Dicha acción es producto de una denuncia que presentó el Colectivo Artesana ante la PGN, lo que generó que se promoviera la misma ante el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana con la finalidad de que “se establezca a través del proceso a qué Institución le corresponde cumplir con esa obligación” detallaron por parte de la PGN.
No obstante, existe una sentencia emitida el 4 de diciembre de 2020, por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, que ordena a la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y a la Dirección General del Sistema Penitenciario “realizar las gestiones respectivas para coordinar el suministro de la alimentación” se lee en el fallo. De esta cuenta se firmó un convenio entre la Sosep y Colectivo Artesana.
Sin embargo, desde el 30 de enero del 2022, la Sosep interrumpió el traslado de los recursos que forman parte de un convenio que permite alimentar a 70 menores, con el argumento de hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) al convenio, los cuales son “de tipo administrativo” es decir, errores que ha cometido la Sosep.
Como consecuencia de la suspensión del convenio, la organización habilitó un centro de acopio para la colecta de alimentos, a fin de garantizar el derecho de la alimentación para los pequeños que se encuentran con sus madres prisioneras.
Sin hallazgos
De acuerdo con un oficio de la CGC al que Prensa Libre tuvo acceso, identificado con el número CGC-DA-10-SOSEP-242-2021, en el que se especifica la entrega de documentación relacionada a una auditoría practicada y en mismo no se detallan reparos o hallazgos a Colectivo Artesana, organización que se ha dedicado desde hace 15 años a la preparación, distribución y logística de los alimentos.
La directora del Colectivo, Andrea Barrios reiteró su buena disposición para instalar una mesa técnica de diálogo a fin de restituir el derecho vulnerado de los menores que cohabitan con sus madres reclusas y expreso estar en la mejor disposición para encontrar una solución a la problemática.
El pasado mes de abril, asumió como titular de la Sosep Sara Eugenia López Gálvez, con quién Prensa Libre buscó un acercamiento para obtener información y conocer su postura, pero no ha sido atendido.
PDH acciona en el MP
La Unidad de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a cargo de María Caba informó que “se abrió un expediente, por lo que se envío la denuncia al Ministerio Público” para que proceda a realizar las investigaciones respectivas y pueda deducir las responsabilidades ante algún posible incumplimiento.
La semana entre el 16 y 20 de mayo personal de la referida unidad realizaron un recorrido en los diferentes centros carcelarios a fin de verificar la situación de los menores, mujeres embarazadas y lactantes que se encuentran en prisión, en el que detectaron que es irregular el servicio de la alimentación y se ha mantenido por donaciones que “son esporádicas, las mamás están compartiendo su alimentación con los niños” dijo Caba.
Durante la inspección lograron detectar que existen “muchas carencias, hacinamiento, los sanitarios en malas condiciones, a veces no hay agua, falta de personal médico”, por lo que propiciar un ambiente idóneo para los infantes e impulsar estrategias para un mejor desarrollo.
Alimentación vital
En los primeros 24 meses de vida “el 80 por ciento de cerebro está formado” por lo que son cruciales para garantizar el desarrollo y capacidades de los menores, y los siguientes dos años también son importantes porque en su conjunto se garantizan sus habilidades, cerebro, capacidades, su peso, talla, pues es “un momento de una velocidad de crecimiento bien grande” explicó Alicia Ruiz, nutricionista y cuenta con un certificado internacional en lactancia materna.
La experta mencionó que tanto las mujeres embarazas, como las lactantes “debería existir un extra de alimentación para estás futuras madres y quienes alimentan a sus bebés” derivado a que deben consumir proteínas, vitaminas, hierro, entre otros nutrientes importantes.
Ruiz subrayó que es necesario impulsar estrategias, políticas públicas en favor de esta población vulnerable, a fin de prevenir desnutrición de los pequeños que cohabitan con sus madres en las cárceles y garantizar una alimentación adecuada para las prisioneras en estado de gestación.
Visita centro
Ayer, el diputado Edgar Batres del bloque Winaq y presidente de la Comisión del Menor y la Familia, del Congreso de la República realizó una visita al centro preventivo para mujeres, Santa Teresa en la zona 18 de la ciudad, en donde constató que los menores de 4 años “no se les brinda alimentación de cena, ni los tiempos completos para sábado y domingo”.
De acuerdo con Batres en la referida prisión hay 16 niños y 14 niñas, menores de cuatro años que cohabitan con sus progenitoras privadas de libertad.
Además, no existe partida presupuestaria para la alimentación de los pequeños “es inconcebible el abandono del sistema” refirió el Parlamentario y anunció que revisarán el presupuesto, los contratos de alimentos para las reclusas debido a que relataron que les sirven “es una cucharada de arroz y frijol” y no es acordé con lo que el Sistema Penitenciario paga por porción de los tres tiempos, según el criterio del Legislador.
“Es una vergüenza para el estado de Guatemala, que todo lo que tiene que ver con niñez guatemalteca en todo sentido está en un 80% en manos de la cooperación internacional” dijo Batres.
