Pero la ejecución de recursos y los programas creados para atender la crisis económica y alimentaria en el país a consecuencia del covid-19 carecen de transparencia, lo que impide conocer a detalle en qué se gasta el dinero de los préstamos que autorizó el Congreso, según los grupos sociales.
Por ejemplo, así lo cree Carmen Rosa de León, integrante del Pacto Ciudadano, un movimiento que aglutina a decenas de organizaciones sociales en favor de la transparencia, y quienes además impulsan una comisión destinada a velar por el gasto público durante la crisis del coronavirus.
“Vemos que las medidas —en referencia al estado de Calamidad— vienen muy asociadas a los mecanismos de corrupción del pasado, porque también la epidemia está demostrando que esos mecanismos de corrupción entorpecen la ejecución del Gobierno”, señaló de León.
Además, hizo énfasis en que uno de los ministerios clave para atender la emergencia, el de Salud, no ha podido adquirir todos los insumos que necesita el personal médico a pesar de que se cuenta con los fondos.
“La mayor parte parece que son fondos de donación y no son recursos que el mismo Ejecutivo haya puesto a disposición de la epidemia, y si vamos entonces al caso de Salud, sabemos por algunas iniciativas del sector privado, que ni siquiera se ha ejecutado el 3% del presupuesto aprobado”, añadió De León.
El rol del Centro de Gobierno, a criterio de De León, tan solo se encuentra “entorpeciendo el trabajo lento” que desarrolla el Ejecutivo porque impide que una institución con experiencia en crisis, como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), tome las riendas de la situación y ayude a coordinar el flujo de trabajo.
Hay confusión
La poca ejecución en instituciones del Gobierno para atender la emergencia es tan solo uno de los problemas a la vista. La información a cuenta gotas es otro de ellos, según expuso de León, porque no se permite conocer a detalle la magnitud real de la crisis y la forma en que un guatemalteco de a pie puede acceder a los programas sociales autorizados.
“Hay mucha confusión en cuanto a cuáles son los procedimientos de distribución de esos bonos, más los mensajes que lanza el presidente, porque habla como que ya el bono de mil quetzales se va a repartir mañana”, agregó.
En lo anterior coincide Luis Linares, analista en temas económicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien expuso que la confusión es uno de los problemas de los programas de ayuda durante la emergencia, además de que no serán suficientes.
“Todos son parte de la economía informal y decir que Q200 mil para cubrir a 200 mil personas con Q1 mil para paliar la falta de ingresos durante dos meses, eso no ayuda a nadie. En ese programa se ve al vendedor informal, pero quedan de lado artesanos, jardineros y otros guatemaltecos que se ganan la vida en la informalidad”, aseguró Linares.
Ambos creen que es necesario mejorar la comunicación para que los ciudadanos sepan con claridad quién va a recibir ayuda y cómo puede acceder a ella, mientras que la posible prórroga al estado de Calamidad tiene que contar con candados que garanticen la transparencia y ejecución de recursos.
Bajo condiciones
Diputados de algunas bancadas afirmaron que están dispuestos a apoyar la prórroga del estado de Calamidad toda vez se garanticen acciones de transparencia y rendición de cuentas.
El bloque Movimiento Semilla explicó que están anuentes a votar a favor de la prórroga solo si se garantiza que habrá una respuesta óptima de las diversas oficinas del Ejecutivo que atienden la crisis.
“Vamos a apoyar la prórroga porque creemos que el presidente tiene que tener las herramientas para seguir tomando decisiones, pero lo que no quisiéramos es que se siga utilizando el estado de Calamidad casi que como un cheque en blanco. Lo más probable es que sea de urgencia nacional, lo que tendríamos que ver son los candados que se le puedan poner para la rendición de cuentas”, informó la bancada.
En tanto, Mynor Mejía, jefe del bloque oficialista, apuesta por tener los votos necesarios para que la ampliación se apruebe en una sola sesión.
“Creemos que tenemos suficiente apoyo del resto de bancadas para que podamos prorrogar el estado de Excepción. Esperemos que lo pasemos de urgencia nacional con los 107 votos. Yo creo que es responsabilidad de todos. Los diputados distritales deben entregar cuentas en los departamentos, sería irresponsable si alguien no quiere apoyar la prórroga”, resaltó.
Mientras que la bancada URNG–Maíz solicita una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo para dar el voto a favor, según declaraciones del jefe de bloque, Wálter Félix.
“Es necesario y urgente antes de estar apoyando prórrogas al estado de Calamidad que el Ejecutivo pueda informar públicamente de cuáles son los logros, y los resultados de dos meses de ese estado. Se suponía que con el estado de Calamidad muchas medidas que se iban a implementar en el marco de la crisis, pero lo que vemos a esta altura es que hay una gran cantidad de gente con banderolas blancas en señal de que no han recibido ningún apoyo de parte del Estado”, comentó.
Asimismo, el bloque Todos afirmó que el presidente cuenta con el apoyo de la bancada, afirmó el diputado Cornelio García.
“Consideramos que es una prórroga necesaria para todo el Estado de Guatemala, y es necesario que apoyemos al Ejecutivo para tomar estas medidas y que podamos contener el crecimiento de esta pandemia. Sin embargo, tenemos contemplado que los ministros o el Gabinete de emergencia se haga presente para explicar e informar sobre la utilización de los fondos que se aprobaron”, puntualizó
Si durante la sesión plenaria se desvanecen los acuerdos a los que ha llegado la alianza oficialista la ampliación del estado de Calamidad, tendrá que ser discutido en tres debates los días jueves, viernes y sábado.
Posible excarcelación
Aunque ya se acordó que el Organismo Judicial (OJ) será el que emita a sus jueces los criterios para otorgar medidas sustitutivas de arresto domiciliario para reos vulnerables al coronavirus, hay rumores en los pasillos del Congreso de que algunos diputados podrían presentar una moción para incluir, de último minuto, una iniciativa de ley para la excarcelación.
En una reunión en la que participaron diputados e integrantes del sector justicia quedó descartado que sea el Congreso el que fije los parámetros para las libertades temporales de privados de libertad que podrían estar en una situación de riesgo ante la pandemia.
Pero no sería la primera vez que una iniciativa de ley se presente de esta forma. Anteriormente, mediante un punto resolutivo en el que se buscaban acciones para prevenir el ingreso del covid-19 al país, se añadió para tercera lectura y redacción final las reformas a la ley de ONG.
La plenaria probablemente se discuta a puerta cerrada y sin la prensa, porque sigue vigente la disposición de la Presidencia del Congreso que impide el ingreso a periodistas.
