Asimismo, consideran que este Congreso, que terminará su periodo de cuatro años el 14 de enero, se caracterizó por su escaso diálogo, revanchismo hacia la sociedad civil, falta de consensos y por deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) .
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El expresidente del Congreso, Roberto Alejos, asegura que durante este escaso tiempo que les queda ya no lograrán hacer mayor cosa, pues la mayoría (más de 100) ya no fueron reelectos por lo que únicamente se encuentra preocupados “en hacer su maleta asegurando plazas, su futuro, ingresos y ver qué les deben”.
La evaluación de Alejos es que la presidencia de Álvaro Arzú Escobar dedicó una buena parte del tiempo atacar a la Cicig y a la gente que tenía que ver en la lucha contra la corrupción. Muestra de ello son las dos Comisiones que se formaron durante las últimas semanas, en una de las cuales, incluso, advirtió que se presentaría a denunciar.
El 30 de septiembre los cinco diputados que formaron la comisión Anti Cicig, comenzaron a escuchar las supuestas ilegalidades que cometió la Cicig en sus 12 años en el país; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad por medio de un amparo detuvo esa comisión, por lo que formó otra formada por solo tres parlamentarios.
A criterio de Alejos, en materia legislativa lo único que les preocupa, antes de despedirse de la Legislatura 2016-2020, es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, pero que les está costando ponerse de acuerdo.
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Trabajo legislativo en 2019
- 7 decretos aprobados hasta octubre
- 70 iniciativas de ley presentadas ante la Dirección Legislativa del 14 de enero al 28 de octubre
- 12 acuerdos Legislativos aprobados
- 3 puntos resolutivos aprobados
Preocupados por agenda regresiva
Álvaro Montenegro integrante de Alianzas por las Reformas, afirma que esta legislatura se caracterizó por la agenda regresiva que impulsó para destruir todo lo que se había consensuado con la sociedad civil durante el 2015 y 2106 en temas de justicia, servicio civil, reformas electorales, y ley de contrataciones del Estado.
Montenegro considera durante los dos años de presidencia de Arzú Escobar únicamente se trató de socavar a las organizaciones que velan por los derechos humanos y contra la corrupción. “Lo están intentando por medio de la aprobación de leyes como la de ONG o la de Amnistía General a los violadores de derechos humanos. “Es legislación casuística y de revancha”.
Montenegro considera que las malas intenciones del Congreso se han puesto de manifiesto en varias oportunidades. Cita como ejemplo, que cuando se dio el amparo que obligó a la repetición de Cortes, el Parlamento “de manera reactiva intentó modificar la Ley de la Carrera Judicial. De esta forma han intentado proteger sus propios intereses, que es lo que los ha caracterizado este año”.
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El líder de Alianza por las Reformas, asegura que otra muestra de la forma en que han tratado de ejecutar su agenda regresiva y revanchista es que han interpuesto amparos en contra de algunos magistraos de la Corte de Constitucionalidad (CC), y el Procurador de los Derechos Humanos, con lo cual buscan debilitarla.
Uno de ellos sucedió el 11 de octubre cuando la Junta Directiva del Congreso, presidida por Arzú Escobar, por medio de su equipo jurídico acudió al Organismo Judicial (OJ) a interponer una querella penal en contra del pleno de magistrados titulares de la CC, exceptuando a Dina Ochoa, por otorgar un amparo provisional a la Fiscal General María Consuelo Porras, el cual suspende las actuaciones de la Comisión anti CICIG.
Los magistrados denunciados son Bonerge Mejía, presidente de la CC, Gloria Porras, Neftaly Aldana y José Francisco de Mata Vela, quienes son acusados por los directivos del Congreso de supuestamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.
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Contra Comisiones de Postulación
Este martes, el Congreso se reunirá para decidir si continúa apoyando el trabajo de las Comisiones de Postuladora con el mobiliario y equipo que se ocupa en la Universidad Mesoamericana.
El pasado 17 de octubre nueve trabajadores del Congreso llegaron a la Universidad Mesoamericana, sede de las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas Apelaciones, con el objetivo de retirar el mobiliario y equipo que este organismo había prestado a las instancias para realizar su trabajo, pero finalmente no se lo llevó.
Al respecto, el presidente de la Comisión, Félix Serrano dijo: “Están peleando -el Congreso- con la Corte de Constitucionalidad por las decisiones que ha tomado y nosotros somos los paganos de esta feria que se está dando”.
Mucho tiempo a las interpelaciones
La congresista Nineth Montenegro, lamentó que durante este año, al igual que otros, se haya distorsionado la figura de la interpelación, la cual considera “una institución noble que sirve como contrapeso para el presidencialismo y así fiscalizar las actuaciones de los funcionarios. Se ha naturalizado”.
Montenegro explica que todo el año se pasó el Ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en el Congreso para ser interpelado y lo peor “es que como no hay quorum suficiente, obviamente, no se dan las interpelaciones, lo cual genera desgaste, no estimula. Uno sabe que va a llegar y que no va a haber nada”.
La parlamentaria, quien no fue reelecta para el siguiente periodo, explica que lamentablemente al concluir la interpelación de Benito vienen otras contra el Ministro de Salud y luego regresaría el de Comunicaciones. Son Interpelaciones estériles que no dejan ningún resultado ni efecto. Es una pérdida de tiempo que al final desgasta el sistema parlamentario.
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La congresista lamentó que por esta pérdida de tiempo no se hayan conocido otras leyes importantes como la de agricultura familiar e infraestructura vial que han quedado relegadas, así como el nombramiento del titular y suplente del Renap, de un representante de la Sala de Apelaciones, cuya renuncia fue irrevocable, entre muchos pendientes.
Ha habido mucha pérdida de tiempo útil y como le he dicho se pudo usar para la Ley de Infraestructura Vial la gente podría aportar tanto empleo y activar la economía, entre otras, creo que hay falta de voluntad política, se ha empleado el tiempo en temas que podrían resultar irrelevantes.
“Ha sido un tiempo de muchas faltas de acuerdos y consensos que no han ayudado para que una agenda camine como corresponde”, señala la congresista.
Se pusieron de acuerdo
En lo poco que se pusieron de acuerdo los parlamantearios fue en el Estado de Sitio decretado en 22 municipios del nororiente del país, como consecuencia del asesinato de tres integrantes del Ejército en El Estor, Izabal. El sábado 7 de septiembre aprobaron en tercera lectura el estado de sitio que el presidente de la República decretó.
Un mes después con 91 votos a favor y tres en contra el Organismo Legislativo aprobó y ratificó el estado de Sitio, con una enmiendas nada más la cual incluyó de nuevo a los municipios de Puerto Barrios y Livingston de Izabal.
Sin mayor discusión el Congreso aprobó y ratificó el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo, mismo que tuvo una enmienda presentada por los diputados Manuel Conde Orellana, Armando Melgar Padilla, Víctor Cruz, Byron Chacón, Alejandra Carrillo y por dos parlamentarios más a quienes su firma es ilegible.
Atribuciones de la Comisión Anti Cicig
Determinar la existencia de la comisión de acciones ilegales o arbitrarias por parte de la Cicig que hayan atentado contra derechos fundamentales de los habitantes de la República de Guatemala.
Recabar, evaluar y sistematizar información por cualquier persona, entidad púbica o privada que hayan sido víctimas de acciones ilegales y arbitrarias por parte de la Cicig.
Requerir información a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y sus entidades descentralizada, autónomas, semiautónomas, así como declaraciones, documentos e informes y colaboración respecto a las posibles acciones ilegales y arbitrarias realizada por la Cicig.
Denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente acciones ilegales o arbitrarias en consenso o bajo instrucciones de la Cicig exigiendo su inmediata destitución del cargo.
Invitar a los financistas de la Cicig con el objeto de que compartan información respecto a los recursos proporcionados a dicha comisión y si estos les rindieron informes de los gastos realizados durante su gestión proponiendo que se realice una auditoría forense del mismo.
Solicitar información a los diferentes gobiernos sobre el historial profesional del personal internacional que laboró en la Cicig durante el periodo 2007-2019, periodo durante el cual la Cicig.
Presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, si así fuera el caso, la inmediata extradición del personal que haya elaborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país al cual se considere que haya cometido un ilícito dentro del territorio nacional.
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