Salón de belleza funcionaba como centro de operaciones de red ilícita de Presidios

Durante una nueva jornada de juicio en contra 11 exfuncionarios, privados de libertad y particulares, denominado caso Botellas, un investigador de la Cicig testificó sobre las actividades de la estructura presuntamente dedicada a la venta de privilegios a privados de libertad.

Sindicados escuchan declaración de testigo en el Tribunal de Mayor Riesgo A. (Foto Prensa Libre: Erick Avila).
Sindicados escuchan declaración de testigo en el Tribunal de Mayor Riesgo A. (Foto Prensa Libre: Erick Avila).

Según el investigador Walter Lozano, los vehículos utilizados por la supuesta red dirigida por Byron Lima Oliva eran coordinados desde el Salón y Spa B-Fashion, zona 10, propiedad de Alejandra Reyes Ochoa, pareja de Lima.


“Ese era el centro de operaciones de la estructura. Ahí ingresaban electrodomésticos, pagos y la familia de Lima podía disponer de los vehículos”, le aseguró a Tribunal de Mayor Riesgo A. “Por ejemplo, cuando visitaban sus propiedades en el Puerto Quetzal, salían del spa”, comentó Lozano.

Según el relato del investigador, que observó por seis meses la actividad de los vehículos vinculados con Lima Oliva y su familia, uno de los vehículos que entraba y salía todos los días de la Granja Penal Pavón llegaba también al spa.

El exdirector del sistema carcelario Édgar Camargo durante la audiencia.(Foto Prensa Libre: Erick Avila).

El MP señala que desde dicho negoció se coordinaban supuestos sobornos para funcionarios de Presidios a cambio de traslado de reclusos a otras prisiones e ingreso de ilícitos como licor y electrodomésticos.

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El caso

Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

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En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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