Por segundo día, Estados Unidos se pronunció en torno a la designación de Mynor Moto, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ya fue juramentado por el Congreso, pero el tribunal aún no le ha dado posesión del cargo, mientras aguardan 12 recursos legales contra ese nombramiento.

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“Confío en que respeten la soberanía de Guatemala”: Mynor Moto en su intento por tomar posesión en la CC

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, emitió una declaración y divulgada en Twitter, un día después de que hiciera lo propio Julie Chung, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ambos sobre Moto y la integración de la Corte.

The fair and transparent selection of Guatemala's Constitutional Court justices is critical for democracy. We value the U.S.-Guatemala partnership and support the fight against endemic corruption and impunity to help build a future Guatemalans deserve. https://t.co/wmMBtGSK2m

— Ned Price (@statedeptspox) January 28, 2021

“Seguimos de cerca el intento del Congreso de Guatemala de nombrar magistrado de la Corte de Constitucionalidad a una persona con serias acusaciones en su contra. Esto incluye acusaciones de conspiración para obstruir la justicia y evidencia de compromisos pasados ​​con Gustavo Alejos, a quien el Departamento previamente designó públicamente por actos corruptos que socavaron el estado de Derecho en Guatemala”, asevera Price.

Efectivamente, el 8 de junio de 2020, Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio a Alejos y su familia. El exsecretario privado de la gestión presidencial de Álvaro Colom (2008-2012) está preso y procesado en por lo menos cinco casos de corrupción.

Price también se expresó sobre los efectos de la juramentación de Moto. “Este nombramiento por parte del Congreso de Guatemala pone en duda la integridad del tribunal más alto de Guatemala, lo que debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de Estados Unidos”.

Y finalizó la declaración con un compromiso por ayudar a Guatemala en la lucha contra la corrupción y la impunidad: ” El Departamento de Estado valora nuestra asociación con el presidente Giammattei y nuestros lazos de larga data con Guatemala, y está comprometido a apoyar la lucha de Guatemala contra la corrupción endémica y la impunidad, un paso necesario hacia el futuro próspero y seguro que merece el pueblo de Guatemala”.

Moto y Alejos

El vínculo que señala Washington entre Moto y Alejos apunta al supuesto interés del magistrado constitucional juramentado por hacerse del control del caso Comisiones paralelas 2020, donde el Ministerio Público (MP) identifica una red en la que participa Alejos y que busca influir en la elección de cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones que está varada en el Congreso.

Allí, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Moto habría intentado tomar el control del caso a petición de un particular, Dennis Billy Herrera Arita, hermano de Douglas Herrera, un exintegrante de la comisión de postulación de cortes de Apelaciones. Según el MP, Dennis Herrera Arita ha tenido comunicación directa con Alejos a través de mensajería de celular.

Aunado a eso, y en el cargo de su aspiración a ser magistrado de la CC por el Colegio de Abogados, Moto se reunió el 11 de diciembre de 2020 con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y Juan Carlos Borrayo Carbajal, abogado de Alejos en el caso Negociantes de la Salud.

Por estos hechos la Feci pidió el retiro del antejuicio de Moto. También planteó otro proceso contra Moto por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Piden transparencia

El Grupo de Donantes G-13 instó en un comunicado a que la próxima elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad sea “transparente” y con “candidatos idóneos” para ocupar esos puestos.

En la misiva, el grupo explicó que se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y el rector de la Universidad de San Carlos, quienes les explicaron el proceso de selección y nombramiento de los candidatos.

Agrega que “diversos sectores de la sociedad guatemalteca han destacado la importancia del proceso y se han unido a esa solicitud de transparencia”.

El texto está firmado por las embajadas en Guatemala de España, Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reuno Unido, delegados de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y miembros del Grupo de Donantes.