La legislación actual exige que previo a la adjudicación de proyectos, el CIV tiene que hacer los estudios de ingeniera adecuados que respalden las obras que quiere construir.
En ese sentido, en los últimos tres gobiernos el CIV a través de la Dirección General de Caminos (DGC) ha adjudicado por lo menos 36 contratos para la elaboración de estudios de factibilidad por los cuales ha erogado al menos Q123 millones 345 mil, según el sitio Guatecompras.
Durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012) se gastó Q64.9 millones. El gobierno del Partido Patriota —(2012-2016) aunque el mandato presidencial lo finalizó Alejandro Maldonado—, fue el que menos estudios adjudicó, casi Q3 millones, mientras que en el periodo de Jimmy Morales (2016-2020) se efectuaron diversidad de estudios que le costaron a la DGC más de Q55.5 millones.
Dentro de los estudios que se han pagado están de ingeniería, de factibilidad técnica y económica; además, de riesgo y hasta ambientales.
Ahorro de tiempo
La nueva unidad permitiría un ahorro significativo de recursos; sin embargo, lo que las autoridades más destacan es que esta permitiría agilizar la construcción de obras, posiblemente hasta un 50% de lo que ahora se tardan.
En su oportunidad, anteriores funcionarios del CIV se han quejado de lo tardado que es echar a andar un proyecto nuevo ya que, solo para que esté concluido el estudio suelen pasar de seis meses hasta un año.
El actual titular del CIV, Josué Edmundo Lemus, aseveró que estos estudios son “onerosos” y requieren casi un año de planificación, desde que se selecciona la empresa y adjudica el concurso, luego el periodo de impugnaciones para que finalmente se puedan hacer los estudios.
Un ejemplo es el proceso para la elaboración de estudios de diversa índole cuyo fin es analizar la viabilidad de la ampliación a cuatro carriles de la ruta al Atlántico, desde El Rancho hasta Mayuelas, Zacapa.
Las bases de licitación se publicaron el 23 de enero del 2018 y la convocatoria se hizo hasta el 26 de marzo, dos meses después. Luego se amplió en dos ocasiones la fecha para la recepción de ofertas y apertura de plicas, lo que finalmente ocurrió el 31 de mayo.
Después de varias revisiones y procesos que incluyeron una inconformidad de una de las compañías oferentes que fue descartada, el contrato se firmó el 17 de agosto de ese año.
Sin recursos
La administración pasada del CIV había dejado avanzadas los procesos de licitación de dos estudios de grandes proyectos. El primero la construcción del anillo regional que comenzaría en San Juan Sacatepéquez y finalizaría en Sanarate, El Progreso.
Las bases de dicho concurso se publicaron en junio del 2019 y se adjudicó hasta en abril de este año por un monto de Q9.5 millones; sin embargo, las actuales autoridades optaron por anular el proceso por falta de recursos.
Similar situación pasó con la licitación de los estudios para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Oriente, desde Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador.
Este concurso también comenzó a licitarse en junio del 2019, pero ni siquiera llegó a fase de adjudicación. En mayo pasado se anuló por no contar con presupuesto.
En otros procedimientos también se suman no solo inconformidades sino hasta acciones legales y administrativas que buscan repetir los proceso lo cual duplica la tardanza.
Todo eso explica en parte lo tardado que resultar iniciar un proyecto de infraestructura puesto que, además de agotar todas las fases de los estudios de factibilidad comienza la licitación de la obra como tal que no está exenta de más impugnaciones y retrasos.
¿Cómo avanza?
El ministro de Comunicaciones explicó que desde hace unos meses comenzó el proceso de reclutamiento de unos 25 ingenieros de distintas disciplinas, así como de 10 equipos de topografía. La unidad estaría lista en septiembre.
“Este equipo multidisciplinario reúne a profesionales con distintas especialidades en temas carreteros los cuales podrán responder de manera efectiva a las necesidades que se identifiquen”, precisó Lemus.
Aunque la intención era implementar la Unidad de Planificación de Caminos en el primer semestre del año, Lemus indicó que se pospuso debido a la pandemia puesto que tenían prohibido hacer contrataciones.
Lemus aseguró que esta unidad permitirá al CIV ahorrar hasta el 40% de los recursos financieros que serían reorientados para más proyectos de infraestructura.
“Esta unidad nos permitirá iniciar de manera inmediata el proceso de planificación estratégica de proyectos carreteros para el país y tendremos capacidad instalada para reaccionar de manera inmediata”, ante cualquier emergencia, añadió.
Beneficio de la duda
Para Janio Rosales, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), es positivo que el gobierno busque agilizar la construcción de proyectos de infraestructura a través de esta nueva instancia “siempre y cuando se tenga a las personas más calificadas, con la experiencia debida y con el conocimiento necesario”.
Respecto a que la unidad representará la creación de más burocracia, Rosales apuntó que esta debe tener como objetivo lograr que las políticas públicas sean más efectivas y no se conviertan en mecanismos que compliquen los tiempos, procesos y la transparencia de los proyectos.
No obstante la aprobación de esta unidad, el presidente de la CGC expuso que, si bien es cierto es necesario que los procesos de estudios de prefactibilidad sean expeditos no se debe sacrificar la profundidad de los análisis técnicos, puesto que al final de cuentas las constructoras trabajan con base a los requerimientos técnicos que estos concluyen.
“El tiempo es clave, pero como estamos hablando de bienes públicos lo que más importa al ciudadano es que las obras sean de calidad y que sean sostenibles en el tiempo”, enfatizó Rosales.
“Consideramos oportuno la evaluación de que los perfiles cumplan con las escalas de Onsec (Oficina Nacional del Servicio Civil), que exista cuentadancia si tendrá a su carga ejecución de presupuesto” y que tengan indicadores de éxito, concluyó.
