Dentro de las disposiciones resalta que el Ministerio de Salud en coordinación con el de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco del Migración deben proveer “atención permanente” en el centro de retornados, este se ubica dentro de la Fuerza Aérea de Guatemala.
La medida contempla la asignación de un espacio adecuado para que funcione una “clínica médica permanente de atención ambulatoria” con la cantidad de personal, equipo e insumos necesarios de acuerdo con la cantidad de deportados. Esta sustituirá a la actual que, no solo es pequeña, sino que apenas tiene personal.
Otra de las acciones que garantiza la Ley es que a todo retornado “se les realice la prueba correspondiente para minimizar el contagio a su retorno a su lugar de origen”. El protocolo actualmente y hasta el día que la ley cobre vigencia -cuando sea sancionada y publicada en el diario oficial-, indica que los retornados son llevados a las cabeceras departamentales de sus lugares de origen en buses del Ejército y después por su cuenta buscan llegar a sus hogares.
A todos se les advierte que deben guardar cuarentena domiciliar obligatoria, aunque nadie garantiza al 100 por ciento que esta se respete, ya que, aunque Salud les hace visitas estas son periódicas.
La Ley también establece que el Ministerio de Salud no puede negar la atención médica a los migrantes en tránsito (de otros países) mientras atraviesan el territorio nacional; además, que debe divulgar en los diferentes idiomas mayas el acontecer epidemiológico nacional y las medidas sanitarias que se requieren a la población.
La diputada Ligia Hernández, una de las ponentes de la Ley, precisó que la idea de esta es que exista un espacio en el centro de retornados para que los guatemaltecos deportados puedan estar en cuarentena, con las condiciones mínimas y durante el tiempo que se tarde hacerles la prueba y descartar que son portadores del virus.
Expuso que la medida idónea sería que EE. UU. dejara de enviar vuelos con deportados, “pero este país no los va a detener porque está por colapsar” su sistema de salud al ser el tercero con más contagios en el mundo.
La legisladora expuso que los migrantes tienen derecho a la salud y no por ser deportados tiene que regresar “como cualquier cosa”, sobre todo si se toma en cuenta que retornan en condiciones de salud “precarias”, ya que en el tiempo que han permanecido en detención en aquel país han pasado días, semanas e incluso meses encerrados en cárceles, “durmiendo en el suelo con aire acondicionado fuertísimo, y eso los debilita mucho”.
Conexión con “el cáncer”
El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares considera positiva la aprobación de los artículos que tienen que ver con la protección a la salud de los migrantes ya que el Ejecutivo no fue capaz de “cumplir con su papel” de aislar a los retornados para evitar que tengan contacto con sus comunidades.
No obstante, estas deben ejecutarse cuanto antes porque “poco sentido tiene el aislamiento que tiene el país cuando siguen los vuelos abiertos con EE. UU. el país que está a punto de convertirse en el país con más casos reportados del nuevo coronavirus”.
Solares añadió que lo más importante es garantizar que ningún deportado tenga contacto con sus comunidades de origen donde no hay infraestructura mínima para lidiar con problemas comunes de salud “no digamos para el covid-19”.
“Los vuelos de deportados constituyen un cordón umbilical directo con el cáncer”, refirió el analista, a la vez de recordar que hay una historia amplia de que los centros de detención de EE. UU. no hay sabido manejar eventualidades sanitarias.
Recordó, por ejemplo, la muerte de un adolescente guatemalteco de 16 años por influenza, algo que, incluso quedó grabado en las cámaras del centro de detención, además, el fallecimiento de otros seis menores guatemaltecos, por lo cual la noticia de la llegada del covid-19 a esos lugares “no sorprende”.
¿Nueve casos?
Este miércoles, varios medios estadounidenses dieron a conocer la noticia de que al menos nueve migrantes en centros de detención fueron aislados y al menos otros 24 están siendo monitoreados en 10 centros.
Aunque nadie en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) confirmó que se tratara de casos de covid-19, un documento filtrado a los medios sugiere que sí se trata de ese virus.
Además, ICE confirmó el martes de esta semana que un mexicano de 31 años detenido en una cárcel de Hackensack, Nueva Jersey, dio positivo a la prueba de coronavirus, mientras que el jueves de la semana pasada confirmó que un miembro del equipo médico de otro centro de detención en el mismo estado contrajo la enfermedad.
“Estrictos protocolos”
La Cancillería guatemalteca emitió un comunicado en el cual asegura que garantiza derecho de ingreso al territorio nacional de todos los connacionales y aseguró que todos los deportados pasan por “estrictos protocolos de prevención”.
En el caso de las dos personas que presentaron fiebre alta el lunes de esta semana, por lo cual todo el grupo de 85 debió permanecer la noche en la Fuerza Aérea en lo que se descartaba que fueran portadores del covid-19, indicó que se trata de dos “jovencitos” que fueron evaluados por el consulado de Guatemala en Del Río y por ICE, antes de abordar el vuelo, pero que no presentaron ningún síntoma.
