Uno de los hallazgos fue que en 2015 los listados incluyeron a 27 mil personas nuevas, de estas, 15 mil 39 fueron de Mixco y el resto de Villa Nueva, Guatemala, Chinautla y San Miguel Petapa.
Si bien la mayoría de personas tenían ficha técnica para ser evaluadas y aceptadas en el programa, no hubo ninguna inspección para determinar la veracidad de la información proporcionada por los delegados.
Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solo ha logrado dar dictamen a 17 mil 66 expedientes de los 267 mil 235 inscritos en todo el país. Sin embargo, los hallazgos han sido que la mayoría de estos no califica según las normativas para obtener la bolsa, pero habrían recibido los alimentos.
Según explicaron encargados del programa, desde 2012 que el Gobierno de Otto Pérez Molina tomó Cohesión Social y crearon el Ministerio de Desarrollo, los únicos requisitos eran el Documento Personal de Identificación (DPI) y un recibo de agua o luz.
Esa situación permitió que los delegados departamentales y municipales incluyeran en los listados a personas aparentemente a discreción. Fue hasta 2014 cuando comenzaron a pedir a estos representantes que llenaran una ficha técnica para constatar que las personas sí aplicaban al beneficio.
El Ministerio no tenía verificaciones en campo para legalizar a los incluidos en las listas.
El viceministro del Mides, Fabrizio Pagurut, afirmó: “El padrón de la bolsa no es confiable porque antes solo se pedía el DPI”.
Pagurut declaró que con revisiones que han hecho encontraron que al menos 40 mil fichas técnicas desde el 2014 fueron “llenadas” para cumplir el requisito.
El viceministro cree que esos documentos, en su mayoría, cumplen con lo requerido para ser beneficiarios del programa. Sin embargo afirma: “Es difícil verificarlas en campo por las direcciones que tienen”.
De 2012 a 2015 entraron al programa 190 mil personas sin ficha y 77 mil 232 con el documento aval.
Personal del Mides explicó que otros casos detectados incluyen la duplicidad de entregas en donde una casa recibía dos bolsas porque ambos padres estaban registrados; en esta situación hay unos 18 mil expedientes.
Además en el programa de becas que comienza las revisiones en campo, han localizado beneficiarios que tienen casas de hasta tres niveles, y el programa es dirigido a gente de escasos recursos.
Reparos a padrón
El Ministerio de Desarrollo Social fue sancionado por la Contraloría General de Cuentas por el hallazgo de 20 inconsistencias en la ejecución de recursos y programas sociales.
Las sanciones pecuniarias suman Q1 millón 333 mil, y los fondos mal utilizados, Q39 millones 954 mil 275. Las anomalías detectadas se encuentran en el informe de la auditoría efectuada por la CGC al presupuesto ejecutado en el 2014.
Entre los principales señalamientos está la entrega de 640 mil 95 bolsas seguras a personas que no tenían en sus expedientes ficha técnica que las acreditara como vulnerables o en situación de pobreza.
Las investigaciones determinaron que para las entregas de enero a diciembre del 2014 no se tomó en cuenta ese requisito.
Juan Carlos Guzmán, director de Prevención Social del Mides, argumentó que el programa está dirigido a residentes de asentamientos urbanos, colonias y barrios, pero “en ninguno de los artículos e incisos menciona como instrumento fundamental para medir la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, la ficha socioeconómica”.
Derivado de ello, la CGC sancionó al funcionario y otras dos personas, por Q112 mil en total.
Otro caso relacionado con el mismo programa fue la entrega de 186 mil 895 bolsas de alimentos, compradas durante el Estado de Calamidad decretado en 16 departamentos, pero 44 mil 391 fueron distribuidas en Escuintla, Quetzaltenango y Sacatepéquez, departamentos que no están incluidos en la medida.
La CGC dictaminó que se incumplió totalmente el acuerdo gubernativo que especifica las funciones del Estado de Calamidad. Aquí las sanciones sumaron Q51 mil.
