“Es inadmisible que estas agrupaciones amenacen el ambiente de paz y seguridad que debe privar en la celebración de elecciones, por lo que es imperativo que las autoridades investiguen estas conductas que instan a delinquir”, dice la misiva.

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Un grupo que dice haber sido parte del Ejército entre 1960 y 1996, el tiempo que duró el conflicto armado interno, alcanzó el mes pasado un acuerdo preliminar con el Gobierno para recibir una indemnización, después de haber amenazado con boicotear las elecciones del 16 de junio. 

Para el Cacif, estos reclamos son prueba de una estructura tradicional de demandas clientelares.

Respecto de la amenaza de boicot durante los comicios, el Comité expone que “la máxima autoridad electoral tiene la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad y debe asegurar que el día de los comicios estos se celebren en total armonía”.

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Sergio Flores, comisionado presidencial del diálogo nacional, dijo el 28 de mayo último en rueda de prensa que alcanzó un acuerdo preliminar con los supuestos exmilitares, que exigen Q85 mil para cada uno, casa y seguro de vida.

Francisco Calmo de León, líder de los supuestos exmilitares, dijo que su asociación reúne a 1.7 millones de integrantes, por lo que se necesitarían cerca de Q144 mil millones, mucho más que el presupuesto de la Nación, que este año es de Q87 mil 715 millones.

El 20 de mayo, ese grupo había amenazado con impedir las elecciones generales si no se llegaba a acuerdos concretos para responder a sus demandas.

“Como Sector Privado Organizado se tomarán las acciones legales correspondientes, a fin de asegurar el derecho de los guatemaltecos a tener un evento pacífico, y a que sea posible ejercer el voto sin restricción ni coacción alguna”, advirtió el Cacif.

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