Justicia

“Yo no renuncié por las manifestaciones”: las declaraciones de Otto Pérez Molina tras haber sido condenado a 8 años de cárcel en caso de corrupción

El expresidente Otto Pérez Molina, condenado a 8 años de prisión por corrupción, dice que las protestas ciudadanas no influyeron en su renuncia.

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El expresidente Otto Pérez Molina fue condenado a 8 años de cárcel en el caso Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El expresidente Otto Pérez Molina fue condenado a 8 años de cárcel en el caso Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Un juzgado de Guatemala condenó este miércoles 6 de septiembre a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), ya encarcelado, en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015 y que, de acuerdo con sus declaraciones, su dimisión no fue empujada por las protestas ciudadanas de ese entonces.

La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.

“El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable” de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.

El exmandatario además deberá pagar una multa de más de US$3 millones.

La sentencia por el caso denominado “Cooptación del Estado”, vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez Molina en menos de un año.

“Yo no renuncié por los movimientos que hicieron las manifestaciones que fueron a hacer, si la manifestación no llegó a más de 40 mil gentes, yo hubiera podido poner tres veces más de las 40 mil gentes”, dijo Pérez Molina respecto a los movimientos sociales que surgieron contra su gobierno.

El exmandatario recordó que un medio de comunicación hizo una encuesta sobre su renuncia y asegura que “el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo; sin embargo, vine a dar la cara -a la justicia-, pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada”.

Agregó que “no tengo una sentencia firme después de 8 años, donde yo voluntariamente me presenté”; además, dijo que en el caso La Línea “me condenaron sin tener pruebas (…) me condenaron sin pruebas, me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan el en complicidad, pero dicen que no me enriquecí, que no recibí dinero, entonces cómo así, es una sentencia realmente ridícula”.

Pérez Molina, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, adonde Pérez Molina se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción” de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.

“Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas (…), pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, agregó.

Según la acusación, Pérez Molina integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldett para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.

Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

La Fiscalía destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.