Con las cinco apelaciones presentadas ayer, los parlamentarios pretenden recuperar sus cargos, para los que fueron electos el 6 de septiembre último, y así tomar posesión el próximo 14 de enero.
Uno a uno interpusieron las acciones. El primero fue Rivera, del Partido Patriota (PP), y cuya curul la ocupará Stella Alonzo, pareja sentimental de Otto Pérez Leal, quien ya recibió su credencial.
El parlamentario contó con el apoyo del secretario general del PP, Valentín Gramajo, quien presentó un amparo, con lo que intenta que el actual jefe de bancada de esa agrupación política se mantenga un período más en el Congreso.
Roberto Villate, secretario general de Libertad Democrática Renovada (Líder), también interpuso dos apelaciones a favor de Bac y Yanes.
La última apelación es de Escribá, diputado electo por Líder, quien al igual que los otros tres parlamentarios busca revertir las resoluciones del TSE y ocupar su curul, en este caso por el distrito de Jutiapa.
Más acciones
La CC espera recibir en las próximas horas más apelaciones de otros agraviados, ya que faltan 11 parlamentarios, a quienes la CSJ tampoco les otorgó amparo provisional y que fueron excluidos por el TSE al considerar que violan la Constitución.
El tribunal electoral excluyó a 16 diputados electos: a 12 por tener un antejuicio pendiente, a tres por ser contratistas del Estado y a uno por ser pariente del vicepresidente electo, Jafeth Cabrera —no accionó—.
La CSJ no otorgó los amparos provisionales a 15 legisladores que buscan revertir la resolución del TSE.
Ahora, el proceso está en manos del máximo órgano en materia constitucional, y será este el que determine si los que fueron excluidos podrán asumir su curul el próximo 14 de enero, cuando comience la octava legislatura.
Los que faltan de accionar son Emilenne Mazariegos, Jimmy Ren, Mirza Arreaga, Luis Chávez Pérez, Baudilio Hichos, Jaime Martínez Lohayza, Mario Rivera Cabrera, Ernesto Calachij, Juan Fernando López, Josué Edmundo Lemus y Jaime Benedicto Cáceres.
Cáceres arremetió contra el TSE, al considerar que no recibió pruebas de descargo en las que indica que él fue contratista del Estado hasta el 31 de enero de este año.
