Palma testificó ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, luego de que fuera propuesto por el exsuperintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, uno de los sindicados en el caso.
El abogado de Franco preguntó al testigo sobre algunos procedimientos que se efectuaron en las aduanas durante el tiempo en que el Ministerio Público documentó el Caso La Línea y el interrogatorio se centró en temas relacionados con importaciones y controles aduaneros para avalar el ingreso de mercadería, así como el pago de los respectivos impuestos.
Según el testigo, en ese entonces se estudiaba la calidad, veracidad y origen de los productos importados mediante los procedimientos establecidos en las leyes aduaneras del país.
También dijo que en el despacho de todo tipo de mercancías pueden intervenir autoridades de varias instituciones estatales para garantizar la calidad y legalidad de los productos.
Refirió que si se trata de alimentos puede intervenir el Ministerio de Agricultura, si son medicamentos interviene Salud y el Ministerio de Gobernación también lo hace por medio de los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Respecto a cuántas veces se puede autentificar una misma declaración aduanera, el testigo respondió que “la cantidad de veces que sea necesaria, pero depende del momento en que se haga. El importador puede rectificar la declaración cuantas veces quiera antes de que la aduna la valide -con una firma electrónica-”.
Aseguró que quien hace la declaración o consigna el valor de los impuestos es únicamente el agente aduanero a cargo del procedimiento.
El caso
Las primeras capturas en este caso ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti.
En 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.
La investigación del Ministerio Público, en conjunto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.
Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.
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Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.
Esas llamadas, además de exponer la forma en que se concretaban los acuerdos ilícitos para el paso de mercadería, también alertaba del rumbo que tomaría esta investigación semanas después.
“El uno” y “la erre”
Aunque los medios de investigación presentados por la fiscalía parecían ser sólidos, la jueza Stalling consideró prudente brindar medida sustitutiva a algunos de los señalados del Caso La Línea.
Entre el grupo de personas que obtuvo arresto domiciliar destacó Salvador Estuardo González, alias Eco y Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el teniente Jerez.
Ambos eran señalados como mandos medios de la red y esa decisión judicial fue objeto de una segunda investigación conocida como Caso Bufete de la Impunidad.
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A consideración de los investigadores, había varios indicios que demostraban que las personas señaladas tenían poder y cercanía con personas poderosas de Guatemala, sin dar mayores detalles en esa etapa de la investigación.
Pero una serie de llamadas alertaba sobre la posible relación que tenía el binomio presidencial con la red criminal, ya que en una seria de interceptaciones se hacía alusión a “el uno”.
Ese sobrenombre que apuntaba sutilmente hacia el entonces presidente Otto Pérez Molina fue acompañado de otros “apodos” que usaban los miembros de la red para supuestamente referirse a él, como “el dueño de la finca”.
Roxana Baldetti también era mencionada de manera sutil en las llamadas telefónicas, en más de una ocasión de mencionaba a “la erre”, según el ente investigador. Por la inmunidad que tenía Pérez Molina y Baldetti, la fiscalía no se atrevía a hacer públicas sus sospechas.
Pero a medida que las investigaciones siguieron su curso fue cuestión de tiempo para que se presentaran las solicitudes de antejuicio contra el binomio, que fueron acompañadas con protestas ciudadanas.
