Posteriormente, con esa acta “inscribieron en el 2015 a los candidatos a la diputación por el departamento de Guatemala de la agrupación política Fuerza”.
El texto aclara que el diputado Harmelin de León nunca participó en la asamblea departamental en la que fueron elegidos los candidatos inscritos en esa fecha.
Radford, junto a Abundio Maldonado, fue el primer binomio presidencial que recibió sus credenciales este martes.
En el comunicado también se informó que la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó el antejuicio contra cuatro jefes ediles:
- Raúl Gutiérrez Ardón, alcalde municipal de Playa Grande, Ixcán, Quiché, “por los delitos de abuso de autoridad, retención de información y amenazas cometidos contra dos periodistas.
- José Luis de León Villatoro, jefe edil de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, por los delitos de coacción, amenaza y abuso de autoridad contra dos periodistas.
- Moisés Castro Miza, edil de San Lucas Tolimán, Sololá, por los delitos de discriminación, desobediencia, resistencia, abuso de autoridad y coacción. En este caso, dice el texto, los afectados fueron 15 trabajadores de la comuna y miembros del sindicato de trabajadores de esa localidad que no fueron reinstalados en sus puestos.
- Édgar José García Monroy, alcalde municipal de Patulul, Suchitepéquez, por el delito de desobediencia cometido contra una empleada municipal que no fue reinstalada en su puesto de trabajo.
“Causa duda”
Entrevistado acerca de los señalamientos de la Fiscalía, Radford dijo a Prensa Libre que las acciones de la Fiscalía causan duda y generan incertidumbre.
“Cómo es posible que se tenga lista una solicitud de antejuicio a nueve horas de que yo fui formalmente acreditado por el Tribunal Supremo Electoral como candidato a la Presidencia de la República”, dijo Radford.
“Todo lo tenían listo, lo tenían preparado, es parte de un juego político con intencionalidad”, dijo el presidenciable, quien demandó de la fiscal General, María Consuelo Porras, que haga una revisión formal “con relación al actuar de su fiscal en el tema de los delitos electorales (Óscar Schaad), ya que es una investigación que deviene de una pesquisa que comenzó el MP hace dos años”, lo cual le parece una “estrategia política para afectar al partido Fuerza”.
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