De acuerdo con el reporte, la migrante guatemalteca, sólo identificada como J.I., viajaba irregularmente en julio del 2016 con una hermana mayor, Clarita, y un niño cuando se perdieron en el desierto de Texas.

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Severamente afectados por el cansancio y el hambre decidieron entregarse a la Patrulla Fronteriza y fueron trasladados a un centro de detención de Presidios Texas, donde uno de los agentes le pidió a J.I. desnudarse y luego le hizo tocamientos en las partes íntimas, según el testimonio.

El objetivo de las hermanas era cruzar la frontera para reunirse con su madre en California, y aseguran que se vieron obligadas a emigrar por el acoso de las pandillas en Guatemala.

“Al entregarnos a ellos nos sentimos más tranquilas porque era seguridad, pero nos dejaron en una celda y nos dejaron solas con ese agente”, le explica Clarita a la cadena noticiosa.

“Allí me dijo que me quitara la ropa y empezó a tocarme”, dijo la hermana mayor. “Pero lo que nunca, nunca pensé, fue que le iba a ser lo mismo a mi hermana menor… es una niña”, agrega entre lágrimas.

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La demanda fue interpuesta con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, en inglés), y en una fallo inédito, la Patrulla Fronteriza deberá pagar US$125 mil por el abuso sexual.

En la denuncia se identifica al agente agresor como Fernando Saucedo.

“Nos complace que nuestra cliente reciba una compensación por el abuso emocional y físico que le infligió un agente de la Patrulla Fronteriza”, expresó Angélica Salceda, abogada de ACLU, citada por Univisión Noticias.

Comida y frazadas a cambio de silencio

Después de los vejámenes, ambas mujeres lloraron tanto, según su testimonio, que el agente les rogó que se calmaran, les ofreció comida, cobijas, e incluso le dijo a la hermana mayor que la haría pasar como de menor de edad, a cambio de que no dijeran nada.

Según el reporte de Univisión, en su testimonio ante la corte, el agente negó los señalamientos e indicó que sólo cumplió con lo que debía hacer, aunque el informe judicial detalla que “parecía nervioso y distante”.

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A pesar de la inédita sanción a la Patrulla Fronteriza, Aclu dijo que no sabía si se impuso alguna pena disciplinaria al agente, y las autoridades migratorias sólo han indicado en un escueto comunicado que no pueden comentar sobre ese tipo de demandas.

Según la publicación, entre enero del 2010 y julio del 2016 se han interpuesto 84 denuncias contra los oficiales fronterizos; sin embargo, la mayoría de los casos son desestimados por falta de pruebas y las cortes paran creyendo más en el testimonio de los policías.

“Con demasiada frecuencia, los niños inmigrantes que buscan refugio de traumas y abusos en sus países de origen sufren un maltrato adicional a manos de la CBP (Oficina de Aduanas y Control Fronterizo). Estos oficiales no están por encima de la ley, y los abusos de poder no deben ser tolerados”, puntualiza la abogada de Aclu, citada por Univisión.

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