“Ay, ahorita no estoy en condiciones de calificarla. Antes del 11 de febrero tenía una opinión, ahora veremos a ver qué pasa”, dijo el exmandatario.
Colom es el último de una larga lista que completan personas como el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004). Después de volver a Guatemala tras haber purgado prisión por casi seis años en Estados Unidos por haber recibido fondos de Taiwán de manera ilícita, valoró su proceder.
“Cuando volví a Guatemala en febrero (de 2015) dije que si yo juzgara a la Cicig por su labor conmigo, no funcionaba”, advirtió Portillo, y añadió: “Sin embargo, lo que estoy viendo es que este comisionado (el colombiano Iván Velásquez) es un hombre responsable que está dispuesto a jugársela por el país”.
A estas incongruencias se suman las del expresidente Otto Pérez Molina, ahora en prisión preventiva por varios casos de corrupción, y el actual presidente, Jimmy Morales, que tras la imputación y apertura a juicio de dos de sus familiares más cercanos cambió su visión.
Fue en febrero de 2012, sólo un mes después de asumir el poder, cuando Pérez Molina dijo que la Cicig permitía a Guatemala tener una “estrategia y unos procedimientos” para fortalecer las instituciones y así, en algún momento, poder salir adelante por sí solas.
“Los detractores de la Cicig no conocen lo que la ley le da pie”, decía en ese momento, algo que cambió en 2015, cuando en agosto la Fiscalía y la Comisión lo acusaron de liderar la red de defraudación aduanera “La Línea”, junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión preventiva.
Desde ese momento empezó a denunciar la injerencia extranjera de la Cicig y también señaló al jefe de ésta, el colombiano Iván Velásquez, de hacer una persecución política.
Pérez Molina solicitará este lunes, al juez Miguel Ángel Gálvez, que le conceda una medida sustitutiva en lugar de la prisión argumentando razones humanitarias. El expresidente está acusado en varios casos como el de La Línea, el de TCQ y el de Cooptación del Estado y TCQ.
Lo mismo pasó con Jimmy Morales. Durante la campaña electoral de 2015 se deshacía en elogios hacia el ente y cuatro meses después de asumir la Presidencia, en abril de 2016, pedía ante la ONU en Nueva York una prórroga anticipada de la Cicig hasta 2019 por haber ayudado a desmantelar estructuras clandestinas.
“Es fundamental para el fortalecimiento institucional del Estado” de Guatemala, aseguraba en ese momento Morales sobre la labor de la Comisión, que contribuyó con la investigación de centenares de casos y decenas de funcionarios y exfuncionarios procesados.
“Hay un profundo agradecimiento del Gobierno guatemalteco a los miembros de la cooperación internacional por sus valiosos aportes” a la Cicig, reiteraba ante la Asamblea de la ONU en su primer año en el poder. Pero cuando en septiembre de ese mismo año se empezaba a investigar a su hijo y su hermano por un caso de fraude comenzó el distanciamiento.
Una separación y enfriamiento que aumentó cuando ambos fueron procesados y enviados a juicio en 2017 por supuestamente defraudar al Estado de Guatemala en 2013, antes de que Morales se postulara como candidato y cuando su único trabajo era ser comediante en los canales nacionales con su programa “Moralejas”.
La fractura definitiva entre Morales y la Cicig se dio el 25 de agosto del año pasado, cuando el comisionado y la fiscal general, Thelma Aldana, solicitaban desaforar al mandatario por la posibilidad de haber cometido el delito de financiación electoral ilícita.
Un hecho que coincidió en el tiempo con una queja que el presidente le planteaba al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y donde le pedía que la Comisión se circunscribiera “a su mandato y al ordenamiento jurídico y constitucional” del país.
Y dos días más tarde, ya en Casa Presidencial (su despacho), Morales anunciaba, con un vídeo publicado en redes sociales, que declaraba “persona non grata” a Velásquez, una decisión que la Corte de Constitucionalidad revertiría más tarde.
No obstante, el Gobierno se empeña en decir que el problema no es la Comisión, sino quien la dirige.
Según el último ránking global de la ONG Transparencia Internacional (TI), Guatemala ocupa el puesto 143 de 180, con 28 puntos sobre 100, lo que lo convierte en el cuarto país de Latinoamérica más corrupto, solo por delante de Nicaragua, Haití y Venezuela, que finalizan la lista por este orden.
