¿Cuáles son las dificultades que afrontan los migrantes en Estados Unidos con la derogatoria del Título 42 y con las leyes que rigen en Florida?
Hay bastantes organizaciones, fundaciones e incluso líderes comunitarios en el estado de Florida que están apoyando en decir no a esta propuesta del gobernador Ron DeSantis, porque él prácticamente lo que está diciendo es: No quiero migrantes, no quiero indocumentados en mi estado o en la jurisdicción que a mí me pertenece.
La jugada política que él quiso hacer ante su población, que es netamente sureña, no le dio el resultado que deseaba porque, por ejemplo, el 82% de los cítricos que consume la Unión Americana sale del estado de Florida, y tanto esas cosechas como las de tomate quienes las trabajamos somos los latinos, los hispanos.
También el área de la construcción se centra prácticamente en el 80% o quizá 90% de población centroamericana.
En cualquier tipo de construcción en el área de Miami, que es el sur de Florida, se encuentra mucha gente de tres países del área centroamericana, de Guatemala en 80%, igualmente de Honduras y de Nicaragua; salvadoreños no hay en gran escala en Florida, sino que ellos se concentran en Washington y en California.
¿Los migrantes han tenido que dejar su trabajo y trasladarse a otras ciudades o estados?
Sí, lo están haciendo, aunque de pronto disminuyó la salida; hay un compás de espera. Se ve como que esa propuesta de ley no va a funcionar como quisieran, pero sí hay temor.
¿En los campos de cítricos o de otros cultivos también se da esta situación?
Ha habido un poco de desinformación; pero sí, hay quienes se han ido. También hay mucho migrante que es nómada, que termina la cosecha de tomate en un lugar y se va a la cosecha de cítricos al norte. En Florida, las cosechas tardan de seis a ocho meses. Actualmente, veo que la gente se trata de establecer más en un solo lugar, para no andar de estado en estado, pero sí ha habido —salidas—. Donde se ha visto más es en el centro del estado, como Fort Myers, Immokalee, West Palm Beach y Jupiter.
Vamos a prepararnos con los necesario para tratar de revertir ciertas propuestas. Creo que el paso más letal ante esta situación es hacer paros, porque eso afecta el bolsillo de las corporaciones y el abastecimiento a los centros comerciales, porque el tomate, el jugo de naranja, variedad de productos, de verduras y frutas es el que cosecha la mano de obra que aporta el indocumentado.
En todo el estado de Florida podría haber unos 250 mil a 300 mil guatemaltecos. No hay un censo que lo establezca, y últimamente ha estado llegando mucho migrante. La población guatemalteca se concentra más en el centro de Florida. Hay muchos que son del altiplano, máxime los qanjobales del área de Huehuetenango, así como de San Marcos.
Quienes impulsan las propuestas no esperaban ese nivel de respuesta de las comunidades y de las organizaciones a nivel comunitario en el estado de Florida, y ha habido paros, aunque no se han lanzado grandes convocatorias.
Además, las multinacionales en Estados Unidos esperan la contribución de la mano de obra de los migrantes, que es muy productiva y a un menor costo.
¿Cuál es la diferencia entre lo que cobra un hispano respecto de lo que cobra un estadounidense?
Es entre US$8 o US$9 la hora entre un segmento y otro. Además, hay varias actividades que el americano —estadounidense— no quiere hacer; no se va a subir a un techo o hacer otras construcciones. Hay tantas cosas que los hispanos hemos hecho por años, y el estado —Florida— también depende mucho de esa mano de obra para la manutención de la economía.
¿Cuál es la labor de apoyo que están impulsando?
Hemos estado entrelazando con diferentes líderes comunitarios en California, Nueva York, Chicago, Atlanta, Arizona y otros, para crear una nueva comisión en pro del migrante a nivel nacional en Estados Unidos, pero aún se está madurando la idea. El rol sería dar un poco de apoyo logístico, tratar de conseguir abogados de inmigración que trabajen probono o que faciliten un poco más el trámite del ciudadano guatemalteco y centroamericano, siempre y cuando tenga las probabilidades y llene ciertos requisitos, y evitar los cobros excesivos con los que los abogados se están aprovechando actualmente.
También crear ciertos espacios de apoyo, no con el gobierno, porque lamentablemente ni este gobierno, que ha sido tan poco productivo para el migrante, ni los dos anteriores gobiernos han apoyado. Ahora, en las elecciones, menos mal los candidatos no tuvieron el espacio necesario para venir a tratar de decir tanta falacia a las comunidades migrantes.
Siempre vienen con la misma canción de que ustedes son el baluarte y el pilar. Es lógico, porque les son convenientes los US$18 mil millones o US$20 mil millones que llegan de remesas al año, pero cuando un migrante necesita un documento, como su pasaporte, y se lo dan hasta un año después, es porque la cosa no está funcionando. Le dan una cita para un trámite a los tres, cuatro o seis meses. La gente no soporta tanta irresponsabilidad, porque necesita un documento, máxime a estas alturas del partido en que la situación está tan mal en Florida.
Menciona que los migrantes están enfrentando un cobro exagerado por parte de abogados. ¿Qué problema hay?
Hay abogados que no tienen la conciencia moral ni humana, y pueden cobrar US$15 mil. Les sacan dinero y luego les dicen que no se pudo hacer nada o que lo van a deportar, pero también hay abogados que son muy conscientes y justos.
¿Qué apoyo brindan los migrantes en EE. UU. a las comunidades en Guatemala?
Apoyamos en varias ocasiones. Cuando fue la erupción del volcán de Fuego, llevamos tres contenedores con comida, medicina, alimentos enlatados. Nos costó, sangre, sudor y lágrimas, porque ni el Gobierno ni nadie nos quería echar la mano para que pudiera ingresar al país. También desde hace más de 25 años estamos apoyando, enviando equipos médicos usados, pero en buen estado, que puedan tener 15 o 18 más años de vida; pero hace falta una legislación para evitar el problema de que se envía un contenedor de ayuda y tiene que pagar impuestos. Eso es lo más ilógico del mundo.
Controles
El título 42 fue una política migratoria que restringió el derecho a solicitar asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México. Durante 38 meses estuvo activo, y perdió vigencia en mayo del 2023.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo la ley que establece más controles para la empleabilidad y transporte de personas migrantes indocumentadas. Entró en vigor el 1 de julio, y con conlleva sanciones pecuniarias y penales.
