Edmond Mulet, candidato a la Presidencia de la República por el partido Cabal, presentó una querella contra el juez Jimi Bremer, quien ordenó que el Ministerio Público (MP) investigara a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación.

El juez ordenó las investigaciones en contra de periodistas luego de que aceptara una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que los vincula con el caso que se lleva en contra del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.

De acuerdo con Mulet, quien dio una conferencia de prensa, en la denuncia se señala al juez Bremer de la posible comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación a la Constitución.

Se informó que la querella en contra del juez Bremer se tramita como una solicitud de antejuicio, por lo que deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá conocer la solicitud del retiro de inmunidad del juzgador y establecer si el MP debe investigar para determinar si cometió los delitos que se le señalan.

“No se puede permitir que se quiera acallar a la prensa, solo los dictadores, tiranos y totalitaristas se oponen a su escrutinio”, señala un comunicado de Cabal, que agrega que “la Libertada de prensa Salvaguarda la democracia de una nación”.

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“Las resoluciones recientes del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez de pretender investigar a periodistas por sus publicaciones sienta un terrible precedente para nuestra nación. La Ley es muy clara: es libre la emisión del pensamiento y no podrá ser restringida, ni perseguida”, escribió Las resoluciones recientes del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez de pretender investigar a periodistas por sus publicaciones sienta un terrible precedente para nuestra nación. La Ley es muy clara: es libre la emisión del pensamiento y no podrá ser restringida, ni perseguida” escribió Mulet en su cuenta de Twitter.

El pasado 28 d febrero, el juez Jimi Bremer ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria, por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual que fiscalizan a funcionarios públicos.

El 9 de marzo pasado, organizaciones internacionales rechazaron la “persecución infundada” contra periodistas en Guatemala y criticaron la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, pues ello “amenaza gravemente la libertad de prensa” en ese país.

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Entre algunos de los firmantes del pronunciamiento se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Latin America Working Group, Fundación para el Debido Proceso, Robert F. Kennedy Humans Rights, Jotay, Wola, GHRC, Impunity Watch, Article 19, Be Just y American Jewish World Service.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el “agravamiento de la regresión democrática que vive Guatemala”.

“La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Público se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno y a los grupos de poder”, explica el documento firmado por las organizaciones.

Según el pronunciamiento, estos hechos contradicen el mandato de “fortalecer” y “garantizar” el derecho a la libertad de expresión de la prensa, reafirmado con el establecimiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Guatemala.

“La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. En este sentido, se debe resaltar la labor de las personas periodistas, ya que juegan un rol esencial al informar a la ciudadanía sobre procesos judiciales donde se alegan violaciones a derechos humanos y realizar críticas al desempeño de autoridades o particulares con exposición pública”, cita el texto.

Las organizaciones recordaron que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado de Guatemala abstenerse de utilizar procesos penales cuando se difunden informaciones periodísticas sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.

Con información de EFE

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