En total, suman 16 destituciones confirmadas. Lo anterior abre la discusión sobre los efectos que puede tener sobre el avance de casos y, en general, el desempeño del ente investigador.
Dos profesionales del Derecho, con puntos de vista encontrados, analizan las últimas decisiones tomadas por la fiscal general Consuelo Porras.
Para Alejandro Rodríguez, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público (2008-2014), es una decisión ilegal, arbitraria y en contra de principios de independencia judicial; además considera que genera un clima de inestabilidad laboral y debilita la carrera fiscal, la cual existe para garantizar investigaciones objetivas.
Mientras que para el abogado penalista Raúl Falla, es un acto normal en una nueva gestión de Porras debido a que debe tener a personas de confianza trabajando muy de cerca y por la información a la que pueden tener acceso.
“El estado de derecho en Guatemala está profundamente debilitado por la inexistencia de la independencia judicial”, Alejandro Rodríguez.
¿Cómo califica las recientes destituciones de fiscales?
Es ilegal, arbitraria y va en contra de las disposiciones internacionales en materia de independencia fiscal, los principios básicos de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales y garantiza que no se debe atentar contra la independencia fiscal a través de traslados, permutas y destituciones; lo que hace es generar un clima de inseguridad laboral, zozobra, temor y compromete el derecho de los ciudadanos a una justicia independiente.
¿Es normal que en una nueva gestión del MP se realicen cambios?
La fiscal se basa en algunos pactos internos, pero la ley orgánica del MP establece cual es el único procedimiento que se puede aplicar para que las personas puedan ser destituidas, o bien, sancionadas. Las destituciones nunca van a ser normales, pero con estas actitudes lo que hay es ese poder de coerción, de presión sobre los fiscales, que si ellos no hacen lo que se les ordena son despedidos.
¿Qué representan este tipo de acciones?
Con la persecución penal y destitución arbitraria lo que quieren es asegurar por parte de la jerarquía del MP, un control absoluto sobre los fiscales para que puedan hacer una persecución penal que no es conforme a la ley, sino que apegada a la manipulación y a los intereses del pacto de corruptos.
¿Qué pasa con la carrera fiscal?
Esta existe por una circunstancia especifica y es para garantizar investigaciones objetivas, imparciales y que no sean manipulables por la superioridad, y esto ha generado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual es obligatoria para todos los Estados incluyendo Guatemala, imponga que los fiscales tienen garantías reforzadas de inamovilidad y solo pueden ser removidos cuando existe una causal justificada, comprobada y luego de un debido proceso.
Y lo mismo se podría decir en la carrera administrativa en el MP, los puestos deben de darse por oposición, en concursos públicos y una vez que una persona ha ganado su puesto no puede ser destituida, sino por causales específicas y establecidas en la propia ley orgánica.
¿Por qué Guatemala fue incorporado en el capitulo IV de la CIDH como violador sistemático de los derechos humanos?
Fue incorporado precisamente por la falta de garantías de independencia judicial y fiscal en el ejercicio del cargo, lo cual está dando lugar a persecuciones penales y destituciones arbitraria, este tipo de acciones lo que buscan es un control absoluto, para que puedan hacer una persecución penal conforme a la ley.
“Es una decisión legitima, cualquier funcionario nombra personal de confianza para trabajar”, Raúl Falla, penalista.
¿Cómo evalúa las recientes destituciones de fiscales?
Los mecanismos de inteligencia en el MP funcionaron, es una decisión legitima y el primer paso fue la destitución de estas personas que tenían un rango de confianza y por eso tenían acercamiento a cierta información precisa y el segundo paso serán acciones legales por posible incumplimiento de deberes, todo ello se detectó y se actúo con prontitud por parte del despacho. Tenemos entendido que aún hacen falta otros cambios que se estarán concretando en los próximos días, más que todo enfocados en fiscalías.
¿Considera normal las recientes remociones en la administración de Consuelo Porras?
Cada fiscal general al igual que cualquier funcionario nombra a su personal de confianza, con quien tenga empatía para trabajar y delegar una orden, toda administración para que realmente pueda funcionar debe asumir retos importantes, personas que no tengan ideologías, que no vengan politizadas y que no tomen parte por ningún bando, para que realicen su trabajo con objetividad.
¿Considera que los nuevos cambios generan confianza?
Hoy tenemos confianza que la Subsecretaría General del MP, la Unidad de Escuchas Telefónicas y la fiscalía de Derechos Humanos, entre otros cambios que están por darse, van a guiar esa brújula por el camino de legalidad, no de intereses personales, espurios o siguiendo una agenda de Estados Unidos. Va a traer para el MP paz y tranquilidad para que se puedan desarrollar una mejor investigación en casos de materia penal.
La fiscal Porras ha tenido el apoyo nacional e internacional, pues tres congresistas de Estados Unidos enviaron una misiva super clara criticando las actuaciones de Todd Robinson.
¿Cómo impactarán estos cambios en los casos ya iniciados y los que están por comenzar?
Los cambios van a traer consecuencias positivas para la institución, pero principalmente para el país, yo creo que los cambios implementados trajeron certeza jurídica a Guatemala, desde luego que se terminaron las investigaciones desproporcionadas y hoy los guatemaltecos tenemos la certeza que si una acusación es presentada ante un órgano jurisdiccional, la misma va ser respaldada y no va estar fundamentada en motivos políticos y espurios.
¿Dónde queda la carrera fiscal?
Es una prerrogativa que se le asigna a todo empleado público siempre y cuando este cumpla con las condiciones y el objetivo de respetar su lugar de trabajo, no ausentarse, no hacer reuniones o manifestaciones en contra de su patrón, esto aplica tanto para la carrera fiscal, como la judicial y dependencia administrativa. Si es un buen empleado y trabaja de forma consciente y responsable va a conservar su trabajo por muchos años, el problema es cuando se da un abuso de autoridad y a este se le suma un ingrediente ideológico y partidista.
