Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado Monterroso denunció en el Ministerio de Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.
Posibles delitos
La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo 2013-2015 entre las partes.
Según el oficio presentado, Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud. Uno de ellos se refiere al establecimiento de un arancel del 10 por ciento para el pago de servicios profesionales de Franco López, por Q24 millones.
El 18 de febrero del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año, por lo que suma Q14 millones.
Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.
En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional.
Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.
“Es importante investigar el destino final de esos fondos, después de que el profesional indicado recibió los mismos”, refiere la querella.
La asesoría de Franco López es considerada como una de las más onerosas por pagar a un solo abogado, y generó rechazo entre trabajadores.
Coacción y chantaje
Además de la investigación sobre el movimiento financiero, Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen desde robo de medicamentos y tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.
Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015, sobre unidades de control interno o auditoría.
Monterroso pide al MP que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.
Carlos Sanabria, líder sindical del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las 6 horas, tomarían las instalaciones y que solo atenderían emergencias.
El sindicalista justificó la acción con la falta de pago a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.
Según Sanabria, miembros del sindicato compran arroz y frijol para darles de comer a los pacientes.
Obliga a negociar
El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto. En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.
Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones.
El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado que incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.
Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud. Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.
Monterroso afirma que la lesividad del contrato laboral se evidencia sobre todo en dos artículos.
Estos se refieren a la licencia sindical y el porcentaje de viáticos para los sindicalistas.
En cuanto a la licencia sindical, explicó que se obliga a aplicar el derecho de igualdad a los 20 sindicatos inscritos en el Ministerio
Amparados en este beneficio, dos mil 69 sindicalistas se ausentan de sus labores para atender los requerimientos del gremio, y a pesar de que no trabajan, cobran su sueldo cada mes.
Si no se denunciaba el Pacto, el artículo 20 permitiría que 12 mil personas gozaran, por igualdad, de la licencia sindical.
“No estamos de acuerdo con la estructura del acuerdo, por lo que debería finalizar en el tiempo establecido”, señaló Monterroso.
Carlos Ulbán, ministro de Trabajo, informó ayer que al existir una denuncia, lo que procede es una renegociación al vencerse el Pacto.
“Dadas las circunstancias económicas del Estado, lo que se recomienda en este caso es que se prevea que haya recursos para financiar el Pacto”, dijo.
Los sindicalistas solicitan también el pago de una deuda por bono de antigüedad, junto con el salario mensual, así como el traslado de trabajadores temporales al renglón 011 —permanentes—.
Reglamento de viáticos: en la nueva versión se pretende un incremento de Q100 millones para cada año en ese rubro de gasto para los sindicalistas, en comisiones en el exterior y la provincia.
Según el Ministerio, esta cantidad está fuera de la realidad en relación con las cantidades del Reglamento General de Viáticos del Ejecutivo, cuyo monto es más bajo. En la actualidad, el secretario general del sindicato tiene una cuota de Q1 mil diarios para sus gastos.
Condiciones lesivas para el Estado
1Derecho igualitario: en el artículo 20 del nuevo pacto colectivo se pretende hacer que otras organizaciones sindicales en el Ministerio de Salud cuenten con igualdad de derechos. En esa cartera están activos 20 sindicatos.
Eso implicaría que, de dos mil 69 personas que gozan la licencia sindical, se incremente a 12 mil, ya que nueve miembros el comité ejecutivo de cada sindicato, cuatro de cada filial y otros integrantes del Consejo Consultivo se beneficiarían.
Reinstalaciones en discordia
Sindicalistas exigen reinstalación y pago de salarios caídos a las siguientes personas:
Marcos Ramiro Ariel Milián Ruano, hijo de Dora Regina Ruano Saldaña, secretaria de organización del SNTS. No se le renovó contrato por haber violentado los candados que resguardan las cajas de palancas de electricidad, por lo que fue denunciado en el Ministerio Público.
Milián Ruano, que estaba asignado a la Dirección de Área de Salud, abusaba de su posición sindical, ya que tenía varias parejas sentimentales que no se presentan a trabajar.
Mebyz Karina Lara González, hija de Luis Lara, secretario general del SNTS. Destituida por haber provocado desorden, ocupación de instalaciones y fomento al desorden.
Olga María Castellanos Carlo, amiga de Lara González y quien se desempeña en el Programa de Accesibilidad de Medicamento.
Eduardo Jal fue destituido por haber intentado violar a la madre de una paciente, en el Hospital de Amatitlán, en noviembre del 2014.
Esdras Nehemías Herrera fue separado del cargo por haber utilizado los vehículos oficiales para asuntos personales y solicitado dinero a dueños de farmacias.
Lidia Geraldina Miranda García, destituida por el robo de medicamentos en el Hospital de San Marcos, y estaba en trámite su traslado al renglón 011.
Bernardo Corzo, Élder Zamora, Alfredo Bolvito, Óscar Orozco, Guillermo Velásquez, Juan Monroy y Maynor Fuentes, pilotos en las clínicas del Ébola, fueron destituidos por abandono de sus funciones, desinterés en sus actividades y resistencia a cumplir órdenes.
En esa unidad había 55 pilotos y solo se contaba con 42 unidades de transporte.
Gemer Willian de León Roblero y Benito Roberto Alvarado Villatoro, asignados al Hospital de Coatepeque, por efectuar cobros.
Brandon González e Ictamar Velásquez abusaban de su posición para dedicarse a supuestas actividades sindicales. Estaban asignados a la Dirección de Área de Salud.
Transferencia a cuentas del sindicato
El registro contable del Ministerio de Finanzas detalla el débito que se hizo para pagar honorarios:
La operación contable se registró el 29 de mayo último, por Q133.2 millones, como pago de complemento del bono por antigüedad al personal de ese ministerio.
Tesorería hizo un depósito de Q6.4 millones a las cuentas del SNTS, que se destinaron para el pago al abogado César Landelino Franco López, por sus servicios como asesor del pacto colectivo 2013-2015.
Costoso pacto
Prensa Libre publicó el 18 de mayo último que habría un descuento al salario de los trabajadores del MSPAS que se destinaría al pago del abogado César Landelino Franco López.
Franco López recibirá un pago total de Q24 millones, establecido en el artículo 51 del pacto suscrito por el exministro de Salud Jorge Villavicencio y el dirigente sindical Luis Lara.
El profesional ha recibido Q20.6 millones y está pendiente de que se le abonen Q3.4 millones.
Franco López ha asesorado a más de 10 sindicatos, entre públicos y privados, en material laboral.
Se graduó de abogado y notario por la Universidad de San Carlos, donde imparte cursos de Derecho Laboral.
Cuenta con especialización en Derecho Laboral.
Cifras
Q56 millones fue el pago en viáticos a sindicalistas, en el 2014.
49 mil es la nómina actual de trabajadores del Ministerio de Salud.
Q508 millones es el monto del costo del Pacto Colectivo para este año.
