Allanamientos de CICIG y MP seguían la pista de Q1.7 millones destinados al financimiento de la UNE en 2015

El MP y la Feci realizaron 14 allanamientos con la intención de secuestrar información de por lo menos 20 empresas para esclarecer el caso contra Sandra Torres y otros miembros de su partido por financiamiento electoral ilícito. Una de las sedes intervenidas pertenece a una empresa del diputado Julio Ixcamey y otros allegados al partido.

Una vivienda en la 9a. avenida, 15-55, zona 10, fue allanada. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Una vivienda en la 9a. avenida, 15-55, zona 10, fue allanada. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los fiscales secuestraron documentos contables, financieros y dispositivos electrónicos a varias empresas que tenían como sede algunos de los lugares allanados. Por ejemplo, en el edificio de Oficinas Empresariales, 8a. calle, 9-12, zona 1 en una sola oficina se registraba el domicilio de varias empresas que estarían ligadas al entramado de dinero que habría parado en las cuentas del partido verde.

Los fiscales de la FECI y la CICIG, cuenta una fuente que conoce de la investigación, buscaban más información del origen de 1.7 millones de quetzales que aportó la empresa

 

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, luego de una citación en el Congreso confirmó acerca los allanamientos en las zonas 1, 3 y 10.

Las pesquisas de hoy involucran al Grupo Empresarial San Felipe, Sociedad Anónima, a nombre del diputado Ixcamey, a quien el MP pidió levantarle su inmunidad cuando se reveló el caso en el que también se vinculó a la candidata presidencial Sandra Torres.

Una vivienda en la 9a. avenida, 15-55, zona 10, también fue cateada en horas de la tarde, así como oficinas del Centro Empresarial en la zona 10.

En la zona 5 se buscó la información de una entidad que maneja textiles. En la sede de Almacén Arboleda, Sociedad Anónima, se detectó la presencia de 8 empresas asentadas en el mismo lugar. Se presume que algunas de ellas aparece en el entramado de traslado de dinero a la campaña de Sandra Torres de 2015.

Una fuente reveló que se allanó una oficina de contabilidad en un edificio de la zona 10.

Otra fuente ligada a este caso contó que se indaga sobre las transferencias financieras provenientes de una empresa de venta de artículos a minoristas y una franquicia de restaurantes de comida rápida.

Diputado Julio Ixcamey de UNE, aportó 1.7 millones de quetzales a la campaña de Sandra Torres en 2017. MP y CICIG sospechan del origen de los fondos.

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Reserva

“El propósito es incautar información en relación a una investigación que se encuentra en desarrollo”, se limitó a informar Sandoval sin aportar más detalles.

“Son diligencias normales debido a que hay una investigación que tiene plazo y hay que agotar todas las diligencias que sean necesarias”, agregó.

Sandoval no quiso mencionar que los allanamientos estaban relacionados con el caso de financiamiento electoral no registrado de la UNE de hace cuatro años, debido la resolución del 4 de abril pasado de la jueza Susan Sabrina Salazar Escobar, titular del Juzgado de Turno de Femicidio, quien dictó medidas cautelares a favor de Torres, y les prohibió a los fiscales “acercarse, perturbar o intimidar” a la presidenciable.

El MP, en un comunicado, informó que se trató de 14 allanamientos. “En algunos de los inmuebles objeto del procedimiento funcionan diversas sociedades anónimas. Se procederá al secuestro de documentos contables, financieros, así como de dispositivos electrónicos para el análisis correspondiente”, indicó.

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La investigación a la UNE

El Ministerio público identificó que el Grupo Empresarial San Felipe, movilizó Q1.7 millones hacia la empresa Maariv, S:A que está vinculada al excandidato vicepresidencial del partido UNE, Mario Leal. Además “San Felipe” también aparece ante el Tribunal Supremo Electoral con aportaciones hacia el partido por más de Q3 millones

El 6 de febrero pasado la Feci y la Cicig interpusieron una acción para retirarle la inmunidad a Torres, relacionada con supuestos actos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, hecho ocurridos en el 2015.

El caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a la inmunidad que goza Torres por su condición de candidata presidencial, desde el 6 de febrero pasado.

Los magistrados rechazaron el antejuicio y el MP interpuso un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó a su favor el 17 de mayo último, aunque retiene el expediente hasta que el fallo quede firme y sea devuelto a la CSJ para que se conozca de nuevo.

Señalamiento

El antejuicio también incluye a los diputados de la UNE, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales. La investigación del MP y la Cicig es porque bajo la instrucción de Torres habrían gestionado y recibido aportes por medio de las empresas Maariv, Promotora de Recursos Habitacionales S. A., y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S. A.

El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, de acuerdo con la investigación, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

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Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75, utilizados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

El caso ya cuenta con en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidades bancarias e informes de análisis y criminal de la Cicig.

Cateo a Oficinas Empresariales, que está en la 8a. calle, 9-12, zona 1. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

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Daniel Cifuentes Hace 3 meses

Pueblo apatico e ignorante, ministerio publico servil, ong´s calladas……..todo libre para la señora….en bandeja de plata.

Rosario Quiñonez Hace 3 meses

Pero la une como tiene cooptados los sistemas de justicia, apoyados en le payaso, no pasará nada, desgraciadamente la tarántula ganará por toooooda la gente ignorante que ha comprado con sus regalitos

Ronaldo Carias Hace 3 meses

…..jajajajjajajaja…..me voy a ir a quejar al juzagado del “hombrecidio”…..pues …..”fafa-libre” borra todos mis comentarios….
jajajjajaja

Juan Camaney Hace 3 meses

Esta campaña electoral nefasta, solo puede producir una lista mas larga de delincuentes, padrotes, jefes y en fin, le peor del hampa y del crimen organizado que hoy gobierna al país, y controla la mayoría de partidos políticos.

Javier Castejon Hace 3 meses

Desafortunadamente en un narcoestado como el guatemalteco, es muy dificil, sino imposible el hacer justicia, ya que como hemos visto el mismo narcopresidente esta empecinado en bloquear todos los esfuerzos de la justicia en contra de la corrupcion, la impunidad y el narcotrafico, ya que esos son su bastion. este criminal que funge hoy como narcopresidente esta amparandose en el corrupto congresdo para no ir a la carcel por todos los crimenes y desfalcos en contra de la nacion y el el pueblo. la revolucion social es inminente y necesaria para poder liberar al pais de la nefasta y corrupta derecha criminal.

Benito Carlos Del Toro Hace 3 meses

No voten por la Unidad Narco de la Esperpento
No voten por Sandra ni por nadie de su clica

    Juan Camaney Hace 3 meses

    jajaja!!! Me llega tu nombre 🙂 LOL

Leonel Vasquez Hace 3 meses

Hagan un paquete de todo lo encontrado adjuntenlo al paquete con que solicitaron el retiro de inmunidad de esos delincuentes.
Luego haganle varias copias y tirenselas en el patio y alrededores de la CSJ y de las casas de los delincuentes serviles del crimen organizado que conforman la Corte.

Ryan Clifton Hace 3 meses

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    Daniel Cifuentes Hace 3 meses

    Este cobra mas que las tarjetas…….cobra el 25% anual. Solo es otra estafa.