Sobre dos jóvenes caen las acusaciones por la violencia registrada en las protestas del 28N

La inacción de las fuerzas de seguridad el sábado 28 de noviembre deja dudas sobre la estrategia del Ministerio de Gobernación para tratar las manifestaciones que se convocan para pedir la dimisión de funcionarios de gobierno.

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Manifestantes y policía se enfrentan durante una protesta contra el Gobierno y el Congreso el pasado 28 de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)
Manifestantes y policía se enfrentan durante una protesta contra el Gobierno y el Congreso el pasado 28 de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

A las 17 horas del día 28 de noviembre, el tono de la manifestación convocada a las 14 horas para exigir la dimisión del presidente Alejandro Giammattei cambió cuando un grupo de personas quemó un bus del Transurbano sobre la esquina de la 6 avenida y 6 calle de la zona 1. Al momento, dos jóvenes son los acusados por estos hechos.

Decenas de jóvenes celebraban la quema del autobús mientras otros observaban el siniestro y otros más lanzaban su ira frente a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en el lugar sin hacer nada, una actitud distinta a la tomada el 21 de noviembre cuando se reprimió a la población manifestante.

La PNC desplegó 1,271 agentes de los cuales 50 eran de las Fuerzas Especiales, un número menor al que desplegaron una semana antes cuando se registró el incendio en el Congreso de la República.

Durante cinco horas aproximadamente se pudieron ver disturbios entre el Palacio Nacional de la Cultura y Casa Presidencial, los agentes de las FEP estaban desarticulados recibiendo golpes y piedras, un comportamiento que ha dejado fuertes dudas sobre la estrategia que está usando el Ministerio de Gobernación para hacer frente a las protestas que se convocan contra el gobierno.

Mientras tanto, la PNC capturó a dos jóvenes que son acusados por provocar el incendio al autobús. Uno de ellos está en prisión preventiva en Pavoncito y otro aún espera su audiencia de primera declaración en la carceleta de Tribunales.

Douglas Quezada Cuéllar Quezada tiene 24 años y se dedica a hacer malabares en los semáforos. Aunque el día de los hechos lo identificaban en redes sociales como hondureño, es guatemalteco de origen y dice vivir en zona 3.

La Fiscalía Metropolitana lo acusó de incendio agravado, atentado contra servicios de utilidad pública y atentado contra otros medios de transporte, de los cuales se le ligó a proceso por los dos primeros delitos que tienen una pena máxima de 12 años de prisión.

Douglas Cuellar Quezada, durante la audiencia judicial. (Foto Prensa Libre: Mariajosé España)

Aunque no declaró frente al juez, ante los medios de comunicación Cuéllar reconoció haberse subido a un semáforo y destruirlo, además de estar presente al momento de la quema del bus, aunque dice que él no provocó el incendio.

“No me parece justo que me pongan el camote de toda la gente solo a mi. No teníamos nada que ver con la protesta, solo estábamos de paso, pero le tiraron una piedra a un compañero y por eso tomamos hechos después” dijo Cuéllar.

El segundo capturado es Ángel Raúl Reyes Arias de 18 años quien ha permanecido aislado en Tribunales debido a que presenta síntomas de covid-19 y dijo frente a la jueza que padece de epilepsia.

Raúl Reyes tiene un historial de alertas Alba Keneth activadas por su desaparición. La primera fue activada por sus familiares en 2012 cuando tenía 10 años. En varias ocasiones entró a hogares de protección de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) pero abandonó los procesos. Según informaciones, cuando él decidía salir de los hogares era para buscar a su padre.

El 3 de marzo de 2019 ingresa por segunda ocasión a un Centro Juvenil de Detención Provisional por conflictos con la ley penal, en junio salió y las autoridades lo entregaron a su madre, sin embargo, ella no lo quiso recibir.

Los registros de la SBS cuentan que durante el tiempo que estuvo bajo la custodia del Estado generó altos niveles de agresividad, además que tenía una discapacidad intelectual.

Reyes fue capturado nuevamente el pasado 28 de noviembre y, aunque no se ha llevado a cabo su audiencia por espera de los resultados del hisopado que le realizaron para descartar que padezca covid-19, todo indica a que el MP también le imputará los cargos de incendio agravado y atentado contra los servicios de utilidad pública.

 Sin estrategia policial

“No están siguiendo un criterio de doctrina policial, sino órdenes coyunturales y antojadizas”, dijo Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), al comparar cómo la fuerza pública actuó de forma represiva el 21 de noviembre, en cambio, una semana después se observó una inacción sospechosa.

Policías montan guardia durante una protesta contra el Gobierno y el Congreso. (Foto Prensa Libre: EFE)

 

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que trabajaron en tres anillos de seguridad. El primero eran los policías desarmados que permanecieron frente al Palacio Nacional, incluso, cuando ya se empezaron a registrar los hechos de violencia. El segundo anillo está formado por agentes con equipo antitrauma (casos y escudos) y el tercer anillo son las FEP.

Aguilar aseveró que en todo momento la instrucción fue evitar cualquier tipo de insinuación.

“Evidentemente hay un grupo de infiltrados que quieren causar problemas. No sabemos si las pintas que decían Bukele fueron para distraer, además históricamente las maras han sido utilizadas por el Estado para desestabilizar y ante la ausencia de capturas no sabremos en realidad qué pasó”, agregó De León.

Por otro lado, el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, explicó que las capturas hechas responden a gente que operativizó los eventos, sin embargo, el MP debe esclarecer quiénes más participaron y si responde a actores infiltrados con la intención de generar desorden para deslegitimar las protestas.

“Me parece una razón inmadura, no la considero válida. Nosotros recibimos una infinidad de resoluciones de ese tipo y siempre actuamos”, dijo Rivas ante la justificación del ministro Gendri Reyes quien se escudó en el amparo de la Corte de Constitucionalidad otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que mandaba a proteger el derecho a manifestar.

“No hubo una planificación, ni seriedad de parte de las autoridades de la PNC para planificar el trabajo operativo”, dijo Rivas.

Ante la falta de una estrategia clara por parte de las autoridades de Gobernación para atender las manifestaciones, De León mencionó que se hace más imprescindible la petición de renuncia en contra del ministro y el jefe de la PNC, José Antonio Tzubán.