Dos de estas reuniones ocurrieron entre la primera y la segunda vuelta —el 26 de julio y el 10 de agosto—, mientras que las otras dos se convocaron para después del balotaje —el 1 y el 18 de septiembre.
La Asamblea General es el órgano supremo de la OEA y de ahí emanan políticas, acciones o mandatos. Su reglamento tiene contemplada la posibilidad de celebrar sesiones extraordinarias que deben ser aprobadas por dos tercios de los estados miembros. Se convocará “en circunstancias especiales”.
Dicha circunstancia especial que, en el caso de Guatemala, han motivado a la OEA a convocar a las sesiones extraordinarias ha sido la situación política y las investigaciones que inició el Ministerio Público (MP) en contra del partido Movimiento Semilla —ganador de la segunda vuelta—y también, aparentemente, en contra del proceso electoral.
La preocupación radica en que la judicialización del proceso podría derivar en que no asuman el puesto ni el binomio presidencial ni los diputados electos mediante el voto popular.
Acciones
En las reuniones se han emitido fuertes pronunciamientos en contra del MP por parte de los estados miembros. Incluso, se aprobó una resolución en la que afirma que “el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable”.
La OEA, además, ha enviado a su secretario general, Luis Almagro, dos veces a Guatemala para verificar la situación y ha emitido una serie de comunicados en los que manifiesta preocupación por ciertas acciones que han adoptado actores políticos, las cuales atentan, a su juicio, en contra del proceso electoral y la democracia.
¿Pero qué otras acciones podrían impulsar la OEA si continúan la arremetida del MP en contra de las autoridades electas o del proceso electoral?
El exembajador y exvicecanciller Luis Fernando Andrade ve con reservas el impacto que vaya a tener en el corto plazo las acciones del órgano regional en la actitud de la Fiscalía; sin embargo, opina que el balón está ahora en el campo de la ciudadanía que es la llamada a ejercer más presión, así como de otros sectores sociales que deben pasar de los comunicados a “algo de más fuerza”.
El diplomático opina que también se debe invitar a grupos como Codeca (Comité de Desarrollo Campesino) a no generar acciones que, más que ayudar hacen caer en la “trampa” de la confrontación y polarización.
No ve medidas más drásticas
Andrade no cree que la OEA pueda recurrir a medidas más drástica como expulsar al país de ese organismo —artículo 21 de la Carta Democrática— y más bien, cree que son los países, mediante medidas bilaterales, los que podrían aumentar el volumen de las acciones si la situación democrática empeora.
Para el exembajador, a consecuencia del ataque que ha sufrido el proceso eleccionario, Guatemala ya fue castigada, por la exposición internacional que ha alcanzado el país.
“Esta crisis electoral pone a Guatemala como un país sin certeza jurídica ni política, y eso afecta el clima de inversiones locales e internacionales”, y eso lo miden las calificadoras de riesgo, subrayó.
Andrade considera urgente que se produzca un “gran diálogo nacional en función del rescate electoral” ya que el camino actual puede conducir a un aislamiento internacional.
Cuando un gobierno se vuelve ilegítimo puede quedar aislado de los países democráticos, quienes “son cuidadosos de no relacionarse con un gobierno cuestionado en su legitimidad y señalado a nivel regional”, aseveró.
Añadió que, aunque el secretario Almagro ya no va a venir de nuevo al país porque ya tiene un panorama amplio de lo que sucede, Guatemala seguirá en la agenda de la OEA.
El artículo 21 de la Carta Democrática dice que cuando la Asamblea General “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, tomará la decisión de suspender a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros”.
Sin embargo, Francisco Villagrán, exembajador de Guatemala ante la OEA, las Naciones Unidas y varios países, estima que no hay condiciones para que ocurra una expulsión del país, “al menos por ahora”. Pero que esto dependerá “de cómo avanza la transición, y sobre todo la entrega del poder el 14 de enero del próximo año”.
“Si hubiera anomalías tan graves, como una intervención continuada de las fiscalías y el silencio de otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, la situación podría ser examinada”, subrayó el diplomático. “Espero que no lleguemos a eso”, agregó.
El analista político Jorge Ceballos remarcó que Guatemala ha sido tema central en las sesiones de la OEA lo cual no ocurría desde hace mucho tiempo, lo cual “nos da una idea de la gran importancia y seriedad que se le está dando a la situación”.
Aunque la OEA tiene mecanismo para sancionar a los estados que forman parte del organismo reconoció que “muchas veces las sanciones se quedan en discurso” y que si no ocurre algo a lo interno del país no habrá cambios de la situación que origina la sanción.
Agregó que si la crisis persiste o empeora no solo la OEA podría emitir sanciones —en este caso la expulsión—, sino también otros órganos internacionales, así como otros países.
Ceballos coincide en que los actores que tienen influencian en la vida política tienen la responsabilidad de convocar a un acuerdo mínimo que tenga como base la continuidad constitucional y de la democracia.
El analista subrayó que países como EE. UU. siguen con mucha atención lo que ocurre en el país ya que la inestabilidad institucional y crisis política abren la puerta a la inseguridad, el narcotráfico y la migración.
“Lamentablemente estamos en la agenda —de la OEA— por situaciones que nos colocan en la misma discusión de países como Nicaragua o Venezuela”, concluyó.
Debe haber reflexión
Villagrán indicó que el informe que Almagro presentó al Consejo Permanente de la OEA debe ser motivo de reflexión por parte de las instituciones del Estado que conforman el sector justicia. Los señalamientos que se hacen en el informe, de agresiones políticas en forma de acciones judiciales, son muy serias “y ponen en tela de juicio la imparcialidad de todo el sistema judicial”, especificó.
Agregó que las apreciaciones que hizo Almagro “no se pueden tomar con ligereza” y deben preocupar al gobierno, al resto de partidos políticos, al empresariado y a otros actores que hasta el momento le han restado importancia y esperan un desenlace judicial de algo que pone en riesgo la institucionalidad del país.
Asimismo, Villagrán señaló que el Gobierno debió haber reaccionado ante la “ofensa” del MP hacia Almagro, en referencia a los videos que fueron filtrados de la reunión, en los cuales se ve al fiscal Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, increpar al secretario de la OEA.
“Eso no pasa en ningún país civilizado y no se puede considerar normal. El gobierno debió haber fijado la posición ante este agravio como corresponde en un estado de Derecho”, aseveró.
