Los parlamentarios resolvieron que las direcciones General, Financiera, Recursos Humanos y Auditoría Interna serán las encargados de hacer las gestiones que correspondan para quienes lo soliciten.
El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Rosales, indicó que por el momento la Junta Directiva no ha conocido ninguna solicitud de indemnización por lo que desconoce cuántos exdiputados han pedido pago de prestaciones; sin embargo, recordó que existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que define que las personas electas por sufragio no pueden ser indemnizadas.
Ante lo señalado por Rosales, todo apunta a que la Junta Directiva no otorgará la indemnización a los 70 exdiputados que presentaron su solicitud, cantidad que podría incrementarse. Otros diputados no dudan de que los exparlamentarios se vayan a los juzgados laborales para que les hagan efectivo el pago de sus prestaciones, como sucedió en el 2017 cuando el bono 14 se hizo con todo el salario y no solo con la base de Q9 mil. En ese entonces los diputados accionaron y un juez ordenó al Congreso hacer el pago.
Ante ese antecedente el expresidente del Congreso Óscar Chinchilla indicó que en su presidencia la Contraloría General de Cuentas resolvió que no se le debía pagar bono 14 y aguinaldo a los diputados.
“En junio del 2017, el pleno conmina a la Junta Directiva de la que yo era parte, a través del acuerdo 18-2017, a que se paguen las prestaciones de Ley argumentando el artículo 55 de la Ley Orgánica, en que habla de los derechos de los diputados, y uno de los incisos habla del salario y de las prestaciones a las que se tiene derecho”, dijo Chinchilla.
“A pesar de que el Acuerdo Legislativo fue en junio, yo no pague hasta que vino una orden de juez que me ordenara el pago del aguinaldo y bono 14 y eso es lo que entiendo que la Comisión Permanente del 2019 argumentó para el pago de la indemnización”, refirió.
El también expresidente del Congreso Mario Taracena, quien promovió las reformas del 2016 a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, indicó que ese punto no se reformó y que ya estaba establecido desde el 2004.
“Eso no fue tocado en el 2016, han probado, y uno de ellos fue Jorge Luis Ortega Torres, y las juntas directivas se hacen para atrás, y ahora se hizo, por lo que quienes estaban al frente se valentonaron, y será la nueva junta directiva la que decida si lo va a pagar o no”, dijo Taracena.
Al tomar en cuenta el promedio del Alfaro devengado por un diputado, sin cargo en junta directiva, se podría estimar que por una legislatura recibiría Q140 mil -Q35 mil por año-, de aprobarse el pago de indemnización.
Algunos excongresistas estuvieron hasta cuatro legislaturas, por lo que el monto, en su casi, alcanzaría los Q700 mil.
Edie Cux, de Acción Ciudadana, manifestó que desde el punto de vista legal es cuestionado que la Ley Orgánica del Legislativo deje abierto el pago de las prestaciones y que debe ser la junta directiva la que defina y resuelva con lo que dice la Constitución, en el sentido que los diputados son Dignatarios de la Nación y no empleados públicos, por lo que en sus contratos no se aplican las prestaciones de ley.
“La figura de empleado público no lo tienen todos los elementos de un contrato laboral con el Estado y es por eso mismo que lo congruente sería no pagarles la indemnización. En el aspecto moral habría que evaluar los resultados de los diputados en los que no hubo resultados, hubo retrocesos marcados”, señaló el experto.
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