Un año de crisis donde el que más perdió fue el pueblo

Hace un año, el 27 de agosto, ocurrió un choque de trenes. El presidente Jimmy Morales, a través de un video que hizo circular en su cuenta de tuiter declaró no grato a Iván Velásquez jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Guatemala (Cicig). A lo cual la Procuraduría de los Derechos Humanos respondió con un amparo ante la Corte de la Constitucionalidad (CC), lo cual detuvo la expulsión.

El 27 de agosto de 2017 marcó un divorcio definitivo entre el presidente Jimmy Morales y el comisionado Iván Velásquez. (foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El 27 de agosto de 2017 marcó un divorcio definitivo entre el presidente Jimmy Morales y el comisionado Iván Velásquez. (foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La secuela del pronunciamiento del presidente Morales, que la mayoría de los analistas consideran que fue un error, mantiene polarizada a la sociedad y, además, ha impedido que el Mandatario se dedique a gerenciar a su equipo de ministros para que cumplan con su trabajo y, por el otro, la Cicig cumpla con investigar otros grandes grupos de corrupción. El gran perdedor, sin duda, han sido los 16 millones de guatemaltecos.


Lo más grave, concuerdan, es que no se avizora ninguna solución a la crisis política, porque la solicitud de cancelación del partido oficial FCN, el entrampamiento de algunas acciones legales interpuestas a raíz de las reformas a Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP) y los nuevos hallazgos de financiamiento electoral ilícito encontrados en otros partidos, mantienen en vilo las elecciones del 2019.

Panorama incierto

“Se vive un ambiente de polarización, pues el presidente Morales desconfía de la Cicig, quien lo sigue atacando con antejuicios y el Comisionado de las Naciones Unidas asegura que el Gobierno no es un aliado de la lucha contra la corrupción”, asegura el analista Nicholás Virzi, quien considera que a raíz de esta pugna se han formado dos bandos y que no ve un punto de consenso para terminar con la crisis. “Es posible que se ponga mucho peor”.

La mayoría considera que este año Morales no se ha dedicado a gobernar, lo que se agrava con que el hecho de que nunca ha contado con un programa de trabajo, y se ha dedicado a victimizarse convirtiendo a la Cicig en su único tema. “Fue un año perdido porque no se avanzó efectivamente en la lucha contra la corrupción y hubo cero avances en las políticas públicas, pues no nos desarrollamos en salud, educación y otros temas”, afirma el abogado y analista Omar Barrios.

Los expertos consideran que lo peor está por venir y colocan sobre la mesa la crisis por las reformas electorales. El excanciller Édgar Gutiérrez advierte que la máquina de demolición que forman el Ministerio Público y el ente de las Naciones Unidas continúa derrumbando partido y todavía no se observa una maquinaria de reconstrucción. “El Congreso es una trinchera del antiguo sistema, por lo que tendría que surgir una nueva fuerza política capaz de reconstruir”.

Puntos encontrados

Los entrevistados coinciden en que los dos trenes resultaron muy dañados, pero que la Cicig ha sido la que mejor se ha recuperado, muestras de ello son la nueva solicitud de antejuicio en contra de Morales, el allanamiento en la Municipalidad y el descongelamiento de US$6 millones por parte del Congreso de Estados Unidos, los cuales se mantenían retenidos por el caso de la familia rusa Bitkov.

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El abogado Luis Ramírez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) asegura que este año se pudo descubrir que “la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene muchos obstáculos, y que el principal es el Presidente de la República, quien se aleó con otros grupos -pacto de corruptos- para mantener los privilegios tradicionales. El problema no es de derecha e izquierda, sino la depuración de la clase política”.

A criterio del bogado César Calderón, fue un año de desgaste innecesario, porque Velásquez debió marcharse del país como también lo hicieron sus dos antecesores Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese. “Con ellos no hubo ningún problema, porque es un asunto institucional de la Cicig, La ONU debió nombrar a otra persona. Fue una crisis sobredimensionada”.

El sociólogo Gustavo Porras considera que la agenda de la Cicig no fue solo combatir la corrupción, la cual es bienvenido, sino también la destrucción del sistema de partidos políticos para sustituirlos por nuevos que sospechosamente se aprestan para participar en el 2019. “Se hubiera podido combatir a fondo sin desplantes, ni con los abusos que se hicieron. Esposar a funcionarios y al expresidente Colom causó daños profundos al país”.

Para el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, quien a través de un amparo detuvo la expulsión de Velásquez, este suceso fue un parteaguas que impidió retroceder a problemas ya superados. “La historia me juzgará, lo hice con convicción y conocimiento de mis competencias legales y volvería a actuar de la misma manera si fuera necesario”

Nicholas Virzi, analista independiente

Lamentablemente la situación continúa muy polarizada debido a la tremenda falta de confianza entre el Gobierno y la Cicig. El presidente percibe que existe una persecución en su contra con la intención de botarlo del cargo. Por eso pidió una muestra de solidaridad a su gabinete en la Corte de Constitucionalidad, cuando se celebró la audiencia con relación a la expulsión del embajador de Suecia.

La meta del Gobierno es llegar al final de su periodo. Ojalá hubiera forma de llegar a un consenso, pero no veo cual sea el punto. Es poco probable que haya una reconciliación hacia el futuro cercano, es posible que se pongan mucho peor.

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El mayor impacto es la incertidumbre en el proceso electoral del 2019, raíz de todo lo que está pasando con los partidos, incluyendo el caso de Encuentro por Guatemala. Esto hace que se dude de qué partidos participarán en las elecciones y ese es un fuerte componente de incertidumbre, los actores políticos no saben quiénes van a participar y quienes no, lo que favorece a partidos nuevos como los humanistas, que no han estado vinculados con la corrupción.

Si se logra combatir la corrupción podría venir más inversión al país, pero eso no quita de que el proceso de limpieza sea doloroso en el corto plazo, el beneficio vendrá a largo plazo.

Lo que hace falta es certeza jurídica porque se percibe que las cortes están resolviendo casos de manera sesgada como en el de la minera San Rafael, lo cual ahuyenta la inversión extranjera.

César Calderón, abogado

La crisis como tal se dio porque hay grupos que tienen interés de uno y otro bando. Lo importante es ver el asunto desde el punto de vista legal donde el Ejecutivo es el único facultado para decir si una persona es no grata, de manera que esa decisión es unilateral y si el presidente llegó a esa conclusión debió haberse ejecutado sin ningún amparo ni restricción y contratiempo.

Además, la persona que es considerada no grata entiende inmediatamente que debe salir del país porque es una decisión política y está avalada por convenios internacionales, de tal manera que el amparo no era la vía para hacerlo, sin embargo, el amparo se extralimitó en este sentido y provocó una crisis.

Al final causó un desgaste innecesario y un enfrentamiento entre un grupo pequeño, pero que hace mucha bulla, que apoya a iban a Velásquez uno mayor que está de acuerdo con el pronunciamiento de non grato.

Fue un desgaste innecesario porque era muy fácil que el Comisionado se fuera de Guatemala como lo hicieron los otros dos (Castresana y), por la puerta de atrás, y no hubo ningún problema, porque es un asunto institucional de la Cicig, quien debió nombrar a otra persona y no de Velásquez. Fue una crisis sobredimensionada.

Una de las soluciones sería que la ONU se diera cuenta que causó problemas y cambiara a Iván Velásquez y la Cicig continúe.

Omar Barrios, abogado

Este año ha sido una pérdida para Guatemala desde el momento en que el presidente Jimmy Morales tomó una decisión fuera del ámbito diplomático internacional cuando declaró non grato al comisionado Iván Velásquez como respuesta al abuso del poder punitivo que ejerció junto con el Ministerio Público (MP).

Lo que estamos viendo es un año perdido sin avanzar efectivamente en la lucha contra la corrupción y cero avances en las políticas públicas. Esa pelea no ha permitido al consejo de ministros gerenciar la administración pública y la Cicig y el MP han dejado de perseguir a los verdaderos cuerpos ilegales. Se desperdició un año, no ganamos nada, pues no nos desarrollamos en educación, salud y otros, por la pelea de los antejuicios absurdos que solo ha afectado el presupuesto del Estado.

Los dos son responsables al igual que los grupos que los manejan. Por un lado, las sectas (Frente de Lucha, organizaciones, fundaciones ideológicas y la cooperación) que manejan a la Cicig y por el otro los aparatos de corrupción que manejan al presidente Jimmy Morales, quien fue contratado como candidato, ganó y ahora evidencia que no sabe nada de gestión pública. Lo apoya una facción de militares relegados que tuvo un golpe de suerte y los diputados que quedaron huérfanos del PP y Líder.

No creo que haya cambios en el año y medio que queda al gobierno de Morales, lo único que podría suceder es que cambien a Velásquez y el Presidente tendría que deshacerse de los ministros que han fomentado la corrupción, pero no va a pasar nada por lo que debemos prepararnos para que todo siga igual o peor. 

Raquel Zelaya, directora de Asíes

Fue una acción poco atinada que se revirtió en bastante desgaste para el Gobierno. No creo que el trabajo institucional de la Cicig se haya visto entorpecido por ese hecho, pues el Comisionado está cumpliendo con su mandato a solicitud del Gobierno de Guatemala. En la lucha contra la impunidad lo que está pendiente son los resultados concretos por la dificultad de los procesos legales como los recursos de distinta índole, pero no creo, en este momento, que se haya dañado el trabajo de la Cicig y el MP,  porque ambos siguen trabajando, no veo repercusiones.

Lo casos están detenidos por diferentes mecanismos legales de retraso de los procesos, lo cual era de esperarse, porque tenemos procesos muy garantistas de la Constitución de la República.

Todos los abogados defensores, en mayor o menor grado, se han amparado en la legislación vigente que permite que se presenten una serie de amparos, obviamente, el caso de La línea fue el detonante.

Édgar Gutiérrez, excanciller 

Fue un choque de trenes en el cual perdió el Gobierno y la Cicig, pero especialmente Jimmy Morales, porque no solo no alcanzó su propósito, sino que su animadversión por Iván Velásquez le hizo bajar cierto apoyo en sectores conservadores.

El hecho de que un año después la Cicig continúa trabajando junto con el MP un segundo antejuicio en su contra es otra evidencia de que no logro su objetivo. 

La mala gestión del Gobierno ha erosionado su popularidad. Conozco una encuesta en la cual el 83 por ciento de la población reprueba al Gobierno, en tanto que la Cicig mantiene un apoyo superior al 60 por ciento.

La Cicig también perdió porque se desgastó a raíz de la ofensiva que se lanzó en EE. UU en contra el Comisionado donde se levantaron argumentos de la guerra fría y se vinculó el caso Vidkov, eso fue un desgaste internacional, aunque se ha recuperado.

La Cicig y el MP van a continuar evacuando una serie de casos que golpearan a la clase política, como dirigentes de partidos y diputados y no sería extraño que al cabo de tres años de gestión comenzaran a aflorar casos de corrupción de esta administración. Avizoro, entonces, doce meses más de deterioro del Gobierno y una mayor incertidumbre en el proceso electoral, porque estamos a seis meses de la convocatoria y no queda claro qué partidos van a participar por juicios que hay pendientes de resolver, entre ellos el caso de Encuentro por Guatemala.

La máquina de demolición del MP y la Cicig, continúa y todavía no hay una maquinaria de reconstrucción por lo que en las próximas elecciones tendría que surgir una fuerza política capaz de reconstruir todo lo que se ha caído.

Jimmy Morales no ha gobernado, mucho menos ha diseñado un programa de trabajo, solo se ha dedicado a victimizarse y ha convertido a la Cicig en su monotemática. Alineó las relaciones internacionales de Guatemala y la gestión de gobierno con el único objetivo de desplazar a la Cicig.

Jordán Rodas, PDH

El resultado de la acción de amparo que interpuse es positivo porque logré que aún tengamos a Iván Velásquez al frente de la Cicig trabajando de la mano con el MP para combatir la corrupción. Lógicamente esto no es del agrado de aquellas personas que estaban cómodas con el estatus quo y que la corrupción y la impunidad siguieran gobernando como regla general en la administración pública.

Creo que no era necesario llegar a esos extremos de polarización, pero la mayoría de los guatemaltecos son honestos, conscientes y agradecidos y están agradecidos con la cooperación internacional que ha apoyado tanto al país, aunque, obviamente, hay algunos que se resisten a los cambios.

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También hubo retrocesos porque se cambió a los ministros de Relaciones Exteriores y el Gobernación lo que significó un regreso en la política exterior y en seguridad. Los funcionarios que llegaron (Sandra Jovel y Enrique Degenhart) en lugar de consolidar los logros alcanzados se deterioraron, por ejemplo, los cambios en la cúpula de la PNC, los ofrecimientos incumplidos y la inusitada violencia en contra de defensores de los derechos humanos. En política exterior la canciller Jovel socavó la relación con Suecia un país solidario desde el terremoto de 1976 y que acompañó los acuerdos de paz.

Pero ya no pasa solo con ellos, la fotografía donde aparece todo el gabinete en la durante vista que se llevó a cabo en la Corte de Constitucionalidad evidencia las prioridades del Gobierno que no son necesariamente las del pueblo de Guatemala. Esa unión que mostraron esos funcionarios debería concentrarse en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura y otras necesidades.

Los rostros de muchos ministros denunciaban lo incomodo que se sentían y no comprendo cómo se dejaron persuadir para estar allí. En todo caso debe prevalecer la dignidad y hay momentos para repensar hasta qué punto uno puede llegar.

Gustavo Porras, analista

Siempre he sostenido que si la estructura que se armó (Cicig), solo fuera para luchar contra la corrupción bienvenida sea, pero creo que ya es muy evidente que desde el principio su objetivo era imponer un conjunto de transformaciones en el Estado, que es lo que estamos viendo. Lo demuestra la virtual destrucción del sistema de partidos políticos y la sustitución por los partidos que ahora disputarán las elecciones y que no sé si la gente conoce. Vamos hacia un conjunto de transformaciones que no están en las manos de los guatemaltecos, si no que ya vienen dirigidas, esperamos que sea para bien.

Ahorita hay tres partidos, por encima de toda sospecha, recién constituidos como lo son Vamos, Bien y Semilla. ¿Qué va a pasar con los otros partidos ya existentes, no se sabe? Es muy probable que se den las elecciones más anómalas en la historia de Guatemala. A estas alturas no hay candidatos definidos como antes que con mucha anticipación se conocían, empezaban a hacer precampaña y los sancionaba el TSE.


Ha habido mucho desgaste, la captura del hijo y el hermano del presidente fue una provocación, pues en todo caso eran faltas y los convirtieron en delitos, entonces es imposible decir que fue casualidad lo que está pasando, no se midieron consecuencias.  Para bien o para mal, hay una virtual destrucción del sistema político.

Se debió haber combatir la corrupción a fondo sin desplantes, ni con los abusos que se cometieron, eso de esposar al expresidente Álvaro Colom causó daños profundos imposibles de medir para Guatemala porque no se sabe en qué va a concluir.

Luis Ramírez investigador del ICCPG

Los que nos deja esta pugna es que la lucha contra la corrupción tiene muchos obstáculos, y el principal es el presidente de la República quien se ha aliado con otros grupos para mantener los privilegios tradicionales.

Hay que aclarar que el problema no es ideológico o sea ni de izquierda ni de derecha, sino de la depuración de la clase política, lo cual se evidenció con el pacto de corruptos del Congreso de la República.

La polarización social es mínima, solo es entre gobernantes y gobernados. Se puso de manifiesto con el pequeño grupo de manifestantes que irrumpieron recientemente en el TSE, que en realidad es un grupo minúsculo que defiende a militares y políticos tradicionales corruptos acostumbrados a sobrevivir del financiamiento electoral ilícito. También de empresarios que reconocieron son corresponsables de esta situación.

El pacto de corruptos que inicialmente fue entre el presidente y el alcalde Álvaro Arzú está claro que el Ministro de Gobernación heredó los intereses del fallecido alcalde. Este funcionario se ha dedicado a destruir a la PNC, como parte del acuerdo, y está en contra de la política del anterior ministro Francisco Rivas y sus antecesores.

Esta pugna le ha hecho daño a la democracia del país, pues algunas instituciones comenzaron a sufrir el daño. Quien más ha salido desacreditado es el presidente y su gabinete, el Cacif también se ha desgastado, pero aún se aferran al poder económico y político.

Debemos dejar que la democracia tenga sus propios caminos y esperamos que los diputados tránsfugas no logren sobrevivir al proceso de depuración, ni el presidente logre desgastar a las instituciones de justicia, que es su pelea.

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