Las aseveraciones se efectuaron durante la continuación de la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso Financiamiento electoral no registrado de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante el evento electoral de 2015, en el que compitió Sandra Torres junto con el empresario Mario Leal, quien tiene orden de aprehensión y fue ubicado por las autoridades en Estados Unidos.

LE PUEDE INTERESAR:

Pablo Xitumul, el juez que busca frenar el antejuicio en su contra por denuncia de un inspector policial

“Yo sí entregué Q1 millón a Mario Leal”, declaró Leal Valdés, quien compareció a la citación el lunes recién pasado durante el comienzo de la indagatoria en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez. El dinero se lo había pedido su primo para abonar al pago de una deuda de su casa, aunque evitó brindar más detalles.

Después, Mario Leal le confesó que el dinero había servido para su campaña en la que participó como candidato a la vicepresidencia. “Fui citado al Ministerio Público, a la Feci -Fiscalía Especial contra la Impunidad-, a prestar mi declaración. Lo he hecho con la entera voluntad y el deseo de colaborar en este caso. Se presentaron los documentos que solicitaron en ese momento y hasta hoy asumo que todo está claro”, declaró el familiar del empresario azucarero.

“Yo giré ese cheque por Q1 millón a petición de un préstamo que me hizo mi primo Mario. Me había dicho en ese momento que necesitaba ese préstamo para acceder a la cancelación de un abono de su casa”, añadió Leal Valdés.

Exrepresentante

Susana Patricia Castellanos González, quien fue representante de una de las empresas vinculadas con Leal, fue la siguiente en declarar. La auditora se entregó a la justicia el lunes último, pues existía una orden de aprehensión en su contra.

Lee también: Comienzo del debate del caso Odebrecht se desarrolla entre ausencias y 4 horas de retraso

Su relato lo inició al recordar que había trabajado durante 15 años para la familia Leal. Dejó de trabajar el 6 de febrero del 2018 cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló el avance de la investigación del caso Traficantes de Influencias, que fue unido con el caso Aceros y el de financiamiento a la UNE.

La sindicada mencionó a la jueza que avaló dos aportes. El primero fue de Q3 millones y el segundo, por Q6 mil, para la campaña a la vicepresidencia de Leal en 2015.

El fiscal Andrei González la interrogó para que explicara la forma en que el dinero llegó a la campaña de la UNE, cuyos montos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Los testimonios son valiosos porque confirman nuestra investigación”, refirió el fiscal.

Por la tarde, el fiscal solicitó a la jueza Domínguez que las siete personas señaladas fueran procesadas en el caso.

La audiencia seguirá el próximo viernes con las intervenciones de los defensores y se espera una resolución de Domínguez.

En el Juzgado de Mayor Riesgo A finalizó la descripción de los hechos y declaran los acusados Héctor Rafael Leal Valdés -primo de Mario Leal- y Susana Patricia Castellanos González, por los montos millonarios que fueron desviados a la agrupación Unidad Nacional de la Esperanza. pic.twitter.com/hpTEpU2vLG

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 9, 2019

Contenido relacionado