Lea además: el 84% de diputados faltaron al menos a una sesión plenaria
Estas medidas, ha dicho Linares Beltranena, buscan aplicarse principalmente en contra del Comité de Desarrollo Campesino, un movimiento que, junto a otras organizaciones indigenistas, participarán en las elecciones de 2019.
A ellos los acusa de robar electricidad en múltiples departamentos del país y revenderla de una “forma coercitiva” para luego agenciarse “esa diferencia”.
Pero el Comité de Desarrollo Campesino asume la toma de energía como una respuesta “pacífica” de resistencia a los cobros excesivos en comunidades empobrecidas que la empresa eléctrica y el Ministerio de Energía establecen, los cuales llegan a ser superiores que en ciudades y zonas donde habitan personas con altos ingresos.
Linares Beltranena tiene, en la otra manga, otra polémica propuesta para acabar con los juicios a militares y recetar impunidad a todo lo que encuadre dentro del conflicto armado interno, sin importar que se trate de delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio.
Se trata de la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Legislación y puntos constitucionales y de Derechos Humanos, y que busca el cese de la persecución penal, investigaciones, procesos abiertos y falta de mérito contra personas ya condenadas de ambos bandos.
Esto en un país que ha sido ejemplo por juzgar por sí mismo a sus exmandatarios.
En contra de las oenegés está la iniciativa que busca fiscalizar a los entes no alineados al Gobierno y que realizan una función de contrapeso o, ante la ausencia de políticas públicas, por medio de la acción de la cooperación internacional de países donantes.
Busca modificar el decreto original establecido en el 2003 con el fin de limitar la organización y restringir el derecho a la libre asociación.
Por su parte, las bancadas del partido Todos y de la Unión del Cambio Nacional, organizaciones en el papel opositoras pero con fuertes lazos de alianza al oficialismo desde 2017, intentan pasar leyes e iniciativas en contra de maras y para atacar al terrorismo, pero cuyas definiciones y artículos dejan abierta la posibilidad a la criminalización de los manifestantes e incluso la prensa.
La Ley contra Actos Terroristas y la llamada Ley Antimaras -que pretende reformar el Código Penal para prohibir literalmente la existencia de pandillas-, y la Ley contra la Ciberdelincuencia parecieran una alusión a la población que exigió en septiembre a los legisladores dar marcha atrás a unas reformas que pretendían impunidad, encerrándolos durante 9 horas en el Palacio Legislativo.
Preocupa la definición de una mara (pandilla), según el texto de la llamada ley antimaras, que indica que una mara es “el grupo de personas que se organicen, constituyan, conglomeren para transgredir la paz social, agredir a terceras personas, atentar contra la vida, la integridad, la seguridad o bienes de las personas, dañar la propiedad privada o pública, hostigar de manera intimidatoria e ilegal a cualquier persona a cambio de pago alguno”.
El listado de la impunidad lo completan el intento de quitar candados al transfuguismo y la ley para la protección de la vida y la familia, que prohíbe cualquier tipo de aborto (salvo el terapéutico), condena la homosexualidad y promueve la “institución del matrimonio entre un hombre y una mujer” como única opción existente.
Todas iniciativas de leyes o de reformas a regulaciones ya existentes que hacen recordar los años de la represión y el autoritarismo. Una vuelta al pasado.
Contenido relacionado:
>Congreso intenta deshacer reforma sobre transfuguismo
>¿Qué responden los tránsfugas que fueron despojados de jefaturas de bancadas y comisiones?
