Esta dinámica parlamentaria podría continuar con cualquier proyecto que tenga de fondo el manejo de grandes cantidades de dinero, explican distintas fuentes especializadas en el qué hacer parlamentario.
Una muestra clara será el abordaje que la novena legislatura dé a una nueva iniciativa de ley impulsada desde la presidencia, la misma busca apoyo parlamentario para nuevos subsidios.
Concretamente Q400 millones para el diésel y Q127.5 millones para continuar con el aporte social al servicio de energía eléctrica, según los documentos que ingresaron al Congreso el viernes 29 de julio.
María Isabel Bonilla, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que todo proyecto de este tipo si necesita contar un dictamen de comisión y no aprobarse de manera exprés.
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“Si existe necesidad por ver como se abaratan los precios de gas, electricidad, combustibles y más, pero eso no impide o debiera de ser excusa para que las aprobaciones sean sin un estudio, queremos que se trabaje rápido pero que se cuente con un dictamen”, explicó.
Aunque las intenciones que puedan tener algunos diputados sean honestas, el “abusar” de la urgencia nacional hace que más de alguno desconfíe, según la investigadora del Cien.
“No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Si se actúa con transparencia que eso refleje la información y el actuar de diputados, debe de cambiarse esa cultura de pretender que lo que hace el Congreso es secreto nacional, la urgencia nacional no impide el seguimiento de la aprobación y los fondos, y es lo que a veces falta”, comentó.
Corrupción y campaña
Los antecedentes que ha dejado el Congreso en general, no solamente esta legislatura, hacen que expertos duden de las intenciones de fondo tras la aprobación de un decreto por urgencia que mueve grandes cantidades de dinero.
En el primer periodo de sesiones ordinarias del 2022 esto se vio reflejado con seis decretos legislativos. El 2-2022 dio vida a la Ley de Bienes Muebles Inservibles en los Centros Educativos Públicos, el único de urgencia que en apariencia no mueve recursos públicos.
Pero al hablar de los decretos 17, 20, 25, 28 y 36 son todos aquellos que han dado paso a los subsidios del gas, combustible, energía eléctrica y hasta a una ampliación presupuestaria al Ministerio de Comunicaciones.
“El Congreso se ha convertido en una institución que legisla para la corrupción, recordemos que las asignaciones presupuestarias y todo ha ido a parar a bolsos de corrupción”, advirtió Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).
El también experto en temas de transparencia considera que todo esto ya tiene un tinte político para las elecciones del 2023, “no van a responder con una legislación que beneficie al país, la alianza oficialista va a legislar solo para su beneficio y preparar un camino para las próximas elecciones”.
Por su parte Alejandro Quinteros, analista político independiente, destaca que cualquier proyecto que mueva cantidades millonarias necesita contar con al menos cuatro pilares: estudios técnicos, económicos, financieros y jurídicos.
Convertir iniciativas en decretos sin ninguno de esos cuatro pilares despertara dudas, sobre todo por los tiempos políticos que cada vez se acercan más a una nueva competencia por los cargos de elección popular.
“En el año preelectoral los partidos se vuelcan a su maquinaria electoral y luego a la campaña, muchas cosas que no se hacen este año ya no se logran en las legislaturas, casi siempre en el tercer año pasan bastantes decretos que pueden ayudar a los partidos políticos con una presencia frente al electorado”, refirió.
Buscaran consensos
La nueva iniciativa que busca más subsidio para el diésel y a la tarifa social de la energía eléctrica tendría que pasar por la Comisión de Finanzas del Congreso, para contar con un estudio y análisis de profundidad.
El diputado Cándido Leal, presidente de la mesa de trabajo e integrante de la bancada oficial, destacó que van a buscar el apoyo del Pleno para avanzar con esta nueva propuesta de ley.
“El Ejecutivo envió el día viernes la propuesta de subsidio al diésel y a la tarifa social para el servicio de energía eléctrica, en junta Directiva se va a tocar el tema para nosotros llegar a los consensos y trasladar dentro del Pleno la necesidad que hay dentro de la población para poder seguir ayudando dos meses más”, explicó el congresista.
Por su parte Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas, manifestó que las intenciones que tiene el Ejecutivo tan solo están colocando como prioridad las grandes necesidades que tiene la población.
“Nuestra intención es un ejercicio responsable de trasladar un beneficio a los guatemaltecos pero sin comprometer deuda a futuro y sin comprometer los ingresos fiscales, que son precisamente lo que nos han permitido en esta época de crisis tener saldo de cajas para ponerlos a disposición de los guatemaltecos”, refirió.
El Pleno del Congreso se reunirá este martes y la iniciativa tendría que ser trasladada a Comisión o bien los diputados podrían volver a repetir el patrón de legislación detectado por los expertos: Aprobar leyes por urgencia, sin dictamen y con poca transparencia.
