Dos casos pesan sobre el empresario, secretario de Otto Pérez y excompañero de fórmula de Sandra Torres. Su situación se complicó en lo legal a partir de enero del 2018, cuando comenzaron a salir las investigaciones que le vincularon con la recolección de fondos para los partidos en los que participó.

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Traficantes de Influencias

La investigación del MP y la Cicig presentada en enero del 2018 coloca a a Leal Castillo en una estructura operativa que cobraba por la agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El supuesto operador es Giovanni Marroquín Navas, quien mantuvo amistad con funcionarios del órgano recaudador, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz, ahora detenidos por el caso La Línea.

Los funcionarios de la SAT priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago. Marroquín era quien recibía y distribuía los pagos, según la pesquisa.

Leal Castillo junto a Alfredo Muñoz Ledo Carrillo -de la entidad Tres Puertos, S.A.- y el diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos, habrían captado clientes de las empresas para la devolución del crédito fiscal, de acuerdo con la acusación que se entregó a los tribunales de justicia. Alejos presentó 14 recusaciones contra el juez pesquisidor que llevó las indagaciones preliminares y otras tres acciones contra la Corte Suprema de Justicia.

Después de un año de controversias legales, el diputado fue liberado de la investigación por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

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Señalado de recaudador

Tras los señalamientos, Mario Leal Castillo no fue encontrado por las autoridades y se le declaró prófugo. En febrero del 2019 su nombre se volvió a mencionar. La suposición de los investigadores era que Leal Castillo ayudó a captar fondos para la campaña de la UNE que no fueron declarados a la autoridad electoral.

Se trató de una ampliación del caso Traficantes de Influencias, donde se detectó movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A. hacia la entidad MAARIV S.A. La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas. Al rastrear los movimientos de MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento del partido.

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron. Al inicio de la semana, la Feci y el MP allanaron varias localidades vinculadas a San Felipe, propiedad del diputado de UNE, Julio Ixcamey.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil, 753.10.

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La investigación fue revelada un día después de que Sandra Torres recibiera sus credenciales como candidata presidencial. Eso permitió que cualquier pesquisa debiera ser sometida a un proceso de antejuicio que luego fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia y al que la Corte de Constitucionalidad aun evalúa si reabre.

Una vida política en lo alto

Leal Castillo estudió Economía y Finanzas en el Boston College de Massachussetts, Estados Unidos; además, administración de empresas en Rice University en Texas. Participó en varios conglomerados empresariales.

Su vida política la inició en el 2003 cuando se involucró en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Después migró al Partido Patriota (PP) del que fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional y secretario de Asuntos Específicos de Otto Pérez Molina, cuando asumió la Presidencia en el 2012. Algunas fuentes señalan que el empresario era el responsable de la parte de recaudación de fondos para la campaña de Pérez Molina y posteriormente para la de Sandra Torres, donde se habría originado parte de las acusaciones en su contra.

En el 2009, cuando se conoció la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, Leal Castillo participó en las marchas para exigir la renuncia de Álvaro Colom Caballeros -procesado en el caso Transurbano-, Sandra Torres y Gustavo Alejos, quien fue secretario privado de la Presidencia. De hecho, esta fue una de las razones del rompimiento de Colom con la UNE en el 2015, cuando Leal Castillo fue presentado como candidato vicepresidencial de Torres, exesposa de Colom.

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La Feci y la CICIG involucran al empresario en los casos Traficantes de Influencias y Financiamiento Electoral no Registrado a la UNE. En este último habría funcionado como recaudador de parte de los fondos de la campaña de Sandra Torres.

Ahora, Leal Castillo es señalado de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos en el caso Traficantes de Influencias, relacionado con la intermediación con la devolución del crédito fiscal por Q19 millones. Este caso se conoció el 24 de enero del 2018.

La #FECI del Ministerio Público fue notificada oficialmente por la INTERPOL Guatemala de la aprehensión en Washington de Mario Roberto Leal Castillo vinculado a los casos #TraficantesDeInfluencias y #FinanciamientoElectoralUNE2015 pic.twitter.com/6nv2gWQiVl

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) May 24, 2019

Nota del editor

Esta nota fue reeditada en la parte del perfil de Mario Leal Castillo el domingo 26 de mayo del 2019.

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