Opuestos: ¿Debe la fiscal general hacer rotaciones en las fiscalías a 7 meses de su salida?

Siete meses faltan para que se renueve el jefe del Ministerio Público, por lo que los cambios de jefaturas en fiscalías generan posiciones encontradas respecto al fondo de las decisiones.

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Sede del Ministerio Público. (Foto: Hemeroteca PL)
Sede del Ministerio Público. (Foto: Hemeroteca PL)

La última rotación, de la fiscalía de Derechos Humanos, levantó una discusión sobre una supuesta intencionalidad de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de debilitar investigaciones. No obstante, en el otro extremo, hay quienes defienden la autonomía de la Fiscalía General y confían que los cambios son positivos.

Los criterios divididos los exponen el abogado penalista César Calderón, quien hace una valoración positiva del MP en los últimos años y destaca el derecho de Porras de tomar decisiones para mejorar el trabajo del MP, como una actividad inherente de su cargo.

En el otro extremo, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), advierte que estos cambios no solo debilitan las fiscalías, sino son parte de un plan más amplio para debilitar el sistema de justicia, a favor de grupos con intenciones opacas.

La discusión está servida y estos son los argumentos de los profesionales del Derecho, en relación con los acontecimientos.

A favor:

Decisiones están basadas en ley

El abogado litigante César Calderón opina que los cambios que ha ordenado la fiscal general Consuelo Porras en las fiscalías del Ministerio Púbico (MP) “están basadas en ley” y que ella es la jefa de la institución y “puede hacer lo que bien le convenga”.

A criterio del abogado, Porras no es la primera fiscal que hace este tipo de rotaciones ya que “todos los fiscales han cambiado gente”; además, considera que los cambios obedecen a la reubicación de gente que es experta en otros cargos y en otros casos puede obedecer a la necesidad que tenía la institución de “oxigenarse”

Porras ha efectuado una serie de cambios desde julio pasado cuando. El pasado 11 de octubre anunció los más recientes que incluyen el relevo de Hilda Elizabeth Pineda García, quien estaba al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, cambio que ha generado fuertes crítica y señalamientos.

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Pineda conoció casos de alto impacto, posiblemente el más sonado el del exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt que terminó con una sentencia de 80 años que después fue revertido por la Corte de Constitucionalidad.

Pero Calderón considera que los cambios son “oportunos, buenos y están cumpliendo con el cometido para el cual fue creado el MP” que es perseguir a quienes cometen delitos.

Añadió que con las rotaciones que dan en las jefaturas de las fiscalías no se altera el trabajo investigativo porque estos procesos son independientes de los cambios.

“Los casos penales pendientes y las investigaciones no tendrían por qué sufrir ninguna alteración, eso es mala publicidad que le hacen a la fiscal los grupos interesados en cosas”, aseveró Calderón. “La investigación siguen, el MP sigue, son miles de casos los que tratan al día, eso es mala información que le dan a la población”.

Respecto a los señalamientos de que estos cambios pueden favorecer al crimen organizado, el abogado señaló que son “nada más que calumnias”, puesto que, a su parecer, Porras “está haciendo cambios trascendentales que no ha hecho ningún fiscal.

Coyuntura

Porras ha efectuado los cambios a pesar de que EE. UU. ha señalado que no la considera una socia de confianza dentro del MP y que fue incluida en la lista Engel de señalados de corrupción.

En ese sentido, Calderón lamentó que EE. UU. no le haya dado “el más mínimo beneficio de la duda a la fiscal general”, a la vez que destacó que a la fecha no se ha concretado ningún acto de corrupción.

“Me parece un desatino del Gobierno de EE. UU. y una intromisión abusiva en el Gobierno de Guatemala. Un acto de poca cuantía, poca observancia y poco análisis. EE. UU. no se tomó un minuto para observar el trabajo de la fiscal”, concluyó Calderón.

En contra

Existe una estrategia de debilitamiento del sistema

El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Nery Rodenas, considera que la fiscal general Consuelo Porras ha tomado “decisiones inapropiadas” al relevar a importantes cuadros del Ministerio Público (MP) a otras posiciones donde sus habilidades y experiencias probablemente no vaya a ser explotada.

Como ejemplo, citó el cambio en la Fiscalía de Derecho Humanos, donde la titular Hilda Elizabeth Pineda García, “venía haciendo un trabajo muy bueno”. “El cambio nos sorprende y no le encontramos ninguna lógica”, dice Rodenas, al destacar importantes avances en “muchos procesos” a cargo de dicha fiscal.

Los cambios en las jefaturas de fiscalías es una facultad de la fiscal general regulada en el artículo 11 numeral cuarto de la Ley Orgánica del MP, como parte de las acciones que pueden adoptarse para el fortalecimiento institucional y garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal.

El MP informó que las rotaciones son para “dar continuidad a las acciones de fortalecimiento institucional, garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal y continuar con la disminución de la mora fiscal”, y que efectuaron “con base en la experiencia, capacidad, hoja de vida de las y los profesionales que ahora ocuparán los cargos y de acuerdo con las necesidades en la prestación del servicio”.

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Pero Rodenas afirma que el objetivo de los cambios en estas fiscalías importantes puede obedecer a una intención de debilitar el desarrollo de los casos de alto impacto, lo que sería un retroceso en la administración de justicia.

“Creemos y leemos que existe una estrategia para debilitar estos procesos que afectan los intereses de grupos que tienen poder en el país”, expuso el director de la Odha. “Al finalizar el periodo de la fiscal general se pretendería dejar lista una situación que busque retrasar los procesos”, agregó.

“En todo lo que se ha avanzado se está retrocediendo porque hay gente con experiencia que está dejando casos importantes, y es parte de una política, no vemos otra lógica, de debilitar los casos de impactos social”, enfatizó Rodenas.

Buscan fortalecerse

Al ser consultado sobre cómo analiza los cambios a la luz de los señalamientos que EE. UU. ha hecho a Porras, Rodenas indicó que de alguna forma parece que ciertos grupos que actúan al margen de la ley tratan de fortalecer sus posiciones y ponen en práctica estrategias que de alguna forma terminan afectando a la justicia y propician el debilitamiento del estado de derecho.

Estos grupos, a juicio de Rodenas, “son los que históricamente han tenido a Guatemala a sus pies”, por lo cual a pesar de las sanciones de EE. UU. contra Porras buscan fortalecer sus intereses “no importa si a costa de la pérdida de credibilidad de Guatemala” porque el objetivo su principal objetivo es fortalecer “todo lo que les da privilegios y les permite enriquecerse”.