Acciones legales y políticas detienen integración definitiva de la CC

Actualmente el máximo tribunal espera informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo Superior Universitario (CSU) para resolver una acción legal promovida por la Fundación Contra el Terrorismo, ellos buscan impedir la juramentación de Gloria Porras como magistrada constitucional.

La Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra respecto a la Ley de Oenegés, que es criticada por presuntamente vulnerar derechos fundamentales. Fotografía: Prensa Libre.
La Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra respecto a la Ley de Oenegés, que es criticada por presuntamente vulnerar derechos fundamentales. Fotografía: Prensa Libre.

Desde el 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha estado integrada al cien por ciento. Todo comenzó con la renuncia de María Consuelo Porras como magistrada suplente para asumir como fiscal general.

Desde entonces Guatemala no ha contado con sus cinco magistrados constitucionales titulares y sus cinco suplentes, a pesar de ser el órgano judicial de mayor rango en el país y cuyo objetivo es velar por el resguardo de la Constitución.

En abril, con la renovación de la magistratura, parecía que la Corte volvería a estar completa, pero acciones legales evitaron que el pasado 14 de abril asumieran todos los profesionales designados y electos.

Para Nester Vásquez y Claudia Paniagua, titular y suplente elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), los obstáculos legales se extendieron por unas semanas, pero para la designación titular del Consejo Superior Universitario (CSU) la demora ya se extendió por más de tres meses.

Actualmente la disputa legal se encuentra en la CC. Una acción de amparo de la Fundación Contra el Terrorismo señala aparentes vicios del CSU en la sesión en que fue electa Gloria Porras.

Para resolver dicha acción, el pleno constitucional solicitó a la CSJ un informe circunstanciado y debe determinar si existen otras impugnaciones en el Organismo Judicial (OJ).

Otro documento también fue solicitado, pero al CSU, para determinar si la elección de su magistrado titular se desarrolló mediante voto secreto, como lo estipula la legislación nacional.

Estas diligencias están en curso y de ellas dependerá si Porras toma posesión del cargo.

Sin prisas

Aunque existe una batalla legal en curso en la integración de la CC, también pesan los criterios políticos. Depende del Congreso incluir en una de sus sesiones, ordinaria o extraordinaria, la juramentación de Porras.

Sin embargo, a los diputados no les urge hacerlo, incluso la situación podría aplazarse tanto como la elección de magistrados para la CSJ, según la lectura de Sebastián Morales, integrante de Guatemala Visible, organización que ha dado seguimiento a la renovación de la CC.

“Sí corre ese riesgo, porque, por un lado, tenemos un Congreso que no actúa con ninguna prisa en este tipo de circunstancias. Ya la CC encontró su equilibrio con el Congreso. No haría mucha diferencia si estuviera Gloria Porras, porque ya tienen la mayoría en las demás sillas. Entonces no hay un sentido de urgencia de parte de los órganos políticos, y por otro lado no hay tampoco una exigencia para que se resuelva lo antes posible. Ojalá y sí, porque no es sano para el sistema del país tener esas demoras”, señaló.

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Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, también teme un atraso indefinido, aunque considera que la verdadera complejidad y retrasos se encontrarán en el campo legal, y no en el político.

“Lo más importante aquí es determinar si —la CC— dará amparo provisional o no. Eso creo que va a determinar todo en lo que tiene que ver en términos de tiempo. Si la CC considerara que, dadas las condiciones, amerita otorgar un amparo provisional y deja en suspenso la juramentación de la magistrada Porras, entraríamos en una espiral compleja porque se suspendería su juramentación. Ahora, si no otorgan amparo provisional, la juramentación de esta persona debería continuar y el amparo debería seguir su curso en vía paralela”, explicó.

Independientemente de los obstáculos políticos o legales que existan, José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, opina que es urgente que la situación se resuelva pronto pero, sobre todo, de manera objetiva y sin sesgos.

“Es una situación que se debe atender con la premura y la importancia que merece. De igual forma está la duda sobre la juramentación en el Congreso. Probablemente colegas abogados argumentarán que el amparo no es un medio de impugnación, que es una interpretación correcta; entonces hay que definir las líneas que se van a establecer o usar en casos posteriores, y no manipularlos o interpretarlos acorde a la persona, por simpatía o falta de simpatía que se tenga ante determinada persona”, señaló.

Que repitan elección

El objetivo de la Fundación Contra el Terrorismo es que el CSU repita su elección. Ricardo Méndez Ruiz, jefe de la entidad impugnante, señaló que ese órgano académico violó el artículo 155 de la Ley de Amparo, que ordena que la designación de la Usac se debe celebrar en una sesión secreta.

Tienen buenas expectativas ante la admisión a trámite de su acción de amparo, que esperan que, junto a los informes que solicitó la CC, eviten la juramentación de Porras.

“Se acabó la época de los amparos exprés otorgados por la anterior magistratura de la CC. Nos damos cuenta por medio de esta notificación que la CC está agotando todas las instancias antes de proceder a resolver si otorga o no el amparo que nosotros solicitamos. Eso es una muestra de una actuación independiente e imparcial de la Corte, esa es la manera en que la CC debería actuar siempre”, dijo Méndez Ruiz.

Añadió: “Al no juramentarse a la señora Gloria Porras como magistrada de la CC, quedaría esa vacante que, por ley, el CSU tendrá que elegir o designar a un magistrado que constitucionalmente está obligado a designar. El proceso tendría que repetirse, definitivamente”.