La propuesta descansa en cuatro préstamos externos y otros locales que financiarían una serie de acciones que, según explicó el mandatario, ayudarían a sobrellevar las secuelas de la pandemia de covid-19.
De la colocación de títulos, unos Q3 mil 330 millones tienen como destino gasto de funcionamiento, como pago de salarios o compra de insumos; Q1 mil 150 millones para inversión y Q519 millones para el pago del servicio de la deuda.
Para funcionamiento, la asignación al Ministerio de Educación es de Q1 mil 100 millones; para el Ministerio de Salud, Q1 mil millones; y para Gobernación, Q500 millones, lo que suma Q2 mil 600 millones, que son los rubros más altos.
Es decir, el 52% de la colocación de bonos del tesoro se destinará a funcionamiento, sobre todo para cumplir con el incremento salarial a los agentes de la Policía Nacional Civil, construcción, equipamiento para las comisarías y adquisición de tecnología, entre otros proyectos.
Explica gastos
“A consecuencia del coronavirus se provocaría la pérdida del 1% del PIB (producto interno bruto), con un crecimiento calculado del 2.5%. Este paquete de leyes busca atenuar esos impactos para lograr un 3.1%”, dijo el gobernante en el Congreso.
En su presentación, el presidente explicó que el Ejecutivo pretende ahorrar gastos entre 20% a 25%, para destinar esos fondos a inversión en infraestructura estratégica como puertos, aeropuertos, el metrorriel y proyectos viables como la construcción de la Transversal del Sur (TVS), tramo de 110 kilómetros que conectaría al puerto Champerico, Retalhuleu, con Puerto Quetzal, en la franja costera.
“Son proyectos que van a generar impacto en la inversión y empleo”, dijo a los diputados al referirse al programa.
La propuesta incluye la asignación de Q100 millones para la construcción de un proyecto de vivienda popular con el Crédito Hipotecario Nacional y con garantía —cédula— del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).
El mandatario se refirió a la liberación para la importación de medicamentos, suministros alimenticios, combustibles y gas, para atender esta emergencia.
Ronald Estuardo Recinos, presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), informó que los barcos que transportan esos productos tienen prioridad para descargar y abastecer el mercado.
Como blindaje para las pequeñas y medianas empresas del área urbana y rural, Giammattei anunció el fondo de garantía de Q100 millones, para disminuir el impacto de la crisis y la agilización de la devolución del crédito fiscal a los exportadores para el ejercicio 2020, por Q2 mil 600 millones.
A la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos las instó a atender la liquidez, los instrumentos que faciliten el acceso al crédito y vigilar la solvencia de pagos, mientras que a las aseguradoras recomendó no aplicar la cláusula del coronavirus y que las personas sean atendidas.
Al sistema energético, el gobernante le pidió mantener la generación, transmisión y distribución del suministro, y requirió a las juntas directivas del Intecap, Irtra e IGGS recibir pagos diferenciados para el siguiente trimestre.
Paquete de iniciativas
La ampliación presupuestaria por Q7 mil millones depende de un préstamo que se utilizará para un estado de Calamidad Pública de US$200 millones —Q1 mil 540 millones— con el Banco Mundial, y otro crédito por UU$193 millones —Q1 mil 486 millones— con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la construcción y remozamiento de hospitales.
Se incluye una modificación temporal a la Ley del Impuesto de Solidaridad (ISO) —que grava el 1% anual sobre ventas—, para diferirlo en un pago trimestral —cuando sea aprobado—, para que las empresas puedan enfrentar la emergencia y la exoneración de impuestos —IVA importación— a las donaciones que se reciban del extranjero.
La aprobación de la iniciativa de leasing o arrendamiento, que permitiría ahorros en la construcción y alquiler de edificios y que hace dos semanas la Comisión de Economía brindó dictamen favorable, así como las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, fueron otras iniciativas que mencionó Giammattei.
Acciones prontas
Fernando Estrada Domínguez, director de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, dijo que se deben hacer todos los esfuerzos posibles y lo más urgente para reactivar la economía cuando se salga de esta debacle.
“Si es en construcción de edificios o infraestructura estatal, siempre será bueno, porque incentivará todo el sector, ya que el sector público le tiene que comprar al privado, siempre y cuando los eventos sean transparentes.”, destacó.
El consultor fiscal Juan Carlos Paredes afirmó que en el planteamiento de prorrogar el ISO ayudaría a las empresas en demorar sus pagos, para no afectar su capital de trabajo, y es una propuesta innovadora.
Respecto de la agilización de la devolución del crédito fiscal, Paredes considera que es algo que siempre se ha requerido pero la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene su procedimiento y las revisiones de los expedientes para los contribuyentes.
Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmeros (Grepalma), mencionó que las consecuencias del coronavirus a la economía serán letales para algunas actividades y unas podrían verse beneficiadas.
“Todos tenemos obligaciones bancarias y tributarias, y lo que presentó el presidente al Congreso es en beneficio de la gran mayoría”, señaló el directivo.
alejado del covid-19
Separada de la opinión económica y empresarial, Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), espera que la propuesta del Ejecutivo se acompañe de los mecanismos que permitan la ejecución de esos recursos de una forma rápida y transparente.
“Bajo la legislación como funciona hasta ahora, no van a poder ejecutar nada —y—, si lo que se piensa es ejecutar bajo mecanismos de excepción, tanto la Ley de Compras como del Presupuesto tienen todo un articulado que se debe cumplir y no es tan fácil hacerlo”, subrayó Flores.
Añadió que el plan presentado por Giammattei parece responder a problemas que se deben solucionar con o sin la emergencia por el coronavirus, y que se trata de aprovechar esta coyuntura para forzar el apoyo del Congreso.
Jonathan Menkos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, coincidió en que la propuesta presentada por el mandatario tiene poca relación con la emergencia del covid-19.
“Hay un divorcio entre el discurso que dio el presidente y lo que contiene esta ampliación”, apuntó Menkos, quien coincidió con Flores en que esta ampliación es para llevar a cabo funciones ordinarias de una administración pública que no enfrenta una pandemia.
Piden más análisis
En el Congreso, aunque se reconoce la necesidad de un plan de reactivación económica, aún hay desconfianza en la propuesta.
Samuel Pérez, jefe del bloque Semilla, ve el plan consecuente a otros proyectos que ya se discutían en el bloque.
“Lo que probablemente hizo falta es empezar de una vez, decretar una cuarentena sin mayores excepciones, como se contradijo el presidente hace unos días, porque este es el momento de parar el contagio y, por otro lado, establecer límite en los precios de los productos básicos”, dijo Pérez, quien se reservó el voto de la bancada a un análisis más detallado del plan.
Carlos Barreda, jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, afirmó que la propuesta es muy amplia pero no está enfocada en resolver la emergencia de la pandemia.
“ Obviamente no incluye el tema de cómo vamos a garantizar la sobrevivencia de las personas y las empresas. Esas personas que trabajan por su cuenta, que tienen un negocio, que no tienen un salario formal (…), las pequeñas empresas que tienen que pagar planillas e impuestos y sus ventas se vinieron al suelo”, dijo Barreda, y agregó que evaluarán el plan antes de decidir si lo apoyan.
Con información de: Dulce Rivera y Rosa María Bolaños
