras dictar falta de mérito en favor del exministro Napoleón Barrientos.

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La Fiscalía ha solicitado el retiro de antejuicio contra la jueza Wendy Yaneth Coloma Alburez por presuntas resoluciones violatorias a la constitución. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Fiscalía de Delitos Administrativos ha presentado este viernes 9 de febrero una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la jueza Wendy Yaneth Coloma Alburez, encargada del Juzgado Duodécimo Penal, por la posible comisión del delito de resoluciones violatorias a la constitución.

Según la Fiscalía, Coloma Alburez, presuntamente podría haber llevado a cabo actos arbitrarios y contrarios a la ley al resolver falta de mérito a favor del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y ordenar su libertad.

En un comunicado la Fiscalía amplió que la acusación se basa en una resolución en la que Corte de Constitucionalidad, en fecha 18 de octubre de 2023, certificó lo pertinente al Ministerio Público (MP), indicando que Barrientos Girón incumplió y desobedeció lo determinado por dicha Corte.

“Según la Fiscalía, Coloma Alburez valiéndose de su cargo como jueza del órgano jurisdiccional en mención pudo haber realizado actos arbitrarios y contrarios a la ley al resolver falta de mérito a favor del señor David Napoleón Barrientos Girón, puesto que la Corte de Constitucionalidad con fecha 18 de octubre de 2023 certificó lo conducente al Ministerio Publico indicando que, Barrientos Girón incumplió y desobedeció lo determinado por la referida Corte al no acatar lo resuelto de manera íntegra, efectiva y sin excusas mediante acciones idóneas y pertinentes”, se lee en el comunicado del MP.

En ese sentido, según el MP, la juez como funcionaria pública, al emitir falta de mérito a favor del señor Barrientos Girón, “se excedió y emitió una resolución violatoria a la ley”.

“En dicho caso, al emitir falta de mérito a favor del señor Barrientos Girón se extralimitó y emitió una resolución violatoria a la ley, ya que según lo establece el Código Procesal Penal, esta figura debe aplicarse siempre y cuando se cumplan o se den los presupuestos legales que infiere la norma”, agrega el comunicado.

“La Fiscalía considera que la jueza no emitió la resolución apegada a Derecho ni a las constancias procesales, no aplicó la ley en forma correcta, mucho menos la sana crítica razonada puesto que, la ley establece que, en la audiencia de primera declaración, el Ministerio Publico debe acreditar indicios racionales suficientes de criminalidad para creer que una persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo”, explica también el MP.

La fiscalía también asegura en el comunicado: “Así también la jueza indicó que no se presentaron medios de prueba suficientes para ligar a proceso penal a Barrientos Girón, a pesar de que en la primera declaración lo que la ley exige son medios de convicción o indicios”.

Por esas razones, concluye que “la Fiscalía considera que el actuar de la jueza no fue apegado a Derecho y con ello limitó el ejercicio de la acción penal pública que por Imperativo constitucional le corresponde al MP”.

Captura de exministro Napoleón Barrientos

La situación legal del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, cobró relevancia al ser detenido a petición del Ministerio Público (MP) que lo acusa de no acatar una orden de la CC para desalojar a manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal  general Consuelo Porras.

El martes 16 de enero, durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Duodécimo, la jueza Coloma Alburez, argumentó que el MP no sustentó adecuadamente su acusación, señalando que solo presentó indicios y no pruebas suficientes para ligar a Barrientos a un proceso penal por lo que lo benefició con falta de mérito.

La captura de Barrientos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 11 de enero se produjo en el contexto de su presunta desobediencia a la orden judicial para despejar bloqueos de rutas de octubre de 2023.

La detención ocurrió poco después de que la Fiscalía solicitara a la CC su destitución, argumentando que había omitido actos propios de su función al no cumplir con una resolución de la CC.

La renuncia de Barrientos al cargo de ministro de Gobernación se dio el 16 de octubre anterior en medio de la tensión social.

Las manifestaciones que exigían la salida de la fiscal Porras generaron cierres de carreteras en varias regiones del país, incluida la capital.

Previamente a su liberación, Barrientos cuestionó su detención, asegurando que siempre habían cumplido con las directrices de la CC desde el Ministerio de Gobernación, y manifestó su sorpresa por el cambio en la dirección del caso por parte del Ministerio Público.

Tras la aprehensión de Barrientos, el MP informó que el exministro “omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, y en especial la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales al no cumplir con lo ordenado en resolución de fecha 16 de marzo del año 2023 emitida por la Corte de Constitucionalidad”.

En la resolución de marzo de 2023 a la que el MP hace mención, la CC otorgó un amparo a José Alejandro Córdova,  jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien presentó el recurso contra el Presidente de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación y el Director General de la Policía Nacional Civil.

Córdóva señaló  “como acto reclamado la amenaza de que las autoridades denunciadas no garanticen la seguridad y la protección de las personas, libertad de acción, libertad de industria, comercio, trabajo, derecho a la educación, la libre locomoción de la población que se ve afectada por los diferentes bloqueos que realizan personas que hacen manifestaciones en la vía pública, derivado de que las autoridades cuestionadas, frente a las mencionadas manifestaciones, no han impedido el bloqueo de calles y carreteras, ni han velado por asegurar la libertad de locomoción y los demás derechos de las personas que no participan en las manifestaciones y que continuamente se ven afectadas por tales medidas, las cuales son contrarias al legítimo ejercicio del derecho de manifestación”.

Por su parte, Barrientos tras su captura, sostuvo: “Si hubiéramos actuado con violencia, hubiéramos podido incendiar el país en uno marco que hubiera sido tal vez imparable. Así es que la Policía fue muy prudente, las diferentes instancias del ministerio hicieron las recomendaciones pertinentes y nosotros creemos que actuamos correctamente”.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.