Según el relato del investigador, que observó por seis meses la actividad de los vehículos vinculados con Lima Oliva y su familia, uno de los vehículos que entraba y salía todos los días de la Granja Penal Pavón llegaba también al spa.
El MP señala que desde dicho negoció se coordinaban supuestos sobornos para funcionarios de Presidios a cambio de traslado de reclusos a otras prisiones e ingreso de ilícitos como licor y electrodomésticos.
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El caso
Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.
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En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.
La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.
Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.
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